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La reciente decisión del gobierno estadounidense de negar visas de residencia a personas con obesidad o enfermedades crónicas no transmisibles ha provocado “indignación” en muchos sectores. Sin embargo, más allá de la polémica política, esta medida revela una realidad que ningún país puede seguir ignorando: la obesidad se ha convertido en una amenaza económica y sanitaria global, cuyo costo ya es insostenible para los sistemas de salud y seguridad social.
En Costa Rica, más del 60% de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad, de acuerdo con los datos más recientes del Ministerio de Salud. El impacto económico de esta condición se traduce en miles de millones de colones invertidos anualmente en tratamientos farmacológicos, hospitalizaciones y atención médica para enfermedades que, en su mayoría, son prevenibles. En lugar de invertir en promoción de salud, el país continúa gastando en la atención de las consecuencias de malos hábitos alimentarios y sedentarismo.
Es necesario diferenciar entre enfermedades congénitas o hereditarias y aquellas enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles derivadas de la obesidad y el sobrepeso, asociadas al estilo de vida. Este tipo de patologías no solo afectan la calidad de vida de las personas, sino que también reducen la productividad, aumentan el ausentismo laboral y presionan financieramente al sistema de seguridad social.
Ante este panorama, el ejemplo de la Ley Metabo en Japón —que establece un control anual de cintura abdominal y hábitos saludables para prevenir enfermedades metabólicas— ofrece una referencia valiosa. Japón logró disminuir la prevalencia de obesidad y reducir de manera significativa el gasto público en salud, gracias a una política que incentiva la prevención y la responsabilidad individual dentro de un marco colectivo.
Inspirados en esa visión, Costa Rica podría iniciar una reforma estructural de su seguridad social, no desde la imposición, sino desde el estímulo inteligente: reducir las cargas sociales a empresas, profesionales y asegurados independientes que demuestren —mediante modelos de trazabilidad digital— indicadores adecuados de salud, actividad física y consumo responsable.
La tecnología y la inteligencia artificial permitirían integrar datos de chequeos médicos, actividad física, nutrición y consumo en tiempo real, cruzando información de tarjetas de crédito, aplicaciones de bienestar y dispositivos biométricos. Este enfoque, además de premiar la prevención, crearía un sistema de seguridad social más justo y sostenible, alineado con los principios de bienestar y productividad.
Esta política de salud inteligente debe estar acompañada de una transformación alimentaria. Apostar por alimentos vegetales, sostenibles y orgánicos, producidos localmente, no solo mejoraría los indicadores de salud de la población, sino que impulsaría el sector agrícola y reduciría la dependencia de importaciones, fortaleciendo la economía rural y generando empleo de calidad. De esta forma, la salud pública y el desarrollo agrario dejarían de ser compartimentos separados para convertirse en pilares de un mismo modelo de bienestar.
La decisión de Estados Unidos, aunque dura, envía un mensaje claro: ante un potencial “likely at any time to become a public charge”, la salud tiene implicaciones económicas y políticas ineludibles. En Costa Rica, la discusión no puede quedarse en la “indignación moral”, sino traducirse en decisiones concretas. Un país que invierte en salud preventiva, en alimentación sostenible y en políticas públicas basadas en evidencia científica, es un país que invierte en su futuro.
El desafío es pasar del discurso a la acción: premiar la salud, no solo curar la enfermedad. Esa es la verdadera frontera que Costa Rica debe cruzar si aspira a tener una población más longeva, productiva y sostenible.
Es plausible la decisión del gobierno de los Estados Unidos, es hora de quitar grasa, bajar peso y ganar salud.
