Corte se equivoca
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 05 julio, 2011
Investigación contra fiscal general es archivada por errores “involuntarios” y de procedimiento
Corte se equivoca
“Si tengo que rastrear llamadas de magistrados lo haré”, reafirma jefe de Ministerio Público
La Corte Suprema de Justicia decidió ayer revocar y archivar por diversas equivocaciones una investigación ordenada una semana antes contra Jorge Chavarría, fiscal general de la República.
Tras un debate que se extendió durante más de tres horas, 17 magistrados determinaron que el acuerdo de la Corte, sobre la investigación del fiscal, “fue mal adoptado”.
Esto, porque no reflejó la voluntad de algunos magistrados, como el caso de Román Solís, quien hace siete días se equivocó al presionar el botón a la hora de ejercer su voto.
Asimismo, los integrantes de la Corte Plena reconocieron que al delegar la investigación en un magistrado instructor, se violentó el debido proceso, ya que ese tipo de indagaciones son responsabilidad de un tribunal.
El acuerdo para dar marcha atrás al proceso contra Chavarría fue adversado por cuatro de los 21 magistrados presentes, mientras que tan solo uno se opuso a archivar el tema por prescripción del caso. Al igual, no se informó quienes votaron en contra.
Hace una semana, con nueve magistrados contra ocho, la Corte ordenó una investigación contra el fiscal general, al considerar que este se había extralimitado en sus funciones.
Esto, porque durante el conocimiento del recurso de casación presentado por Rafael Angel Calderón, expresidente de la República, Chavarría instruyó a los fiscales bajo su cargo a rastrear las llamadas del político y las de su esposa y diputada Gloria Bejarano, para después, contrastarlas con los números telefónicos de los magistrados que resolvían el caso.
El objetivo era determinar si existía algún tráfico de influencias, ya que durante los días previos al conocimiento del fallo, circularon versiones de supuestos acercamientos, los cuales fueron rechazados por la misma Fiscalía tras la investigación.
La indagatoria en su contra molestó al fiscal general, quien se quejó de falta de independencia en una entrevista dada a LA REPUBLICA la semana pasada.
Este criterio fue rechazado ayer por los magistrados.
“Respetamos la independencia del Ministerio Público, tanto así que nunca hemos coartado su libertad; sin embargo, la Corte Plena tiene la competencia legal para sancionar al fiscal general en caso de que se cometiera un abuso de su poder y esta potestad no se puede negar”, indicó Carlos Chinchilla, magistrado de la Sala III.
Las palabras de Chinchilla fueron secundadas por Oscar González, magistrado de la Sala I, y Fernando Cruz, de la Sala IV, entre otros.
Para defenderse de lo que él consideró como un atropello a la independencia del Ministerio Público y a sus derechos, Chavarría presentó un recurso de amparo el viernes anterior.
Ayer, antes del inicio de la sesión de la Corte Plena, Ernesto Jinesta, magistrado constitucionalista, propuso una acción de nulidad absoluta a favor del fiscal, al considerar que se estaba afectando su independencia.
La acción de Jinesta logró su cometido parcialmente, ya que se revocó y se archivó la orden de investigación, pero no se pronunció sobre la independencia del Ministerio Público.
Tras conocer la noticia favorable, Chavarría reiteró que si el día de mañana tiene que rastrear las llamadas de los magistrados o de algún otro integrante de los supremos poderes, lo hará sin duda alguna, ya que esa es su labor.
Asimismo, resaltó que es hora de que la Fiscalía “se separe de la cúpula del Poder Judicial”.
“Nadie está fuera de la ley. No hay razones de índole constitucional para no hacer el rastreo de llamadas o el careo de números. Si tengo que utilizar esta herramienta lo seguiré haciendo, sin importar de quién se trata”, concluyó el fiscal.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Corte se equivoca
“Si tengo que rastrear llamadas de magistrados lo haré”, reafirma jefe de Ministerio Público
Tras un debate que se extendió durante más de tres horas, 17 magistrados determinaron que el acuerdo de la Corte, sobre la investigación del fiscal, “fue mal adoptado”.
Esto, porque no reflejó la voluntad de algunos magistrados, como el caso de Román Solís, quien hace siete días se equivocó al presionar el botón a la hora de ejercer su voto.
Asimismo, los integrantes de la Corte Plena reconocieron que al delegar la investigación en un magistrado instructor, se violentó el debido proceso, ya que ese tipo de indagaciones son responsabilidad de un tribunal.
El acuerdo para dar marcha atrás al proceso contra Chavarría fue adversado por cuatro de los 21 magistrados presentes, mientras que tan solo uno se opuso a archivar el tema por prescripción del caso. Al igual, no se informó quienes votaron en contra.
Hace una semana, con nueve magistrados contra ocho, la Corte ordenó una investigación contra el fiscal general, al considerar que este se había extralimitado en sus funciones.
Esto, porque durante el conocimiento del recurso de casación presentado por Rafael Angel Calderón, expresidente de la República, Chavarría instruyó a los fiscales bajo su cargo a rastrear las llamadas del político y las de su esposa y diputada Gloria Bejarano, para después, contrastarlas con los números telefónicos de los magistrados que resolvían el caso.
El objetivo era determinar si existía algún tráfico de influencias, ya que durante los días previos al conocimiento del fallo, circularon versiones de supuestos acercamientos, los cuales fueron rechazados por la misma Fiscalía tras la investigación.
La indagatoria en su contra molestó al fiscal general, quien se quejó de falta de independencia en una entrevista dada a LA REPUBLICA la semana pasada.
Este criterio fue rechazado ayer por los magistrados.
“Respetamos la independencia del Ministerio Público, tanto así que nunca hemos coartado su libertad; sin embargo, la Corte Plena tiene la competencia legal para sancionar al fiscal general en caso de que se cometiera un abuso de su poder y esta potestad no se puede negar”, indicó Carlos Chinchilla, magistrado de la Sala III.
Las palabras de Chinchilla fueron secundadas por Oscar González, magistrado de la Sala I, y Fernando Cruz, de la Sala IV, entre otros.
Para defenderse de lo que él consideró como un atropello a la independencia del Ministerio Público y a sus derechos, Chavarría presentó un recurso de amparo el viernes anterior.
Ayer, antes del inicio de la sesión de la Corte Plena, Ernesto Jinesta, magistrado constitucionalista, propuso una acción de nulidad absoluta a favor del fiscal, al considerar que se estaba afectando su independencia.
La acción de Jinesta logró su cometido parcialmente, ya que se revocó y se archivó la orden de investigación, pero no se pronunció sobre la independencia del Ministerio Público.
Tras conocer la noticia favorable, Chavarría reiteró que si el día de mañana tiene que rastrear las llamadas de los magistrados o de algún otro integrante de los supremos poderes, lo hará sin duda alguna, ya que esa es su labor.
Asimismo, resaltó que es hora de que la Fiscalía “se separe de la cúpula del Poder Judicial”.
“Nadie está fuera de la ley. No hay razones de índole constitucional para no hacer el rastreo de llamadas o el careo de números. Si tengo que utilizar esta herramienta lo seguiré haciendo, sin importar de quién se trata”, concluyó el fiscal.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net