Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
En marzo de 2026, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, se celebró la cumbre inaugural de Shield of the Americas (Escudo de las Américas) una iniciativa que, según los documentos oficiales difundidos por la administración estadounidense y por los gobiernos asistentes, busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad en el hemisferio occidental.
Durante las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe han enfrentado una expansión sostenida del crimen organizado transnacional, particularmente vinculado al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas y otras economías criminales que operan a través de fronteras. Estas organizaciones han logrado consolidar redes logísticas y financieras que trascienden las capacidades de respuesta de los estados cuando actúan de manera aislada, afectando la seguridad pública, debilitando instituciones y generando altos niveles de violencia en diversas regiones del hemisferio. En este contexto, varios gobiernos han reconocido que la naturaleza transnacional de estas amenazas requiere mecanismos de cooperación y coordinación entre países, especialmente en materia de inteligencia, control de rutas ilícitas y fortalecimiento institucional. Es precisamente en este marco que surge la iniciativa del “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas), presentada por los gobiernos participantes como una plataforma de cooperación destinada a articular esfuerzos conjuntos para enfrentar de manera más eficaz a las organizaciones criminales que operan a escala regional.
Esta iniciativa, formalizada en una proclamación presidencial y respaldada por declaraciones públicas de los estados participantes, representa un esfuerzo concertado para enfrentar desafíos que los gobiernos han identificado como transnacionales y persistentes.
Los documentos oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos describen el evento como una reunión de líderes del hemisferio con el propósito de “compartir estrategias para promover seguridad, cooperación y acción conjunta contra amenazas transnacionales.”. Esta formulación no se reduce a una expresión protocolaria, sino que indica explícitamente el carácter operativo y político de la iniciativa, orientada a articular esfuerzos estatales en torno a objetivos compartidos.
La cumbre del Escudo de las Américas tuvo lugar el 7 de marzo de 2026 en el Trump National Doral Miami Resort & Spa, bajo el patrocinio del presidente Donald Trump y con la participación de mandatarios y representantes de varios países latinoamericanos y caribeños. En esa ocasión, la Casa Blanca emitió una proclamación presidencial que formaliza la coalición y establece compromisos explícitos en términos de cooperación para contrarrestar organizaciones criminales transnacionales. En el texto de esta proclamación, que forma parte del registro oficial de declaraciones del presidente, se señala que:
“Los carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben desmantelarse en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable”
Esta frase, extraída de la proclamación oficial, resume la orientación política de la iniciativa, que es un llamado explícito a que los gobiernos coordinen esfuerzos para enfrentar estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales, expresión “de conformidad con la legislación aplicable” establece explícitamente que las acciones para combatir organizaciones criminales deben ejecutarse dentro del marco jurídico de cada Estado participante. En otras palabras, la cooperación prevista en el Escudo de las Américas no sustituye la soberanía nacional ni crea una autoridad supranacional, sino que se basa en la coordinación entre gobiernos que actúan conforme a sus propias leyes, instituciones y procedimientos.
La propia presentación del Escudo de las Américas enfatiza que la cooperación entre los estados no se circunscribe solamente al intercambio de información, sino que puede incluir coordinación operativa y apoyo mutuo en acciones concretas de seguridad. Tal enfoque se correlaciona con otro elemento formal creado como parte de la iniciativa, como la figura de un enviado especial para el Shield of the Americas, designado por el gobierno de Estados Unidos con la misión de supervisar la implementación de la plataforma de cooperación y facilitar la coordinación entre los países miembros.
La declaración conjunta firmada por los gobiernos de los países participantes, disponible en los registros de cancillerías y plataformas oficiales de esas naciones, evidencia que la iniciativa fue acogida como un espacio de diálogo político y de compromiso para actuar frente a problemáticas que los estados han señalado como prioritarias. Aunque los textos completos de todos los documentos firmados no han sido divulgados en todos los casos por cada gobierno participante, las proclamaciones y comunicados oficiales reflejan que los países reunidos suscribieron acuerdos con la intención de trabajar de manera concertada.
En términos de membresía, los gobiernos que participaron directamente en la cumbre del Escudo de las Américas incluyen a mandatarios o representantes de Argentina, Bolivia, Chile (representado por su presidente electo), Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago, además de la delegación estadounidense. La firma de declaraciones conjuntas por parte de estos gobiernos y la emisión de comunicados de sus respectivas cancillerías confirman que se trata de una cooperación política entre estados con voluntad expresada oficialmente.
El propio Departamento de Estado de los Estados Unidos subraya que el propósito central de esta plataforma es responder a amenazas transnacionales que los gobiernos han identificado como prioritarias, tales como el crimen organizado, el tráfico ilícito y la violencia asociada a estructuras criminales. La iniciativa no se presenta como un organismo internacional con personalidad jurídica propia ni como un tratado multilateral clásico, sino como una coalición de cooperación política orientada a metas específicas de seguridad, articulada en torno a compromisos públicos y a procedimientos de coordinación que los gobiernos participantes han aceptado formalmente.
La articulación de este tipo de cooperación responde a la percepción compartida, según los documentos oficiales, de que ciertos desafíos exceden las capacidades de acción unilaterales y requieren una respuesta concertada entre estados. La participación de múltiples gobiernos en la declaración conjunta y los comunicados oficiales demuestra la voluntad de los estados de trabajar de manera coordinada, en el marco del respeto a sus respectivos sistemas jurídicos y mecanismos internos.
Es importante destacar que, aunque esta plataforma ha sido diseñada con un enfoque en la seguridad, los documentos oficiales no describen al Escudo de las Américas como una estructura militar ni como una entidad de mando único. Por el contrario, la iniciativa se presenta como un marco político y diplomático para la cooperación, cuya implementación debe respetar la legislación interna de cada país y los compromisos internacionales que estos estados ya han adoptado por otros canales formales.
Desde un punto de vista informativo y didáctico, la creación del Escudo de las Américas debe entenderse como un ejemplo de cómo los gobiernos pueden articular canales de cooperación política en temas de seguridad sin necesidad de crear nuevos organismos multilaterales con personalidad jurídica independiente.
En este sentido, la iniciativa representa una forma contemporánea de cooperación entre Estados, basada en declaraciones conjuntas y compromisos públicos, respaldados por mecanismos de seguimiento y coordinación entre los países involucrados.
En definitiva, la documentación oficial disponible, permite afirmar que el Escudo de las Américas es una plataforma legítima de cooperación política en materia de seguridad, cuyo objetivo es facilitar la acción concertada frente a amenazas transnacionales. Su carácter ha sido definido por los propios gobiernos como un esfuerzo de coordinación para enfrentar desafíos compartidos, sustentado en la voluntad política expresada públicamente y en los compromisos que los estados han aceptado formalmente.
