Salarios públicos, asunto de emergencia

Planillas públicas con grandes inequidades y pluses salariales que aumentan en forma automática —no por rendimiento— cada año, es un grave asunto que Costa Rica debe resolver con carácter de urgencia

Salarios públicos, asunto de emergencia

Los salarios del sector público aumentaron más que el valor de la producción anual en los últimos siete años y al representar ya el 42% del presupuesto nacional, su crecimiento es el mayor disparador del déficit fiscal que enfrenta el país.

Estamos cubriendo gasto ordinario mediante deuda externa que deberemos pagar con los correspondientes intereses.

En los dos últimos gobiernos siguió aumentando la planilla pública en gran medida, sin que se hiciera nada para modificar las diferencias salariales que generan inequidades, ni eliminar los pluses que mejoran automáticamente sin medir calidad y resultados del trabajo realizado.

Tampoco se hicieron los estudios correspondientes para valorar correctamente en cuáles instituciones podrían ser necesarios algunos funcionarios más y en cuáles, por el contrario, existían muchos más de los requeridos.

En ambos casos solo es posible llegar a conclusiones acertadas luego de un estudio, institución por institución, departamento por departamento, para verificar si los mandos medios han venido o no cumpliendo con su tarea de lograr la mayor eficiencia con el menor personal posible.

Simultáneamente con lo anterior, hay dos posibles salidas al problema, para frenar el crecimiento desproporcionado de las planillas públicas, aunque los funcionarios actuales tienen aseguradas sus ventajas salariales por convenciones colectivas que en su momento fueron firmadas por algunos jerarcas sin medir las consecuencias.

Una salida es el salario único, que propone uniformar las distintas escalas salariales, eliminando los desbalances entre las compensaciones.

Otra es el salario base con incentivos adicionales por el cumplimiento de metas.

Este último, da mayores posibilidades al Gobierno de lograr la eficiencia que se necesita en el sector, acabando con la actual ineficiente burocracia que frena el desarrollo del país.

De lograrse, eliminando clientelismo político en aras de un sector público profesionalizado, este podría ser uno de los grandes avances del actual Gobierno, que dejaría una buena herencia a quien le corresponda continuar en 2018, pero que además devolvería la credibilidad al Gobierno entre los ciudadanos.

Un enorme trabajo que, al igual que en otras áreas, corresponderá hacer ahora a la nueva administración, en un corto tiempo como son los cuatro años de cada periodo.