Compras estatales unificadas y sin contratación directa generarían millonario ahorro al Estado

Garantizar la transparencia y eficiencia en la adquisición de obras, bienes y servicios, es el objetivo de la ley general de Contratación Pública que discuten los diputados.

La iniciativa establece un solo régimen de compras que se gestionará por medio del sistema digital, asimismo, se elimina la contratación directa y las autorizaciones previas ante la Contraloría General.

Por otra parte, el plan ahorraría millones de dólares al Estado, ya que por ejemplo, si el 100% de los procedimientos de contratación pública se hubiesen realizado a través de un solo sistema para el 2017, el ahorro habría sido del 1,55% del PIB, según Marta Acosta, Contralora.

“En medio de la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo, la comisión legislativa que conoce el proyecto ha dictaminado esa iniciativa legal relevante para el país, siendo una decisión fundamental para las compras públicas pues permite a las autoridades nacionales contar con un instrumento eficaz para el gasto e inversión de los recursos de la Hacienda Pública”, dijo Marta Acosta, contralora general.

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Otro aspecto relevante de la ley que dictaminaron los legisladores la semana pasada, es que incorpora sanciones por el ejercicio indebido al derecho a recurrir y se regula la caducidad del contrato.

Entre los cambios también destaca que se establecen solo ocho excepciones –la actual ley tiene 20- por lo que la mayoría de las contrataciones se realizarán mediante procedimientos ordinarios pero con plazos mucho más reducidos; también se definen nuevos umbrales.

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“Este proyecto es una reforma de Estado, es un cambio estructural de la forma como hoy se realizan los trámites para comprar o contratar obras, bienes y servicios orientados a la satisfacción del bienestar público. Es un cambio de paradigma en materia de compras estatales”, dijo Ana Lucía Delgado, diputada del PLN.

Otra de las ventajas, es que el sistema daría una mayor transparencia a los procesos que realiza el Estado de adjudicación y compras, tal y como lo ha solicitado el sector productivo durante años.