¿Y qué tal si…?

Marco Arroyo Flores

Viceministro del MEIC

La información o la publicidad que recibe de un producto no corresponde con el que efectivamente adquiere.

Al comprar un vehículo, una lavadora o un par de zapatos no existiera garantía y usted tuviera que asumir por completo el riesgo y los costos por los defectos o daños que presente el producto.

El precio que le muestran en un menú o en un anuncio fuera siempre distinto al que finalmente aparece en la factura al momento de pagar.

Fuera usted quien tuviera los riesgos por el uso de un producto que podría poner en peligro su salud o su integridad física.

Su compra en línea nunca llega a sus manos y no existieran mecanismos para reclamar o solicitar la devolución del dinero.

Si tuviera que aceptar condiciones abusivas impuestas por el vendedor, sin posibilidad de objeción de su parte.

Ante la cancelación de un concierto con un artista, no pudiera recuperar el dinero que pagó.

La información contenida en las etiquetas de los productos que compra estuviera incompleta o no correspondiera con lo que realmente está adquiriendo.

Las ofertas que prometen precios más bajos fueran simplemente promesas y no un beneficio real para su bolsillo.

Un producto se promocionara como amigable con el ambiente o sostenible, pero en realidad no lo fuera.

Que no recibiera un estado de cuenta que detalle los consumos realizados con su tarjeta de crédito yel monto que debe pagar para su revisión.

Puede parecer impensable, pero la realidad es que evitar situaciones como estas es resultado de años de evolución y de la creación de un conjunto de reglas que garantizan a los consumidores una serie de derechos. Dicho de forma simple, se trata de normas de conducta que quienes ofrecen bienes y servicios deben respetar en su relación con usted, quien adquiere productos y contrata servicios todos los días.

Con ocasión del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, conmemorado el pasado 15 de marzo, vale la pena reconocer que Costa Rica ha avanzado de manera significativa en el fortalecimiento de este marco de protección. Sin embargo, también resulta claro que es necesario seguir profundizándolo y adaptándolo a nuevas realidades.

Esa protección se manifiesta en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Las iniciativas para combatir las estafas, la protección de datos personales, el retiro de productos del mercado, las medidas destinadas a evitar el hostigamiento en los procesos de cobranza y la veracidad de la publicidad realizada por influencers, están estrechamente vinculadas con la defensa de los consumidores.

Por eso, ya no es posible concebir la tutela del consumidor con un alcance limitado, por el contrario, su ámbito es cada vez mayor.

La experiencia internacional confirma la relevancia de esta materia, no solo por la existencia de declaraciones y normativas que amplían los derechos de los consumidores, sino también por su ejercicio práctico.

Por ejemplo, recientemente un fabricante automotriz tuvo que retirar cientos de miles de vehículos a nivel mundial ante posibles riesgos de incendio. De igual manera, autoridades sanitarias en diferentes países han ordenado retirar juguetes o alimentos cuando se detectan sustancias peligrosas o aditivos no autorizados.

Por su parte, nuevas regulaciones internacionales buscan combatir prácticas como el ecoblanqueo (greenwashing), que consiste en presentar productos como ambientalmente responsables sin que exista respaldo real. El año anterior una plataforma de comercio electrónico prohibió de la venta de muñecas sexuales en su sitio a nivel mundial, tras ser acusada de exhibir productos con apariencia infantil en su sitio web.

Mientras todo esto sucede, las personas consumidoras se enfrentan a nuevas formas de comercio, especialmente en el entorno digital, así como a estrategias de comercialización cada vez más sofisticadas. Esa realidad exige respuestas institucionales constantes, incluyendo prestar especial atención a los derechos de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad o desventaja en sus relaciones de consumo.

De ahí que el desafío sea continuar fortaleciendo las reglas, las entidades encargadas de garantizarlo y avanzar hacia una verdadera cultura de consumo responsable. La credibilidad del Estado también depende de la confianza de su población en que los derechos que le reconoce sean efectivamente garantizados.