Banco Central tras "superpoderes"

Medidas del Ejecutivo buscan darle mayor poderío para lucha antiinflacionaria

Banco Central tras “superpoderes”

• Subir encajes, desestimular banca off shore, trasladar gastos de regulación a entes privados, entre las propuestas

• Ejecutivo pospone interés en impuestos y apuesta a mejorar arsenal monetario del instituto emisor

Wilmer Murillo

wmurillo@larepublica.net

Colaboró con esta información el periodista René Sancho

Darle superpoderes al Banco Central pidió ayer a la Asamblea Legislativa, la administración Arias, a través del Ministerio de Hacienda.

Los nuevos poderes implican efectos que la banca comercial podría considerar adversos, como la obligación al Banco Popular de pagar el encaje mínimo legal, a lo que se opone por considerar que su gestión es de fuerte contenido social.

Las asociaciones bancarias, por su parte, esperan conocer el texto del proyecto antes de emitir algún criterio.

Como parte de un proyecto de capitalización del Banco Central, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso una serie de normas para fortalecer su arsenal monetario con la intención de atacar el problema inflacionario desde una perspectiva más amplia.

“Se trata de enfrentar no solo las pérdidas del ente emisor, sino de otras distorsiones que impiden gozar de un nivel de inflación menor”, dijo Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda.

A cambio de fortalecer el poderío monetario del Banco Central, el Gobierno Central renuncia con esta iniciativa, al menos por ahora, al proyecto de una reforma fiscal.

En vez de gastar su capital político en un proyecto controvertido como el paquete tributario, que lleva paralizado varios años, el Gobierno de Arias apuesta a fortalecer el control de la inflación, una variable que sigue imparable por el alza de los insumos energéticos, los alimentos y la crisis de la economía internacional.

El Gobierno Central se siente cómodo con haber incrementando, a base de parsimonia y cobro adecuado, en dos años la carga tributaria en un 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB), pues esta suma es equivalente a la recaudación que se esperaba con el proyecto.

Precisamente y por primera vez en cinco años, Costa Rica registró el primer trimestre de 2008 con un superávit financiero de ¢39 mil millones, monto respaldado por el crecimiento del 41% en el impuesto sobre la renta y de aduanas (26%).

De esta forma el Ministerio de Hacienda estaría cooperando con la estabilización de la economía y el control de la inflación. No obstante, su jerarca advirtió que se requieren mayores acciones de control monetario para domeñar la inflación.

Se trata en primer término de abrir la posibilidad de que el Banco Central pueda recibir nuevos aportes de capital del Estado para reducir sus pérdidas que sumaron ¢100 mil millones el año anterior, y crear un mercado de negociación para la realización de operaciones de control monetario.

El proceso de capitalización del Banco Central por parte del Ministerio de Hacienda se hará en forma gradual, incorporando cada año en el presupuesto nacional los recursos disponibles de inyección de capital.

El monto a trasladar se determinará según la parte de las pérdidas del Banco que generan presiones inflacionarias. En la determinación del monto se considerarán la solvencia del Gobierno y su disponibilidad financiera.

Entre las nuevas medidas que se endurecen está el control de la banca off shore, que a diferencia de los bancos locales, no está sujeta al encaje mínimo legal, al pago de cargas sociales, ni de impuestos sobre las ganancias, lo que le permite tener menores costos de operación, con lo cual ofrece préstamos a tasas más bajas.

Actualmente paga una tasa única de $125 mil anuales; en adelante pagará un 15% de impuesto por cada remesa que haga al exterior.

El ahorro captado de las off shore ascendió a $2.300 millones el año pasado equivalente a un 38% del ahorro total de la banca nacional; sus préstamos alcanzaron $2.305 millones (en 2007), un 72% de lo prestado por los bancos locales dueños de esas subsidiarias, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef).

Los grupos financieros Scotiabank, Promérica, Cuscatlán, HSBC, BCT y BAC mantenían hasta hace poco operaciones off shore, pero no suelen referirse a estos temas.

Se propone subir, de otro lado, a los bancos y entidades financieras de un 20% a un 50% los costos por la administración de los entes reguladores, como el Conassif y la Sugef. De esta manera se intenta recortar el gasto administrativo que tiene el Banco Central por este motivo.

Conforme a la propuesta las sanciones a las entidades desencajadas aumentan según una escala progresiva. La sanción máxima será la prohibición a los bancos para prestar o hacer inversiones. Actualmente hay sanciones pero se consideran muy débiles, por lo que a veces ni siquiera son atendidas por los bancos.

El encaje es una reserva que obligatoriamente han de mantener los bancos en forma líquida en función de la cuantía de los depósitos y el porcentaje es determinado por el Banco Central para controlar la expansión del crecimiento crediticio.

El Banco Popular, que no paga encajes, como el resto del sistema también quedaría obligado a hacerlo, a fin de lograr que cooperen para que el Banco Central ejerza mayor control sobre la liquidez total.

Aunque el Popular no conoce la propuesta, “indistintamente siempre ha defendido su condición de Banco especial, dada la naturaleza y función social que realiza”, señaló Gerardo Porras, gerente corporativo.

Añadió que cuando la Asamblea Legislativa “nos consulte, haremos una amplia exposición sobre nuestros argumentos. En este contexto, es importante señalar que la gestión del Banco Popular va más allá de la dimensión del encaje, adujo.

Entretanto, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) asegura no haber tenido acceso al documento, y “preferimos efectuar un análisis integral de la propuesta antes de emitir criterio”, dijo María Isabel Cortés, presidenta de la organización.

La Cámara de Bancos e Instituciones Financieras se pronunció en términos similares.

“Como asociación gremial responsable, la cámara no puede emitir un criterio sin conocer a fondo en qué consiste el proyecto de ley y sin haber analizado las repercusiones positivas o negativas que tendría su eventual aprobación, tanto para las entidades como para los usuarios del Sistema Financiero Costarricense”, dijo Karla Vásquez Alvarado, directora de Comunicación.