Urgente una Ley de Prevención de la Violencia Juvenil

Alejandra Larios

Diputada

PLN

Hace unos meses participé en la Asamblea Legislativa en un interesante foro sobre la política criminal y las condiciones de seguridad ciudadana en el país. El tema es de mi mayor interés como integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y en general como persona estudiosa del fenómeno criminal en mi Guanacaste y en toda mi Costa Rica.

Los resultados del foro son útiles en varios sentidos. Se comentaron importantes temas como la organización del sector de seguridad, la reforma de la policía y el papel de las policías municipales. Como es frecuente en estos foros, se dejó un poco de lado el tema fundamental de las causas estructurales de esta problemática y, sobre todo, las diferentes formas en que los jóvenes se ven vinculados como principales protagonistas ya sea como víctimas o victimarios de los diferentes tipos de delitos y actos de violencia.

Sucede que ese es tal vez el tema que más interesa a esta Diputada. Más allá de los temas que tienen que ver con la gobernanza y la organización del sector, es nuestro menester posicionar el tema de la prevención de la violencia que afecta a las personas jóvenes como uno central alrededor de las condiciones de seguridad del país. La gran mayoría de nuestros jóvenes son personas de bien, que buscan consolidar sus estudios, construir sus familias y avanzar en sus proyectos de vida. Pero es totalmente cierto que muchos de ellos puedan estar en una condición de riesgo social, que puede llevarlos a participar de las redes de crimen organizado, del tráfico de drogas y de otro tipo de delitos.

Solo algunos datos nos dan evidencia de esta situación. De los 588 homicidios que se cometieron en el 2021, casi el 40% tuvo como víctimas a personas entre los 18 y los 29 años. Del total de personas privadas de libertad en el 2021 en el nivel institucional, un poco más de la mitad tenían entre 18 y 34 años. La Fuerza Pública realiza alrededor de 100.000 aprehensiones al año de personas entre los 15 y 34 años, más de la mitad por infracciones por tenencia y consumo de droga. En términos generales, en lo que llevamos del año, ya contamos con la cifra de 1380 delitos con 27 homicidios.

Por cualquier lado que se mire, la situación de inseguridad en el país tiene estrecha relación con los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Un registro de jóvenes en condición de riesgo social.

Retomar la paz social y la convivencia nos obliga entonces a pensar en políticas de prevención de la violencia juvenil. En particular, parece urgente tener la capacidad de trabajar de manera específica con aquellos jóvenes que en los barrios y comunidades están cercanos al delito, pero aún no en conflicto con la ley. Son jóvenes que pueden tener contacto y relación a veces hasta cotidiana con las autoridades de policía o del sistema penal, pero aún son susceptibles de participar en programas y proyectos preventivos. El país necesita focalizar los esfuerzos de protección en ellos, y para eso parece fundamental elaborar en cada cantón, un registro de jóvenes en situación de riesgo social. Este registro debe elaborarse en el marco de un absoluto respeto a los derechos de las personas jóvenes y personas menores de edad, tomando en cuenta además las restricciones que existen en la recolección y manejo de datos sensibles de esas poblaciones.

El registro puede ser elaborado y administrado por el Consejo Nacional de Niñez y la Adolescencia. Este Consejo se crea en artículo 170 del Código de la Niñez y la Adolescencia como un espacio de deliberación, concertación y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones representativas de la comunidad relacionadas con la materia. El Consejo tendría como competencia asegurar que la formulación y ejecución de las políticas públicas estén conformes con la política de protección integral de los derechos de las personas menores de edad.

Acercando la política social y la política de seguridad.

La principal función de este registro de jóvenes en condición de riesgo social, es promover que esta población tenga acceso de manera prioritaria a diferentes beneficios y oportunidades que la política social costarricense les puede ofrecer. Luego de identificar de manera específica los factores de riesgo que tengan los jóvenes (y que pueden acercarlos al pandillaje o al crimen organizado) las instituciones como el IMAS, el INAMU, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Patronato Nacional de la Infancia y otras, pueden promover los factores de protección que estos jóvenes requieren.

En particular las instituciones del sector salud como el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social deberán ofrecer la atención psicológica y terapia cognitiva. Otras instituciones como el Ministerio de Cultura y Juventud, el Instituto Costarricense del Deporte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, los Centros Cívicos por la Paz y los mismos gobiernos locales pueden generar actividades culturales, artísticas, recreativas, deportivas y tecnológicas que aseguren a los jóvenes el buen uso de su tiempo libre.

Lo cierto es que todas esas instituciones cuentan con programas y proyectos que ya existen y que están en ejecución, pero que no tienen como población prioritaria los jóvenes que más lo requieren para mantenerse lejos del pandillaje y el crimen organizado. La idea central de una estrategia de prevención de violencia juvenil es poner el tema de la seguridad y la convivencia en la agenda y en las competencias de las instituciones del sector social, reconociendo que la solución al problema de la criminalidad debe ser integral e inter-institucional.

La convivencia en los centros educativos.

Un tema que me preocupa de manera especial es la convivencia en los centros educativos. Todos los padres y madres llevan a sus hijos e hijas a escuelas y colegios con la esperanza de que en paz y sin violencia puedan aprender lo que necesitan y compartir con sus amigos, amigas y demás pares. Lamentablemente eso no es así, y todos los días vemos ejemplos por todo el país de pleitos entre estudiantes, de situaciones de “bullying”, de peligros y amenazas a nuestros hijos e hijas. Eso no está bien, y simplemente no podemos resignarnos de que en otros países las situaciones son bastante peor.

Sugiero construir una plan o estrategia de paz y convivencia en cada escuela y colegio. Este debe contener elementos como: formas de participación del estudiantado para resolver problemas, instancias para resolver los conflictos de manera institucional y por supuesto pacífica, atención a los factores de riesgo como venta de drogas y presencia de armas y/o pandillas, presencia de la Fuerza Pública en los recorridos desde y hacia los hogares y un esfuerzo por mejorar las medidas de prevención situacional a través del mejoramiento de la infraestructura. Algunas de esas cosas el Ministerio de Educación las impulsó en su momento, pero han sido dejadas de lado y deben retomarse con fuerza de ley.

Pensar en la seguridad ciudadana y la paz en Costa Rica de una manera democrática, integral e inter-institucional nos obliga a centrar nuestros esfuerzos en proteger y apoyar mucho más a las personas jóvenes en situación de riesgo social. En los próximos días estaré presentando un proyecto de ley que espero pueda iniciar una discusión seria y rigurosa sobre este tema.