Una mirada con retrovisor

Cuando uno maneja, hay un hábito que no se puede perder: mirar por el retrovisor. Ahí nos enteramos de lo que dejamos atrás y de lo que viene detrás de nosotros, y con esa información decidimos cómo seguir. Esa misma actitud es hoy, más que nunca, necesaria para observar con calma lo que nos está dejando la transformación digital.

Ahora que estamos en el último cuarto de 2026, miro con nostalgia hacia el pasado y repaso todo ese mundo de tecnología que se nos vino encima. Hace veinte años el teléfono de la casa estaba en la sala y la factura llegaba en papel. La televisión por cable ya se había ganado un lugar en muchos hogares y era la gran fuente de entretenimiento, con decenas de canales, películas, deportes y series que antes no llegaban al país. El celular servía para llamar y, con paciencia, para mandar mensajes de texto. Muchos todavía nos conectábamos a internet por dial-up: primero el tono, después aquel chillido metálico que todos reconocíamos y al final una conexión que, en el mejor de los casos, llegaba a 56 kbps. Mientras uno navegaba, nadie en la casa podía usar el teléfono.

Hoy casi todo eso cabe en un aparato que llevamos en el bolsillo. Recordar aquellos años ayuda a entender qué ganamos en el camino y qué fuimos dejando.

En Costa Rica, la apertura de las telecomunicaciones, con la creación de la Sutel y la llegada de nuevos operadores móviles en 2011, nos llevó de hacer fila para conseguir una línea a recibir ofertas en la calle. Fue una apertura regulada, con competencia y con el compromiso de llevar servicio a quienes el mercado no iba a atender. Para quienes trabajamos en regulación, el oficio cambió por completo.

También cambió la forma de vender. El teléfono, el cable e internet se empaquetaron en una sola factura: todo en uno. Con el tiempo el paquete se fue vaciando por dentro. La llamada se pasó a las aplicaciones de mensajería, la televisión perdió terreno frente a las plataformas de video y la música empezó a escucharse por suscripción. El operador que construyó la red transporta hoy servicios de terceros que no pagan las mismas cargas ni cumplen las mismas reglas, y esa asimetría sigue sin resolverse.

Las empresas que más crecieron en estos años son las que organizan información, más que las que tienden cables. El trasiego de datos se volvió la base de la economía, y con él se decide qué publicidad vemos, qué crédito nos aprueban y qué ruta tomamos para llegar a la oficina. Durante la pandemia, sin conectividad no habría habido clases, teletrabajo ni citas médicas a distancia.

Todo ese movimiento de información descansa en algo que pocas veces vemos: los centros de datos. La inteligencia artificial, la nube y el video en línea han multiplicado la demanda de estos edificios, que consumen enormes cantidades de energía y necesitan conexiones de alta capacidad. En muchos países la electricidad ya no alcanza para atenderlos. Costa Rica tiene ahí una oportunidad, pero también un gran reto: producir la energía que esa demanda exige y a un costo que resulte competitivo. Si lo logra, y lo acompaña con alta conectividad, más fibra óptica, más cables submarinos y reglas claras para desplegar infraestructura, podrá construir una autopista de información que haga del país un punto de paso de la red, además de un usuario.

Pocos cambios son tan nuestros como el SINPE Móvil. Desde 2015, con un número de teléfono se envía dinero en segundos, y eso bancarizó a miles de personas que nunca habían usado una cuenta. El vendedor de frutas y el microempresario que antes dependían del menudo del cliente ahora ponen un cartel con su número, reciben pedidos por WhatsApp, entregan a domicilio y cobran por SINPE. Sin proponérselo, montaron su propio comercio electrónico. Lo mismo la señora de los tamales, el taxista y el que vende verduras en la feria del agricultor. Hoy el paso a la digitalización es irrenunciable. Quien no puede pagar con el teléfono o hacer un trámite en línea queda en desventaja para trabajar, vender y relacionarse con el Estado.

Con los datos llegó también la delincuencia que vive de ellos. En 2012 el país tipificó los delitos informáticos, y en 2022 los ataques contra Hacienda y la Caja mostraron qué tan expuesto está el Estado. En la vida diaria, la estafa por mensaje de texto, la llamada que suplanta al banco y el enlace falso le pueden llegar a cualquiera que tenga un celular. En nuestro trabajo, los asuntos de tráfico fraudulento, bloqueos de mensajería y suplantación de identidad eran raros hace veinte años y ahora los vemos con frecuencia.

Hay además un balance que no se mide en velocidad de conexión. Tenemos más información que nunca, y sin embargo cuesta sostener la atención. Pasamos el día comunicados, pero conversamos menos en persona. Las fotos familiares ya no se guardan en un álbum; se acumulan por miles en el teléfono y casi nunca se vuelven a ver.

Y está la huella digital. Cada búsqueda, cada compra y cada ubicación queda registrada. Alguien recoge esos datos y los usa, casi siempre sin que sepamos para qué. Aceptamos condiciones que nadie lee a cambio de servicios que parecen gratuitos, cuando en realidad el pago somos nosotros. La ley de protección de datos de 2011 se quedó corta y la Prodhab no tiene los medios para vigilar un mercado que opera desde cualquier parte del mundo. Al Estado le corresponde garantizar la privacidad y sancionar a quien la viole, y esa tarea no puede seguir esperando.

Si miro hacia adelante, la duda es si Costa Rica está preparada para acompañar lo que viene. El modelo que nos trajo hasta aquí se diseñó para otra época: una apertura pensada para la telefonía móvil, un sector eléctrico organizado para abastecer hogares y fábricas, y un Estado que todavía tramita en papel buena parte de lo que resuelve. Hoy ese modelo está bajo presión. El espectro no se asigna al ritmo que exige la demanda, instalar una antena o un tendido de fibra puede tomar meses de permisos, la energía tiene que llegar en cantidad y a precio competitivo para industrias que antes no existían, y el ciudadano espera del Estado la misma rapidez que encuentra en su teléfono.

Ajustar el modelo es actualizar lo que funcionó, sin desmontarlo. Eso pasa por reducir las cargas a quien invierte en redes, aplicar reglas iguales a quienes prestan servicios parecidos, contar con un regulador que resuelva a tiempo, digitalizar de verdad las instituciones públicas y tener una protección de datos a la altura de lo que hoy se recoge. Costa Rica ya demostró una vez que podía abrir un sector sin perder el control público ni el compromiso con el servicio universal. Los próximos veinte años le piden hacerlo de nuevo, con la misma prudencia y con más velocidad.

Como al volante, uno mira atrás para seguir con cuidado. Veinte años después, el país está más conectado y ya no hay vuelta atrás. Lo que nos toca ahora es conducir esa transformación con criterio: decidir qué datos compartimos y con quién, exigir reglas claras a quienes los manejan y enseñarles a las nuevas generaciones a usar la tecnología como una herramienta a su servicio.

Buen viaje.