Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 9 Febrero, 2015

Pertenecemos a dos organizaciones con preferencias contradictorias: la OEA y la Celac


Disyuntivas

Celac, OEA y derechos humanos

Es muy apropiado el énfasis en los temas de pobreza, desigualdad, hambre, educación y desarrollo sostenible en la Declaración de Belén, de la reciente Cumbre de la Celac. Su Plan de Acción y las resoluciones específicas contienen enunciados de políticas para favorecer esos objetivos.
Pero ese no es el caso de la promoción y defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.


Ciertamente la declaración señala su acuerdo de: “Garantizar el pleno respeto de la democracia, el Estado de Derecho, así como de todos los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo y el derecho a la paz, en un modelo de desarrollo sostenible que coloque a la persona humana en el centro de nuestras políticas. Por ello, reconocer la importancia de fomentar la plena participación ciudadana plural, amplia y diversa”.
Pero hasta ahí.
Sí abunda la Declaración de Belén y otros acuerdos en referencias “al respeto irrestricto a la independencia, a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de cada país” y al “derecho inalienable de cada uno de nuestros países para escoger su forma de organización política”.
Esta es una escogencia en favor de la soberanía frente a la protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la democracia.
En 1949, la creación del Consejo de Europa basado en los principios de democracia pluralista, derechos humanos y paz permitió a ese continente sentar las bases de su sistema internacional de protección de los derechos humanos, y avanzar en establecer la democracia como un derecho humano de las personas.
En América, la OEA avanzó de similar manera en la protección internacional de los derechos humanos, primero con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego con el Pacto de San José y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cierto, el sistema tiene la debilidad de la no vigencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos ni de la jurisdicción de la CIDH en Estados Unidos, Canadá y algunas naciones del Caribe. Pero con la promoción de Costa Rica se extendió la protección al derecho humano a la democracia, al adoptar la Cláusula Democrática en la Cumbre de Quebec y sobre todo con la Carta Democrática Interamericana. Esto significó —en el ámbito de la OEA— una restricción a la soberanía en favor de la protección de los derechos humanos y la democracia.
Pertenecemos a dos organizaciones con preferencias contradictorias. La OEA, que privilegia los derechos humanos y la democracia sobre la soberanía, y Celac, que prefiere de manera irrestricta la soberanía a la protección interamericana de los derechos humanos, incluida la democracia.
Ante esa contradicción conviene recordar que la dignidad, la libertad y los derechos humanos se refieren a la persona, a cada una de ellas, en tanto la soberanía se refiere al Estado, que es una mera construcción político-jurídica. Por nuestra fuerte tradición cristiana, liberal y democrática, los costarricenses siempre hemos puesto los derechos de la persona sobre los intereses del Estado. Esperamos que nuestro Gobierno así lo entienda y promueva siempre.
 

Miguel Ángel Rodríguez