Flujos de dinero, comercio ilícito y paramilitarismo

Un fenómeno transnacional.

El comercio ilícito y la subfacturación/sobrefacturación, distorsionan mercados y erosionan la recaudación fiscal. Global Financial Integrity (2022) estima pérdidas multimillonarias por flujos financieros ilícitos asociados al comercio; la OECD (2025) y TRACIT (2025) subrayan la vulnerabilidad de zonas francas como la de Colón (Panamá) al reetiquetado y transbordo. El Grupo de Acción Financiera (FATF) advierte que el lavado basado en el comercio es una de las principales tipologías de blanqueo vinculadas a economías ilícitas en la región. Estas prácticas generan competencia desleal para empresas formales, incentivan la corrupción aduanera y facilitan la integración financiera del crimen transnacional.

La corrupción es el catalizador que permite al crimen organizado penetrar y capturar instituciones, debilitando el Estado de derecho y fracturando la paz social. Informes de Freedom House y el BTI muestran retrocesos democráticos en la región y fragilidades crecientes en el resto del istmo. La desconfianza ciudadana reduce la participación política y favorece respuestas punitivas de corto plazo, sin abordar las raíces de la violencia ni de las economías ilícitas.

Los impactos del crimen organizado conforman un entramado sistémico: homicidios y violencia, desplazamientos forzados, trata y explotación, degradación socioambiental, flujos financieros ilícitos y corrupción política. Este conjunto erosiona la cohesión social, degrada la democracia y perpetúa ciclos de exclusión. Frente a ello, las respuestas efectivas requieren enfoques de políticas públicas integradas: trazabilidad en cadenas comerciales (incluidas zonas francas), controles a precursores y armas, protección de procesos electorales, fortalecimiento de justicia y políticas sociales para comunidades afectadas por economías ilícitas.

El crimen organizado transnacional (COT) ha evolucionado hacia un ecosistema hemisférico de poder ilícito, donde las redes criminales operan como nodos funcionales dentro de un sistema regional. Esta estructura no responde a fronteras nacionales, sino a lógicas de especialización logística, alianzas flexibles y flujos transfronterizos de armas, drogas, personas y capitales. En este marco, el COT no solo desafía la soberanía estatal, sino que la reconfigura desde dentro, formando alianzas, evidenciando incapacidades técnicas o asumiendo funciones estatales de control territorial, protección de la sociedad civil y la defensa.

Una de las expresiones más críticas de esta reconfiguración es el paramilitarismo: la presencia de actores armados no estatales que ejercen funciones de control territorial, represión social o protección criminal. Estos grupos pueden surgir como extensiones del Estado, como milicias privadas, como pandillas militarizadas o como híbridos que combinan funciones políticas y criminales. Su existencia revela una militarización del poder ilícito que desborda las capacidades normativas y operativas de los Estados. Muchos de esos grupos operan en zonas grises en las cuales no son reconocidos por el Estado, pero sí gozan de simpatía, protección e, inclusive, de financiamiento y armas. La debilidad estatal frente al COT se manifiesta en dos formas: por un lado, en regímenes que se vinculan orgánicamente con actores armados criminales, ya sea por patrocinio directo, pactos o colusión estructural; o bien, en Estados que carecen de capacidad institucional, normativa o territorial para enfrentar el fenómeno, y que terminan tolerando o normalizando su presencia. Esta dualidad genera zonas de gobernanza híbrida, donde la legalidad se vuelve ambigua y la soberanía se fragmenta. Analizar el paramilitarismo en la región Panamá–México–Caribe insular y Centroamérica permite visibilizar cómo el COT reconfigura el mapa del poder armado en el hemisferio, y cómo los Estados, lejos de ser víctimas pasivas, pueden convertirse en vectores de reproducción del orden criminal, ya sea por acción, omisión o captura institucional.

Paramilitarismo, crimen organizado y vínculo estatal puede ser al menos:

a) Vinculación orgánica: en Nicaragua y El Salvador, el Estado patrocina o tolera estructuras armadas que operan con fines represivos o criminales.

b) Vinculación funcional: en Honduras, Jamaica y Guatemala, hay colusión parcial o coexistencia entre actores armados y estructuras estatales.

c) Vinculación ambigua: en Costa Rica, el caso de Pizarro (Grupo paramilitar Patrulla 1856) revela una zona gris entre “apoyo político” y criminalidad organizada, aún en proceso de definición.

d) Vinculación negada: en Haití y Puerto Rico, el Estado no controla los actores armados, pero tampoco los enfrenta con eficacia estructural.

Este panorama revela que el paramilitarismo en la región no es una anomalía, sino una expresión funcional del ecosistema criminal hemisférico, donde los Estados pueden actuar como facilitadores, cómplices o víctimas estructurales. La convergencia entre crimen organizado y poder armado, ya sea estatal o no estatal, plantea un desafío urgente para la reconstrucción democrática, la soberanía territorial y la legitimidad institucional. Reconocer esta dinámica es el primer paso para desmontar el orden criminal que se expande bajo la sombra del Estado.

Este artículo se extrae del libro: Crimen Organizado Transnacional, una mirada hemisférica.

Directora: Tania Molina Rojas, Editorial D3 Ediciones Scientia.