Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Altos jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se habrían beneficiado con la compra de emergencia de mascarillas durante la pandemia.
Los dispositivos fueron adquiridos a proveedores inexpertos que no cumplían los requisitos mínimos y que habrían presentado sus ofertas de manera extemporánea, según dio a conocer la Fiscalía y el Organismo Investigación Judicial.
Lo peor de todo, es que las millonarias contrataciones -por más de $1 millón – no sirvieron, ya que posteriormente el personal de salud las descartó.
De acuerdo con la investigación dirigida por el Ministerio Público se presume que funcionarios de la CCSS, quienes ocupaban cargos de alta jerarquía a mandos medios, se habrían aprovechado de sus puestos para intervenir en los procesos de compras, durante la pandemia. Se cree que habrían facilitado dichos procesos para obtener los mencionados respiradores y, al parecer, favorecerse y favorecer a proveedores que nunca habían contratado con la Caja y que, presuntamente, se dedicaban a otro tipo de actividad económica”, dijo la fiscalía en un comunicado de prensa.
Este lunes, las autoridades realizaron 21 allanamientos como parte de una causa que se tramita contra personal de la Caja y varios proveedores de esa institución, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
En el caso se investigan presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, también denominadas respiradores filtrantes de partículas para protección respiratoria KN95.
Lea más: Ticos evitan usar la mascarilla porque les estorba y piensan que no sirve
Las diligencias se realizaron en las oficinas de la Caja, en el Edificio Océano, en el Centro Corporativo Internacional, IBT S.A y la Oficina Landergren Consulting Group.
En cuanto a funcionarios de la Caja, se investiga al exgerente general, exgerente de logística, directores y jefes del Área Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, asesores de las gerencias, y la Comisión Técnica encargada del análisis de dichos respiradores. Respecto a personas externas de la institución, son investigados una mujer de apellidos Martínez Ruiz y un hombre apellidado Landergren Castro.
“En apariencia, extemporáneamente, las empresas habrían presentado ofertas a la institución, sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos dentro del cartel. Sin embargo, aparentemente, resultan adjudicadas, pese a que existían otras ofertas que cumplían con los requisitos establecidos, así como compañías reconocidas por ser proveedores regulares”, dijo la fiscalía.
El caso fue denunciado en agosto de 2020, cuando se informó sobre compras millonarias de tapabocas a una periodista, una empresa de jardinería, una chaterrera y un contador. En todos los casos, ninguno presentó experiencia en el área.
Los contratos fueron por más de $1 millón y se ejecutaron en medio de la pandemia de Covid-19.
En un caso, se recibieron unidades de mascarillas no médicas que fueron eliminadas de los centros sanitarios ante las quejas del personal.
