Una política de seguridad integral

Tania Molina Rojas

Consultora, criminóloga y escritora.

El Estado costarricense debe diseñar y ejecutar una política de seguridad que transversalmente atraviese las políticas sociales y económicas. Una forma efectiva y razonable de coordinar los esfuerzos, personal y recursos en la estrategia de seguridad que tiene un ADN distinto. Hoy se trata de organizaciones criminales más sofisticadas, transnacionales, que se expanden y fortalecen gracias a la fragmentación institucional, la corrupción y los entornos digitales. Y sí, se ha discutido ampliamente en múltiples foros, comisiones, informes y la academia que los principales factores que han incidido en el aumento de la violencia homicida en Costa Rica son estructurales, culturales, institucionales, demográficos, facilitadores e incluso geográficos. Sin embargo, es algo mucho más grande que no se ha dimensionado lo suficiente. Se trata de actividades ilícitas que contribuyen a las economías criminales globales y de los vínculos entre el comercio ilícito de múltiples productos, la minería ilegal, la ciberdelincuencia, la extorsión y el tráfico de personas, armas, flora, fauna y todo tipo de drogas y precursores químicos. Todo esto se traduce en dinero que, además, forma parte del PIB de los países.

Por eso, el enfoque debe ser amplio, sin simplificaciones y sin discursos extremos que han reducido el grave problema de la inseguridad a una narración política, que a menudo es provocativa y carece de base técnica. La ciudadanía debe estar informada de las causas multidimensionales de la inseguridad y de las formas efectivas y razonables que tiene un Estado para su abordaje integral. La información que se provea para el debate público y para la toma de decisiones tanto estatales como civiles es vital. Esto es necesario para que los actores institucionales, judiciales, sociales, académicos y especialmente los comunicadores sociales no alimenten monstruos inexistentes como los creados por el imaginario político populista. La calidad del debate público está directamente relacionada con la capacidad de la sociedad para informarse objetivamente sobre el fenómeno de la inseguridad y despolitizarlo al máximo. Esto permite que la sociedad se concentre en las causas y soluciones sin crear enemigos fantasmas que rebajan la discusión y distraen los escasos recursos públicos disponibles.

Costa Rica, a partir de la Constitución de 1949, se instituyó como un Estado social de derecho cuyos cimientos han sido la convivencia pacífica, la educación, las políticas de bienestar y los derechos humanos. A pesar de las ideas neoliberales que han influido en las políticas económicas y sociales desde 1990 hasta ahora, las instituciones han resistido y han mantenido la inversión social como conexión con el desarrollo humano en áreas como la educación, la cultura y la economía.  Por eso, se debe revisar con absoluta objetividad las causas estructurales de la violencia y criminalidad nacional, pues el debate debe centrarse en las políticas sociales y no únicamente en las represivas o punitivas.   El gobierno de turno tiene la obligación de proponer políticas de Estado que conjunten los esfuerzos de los tres poderes de la República. La prevención y la protección deben ser las principales prioridades; además, fortalecer y modernizar todas las policías, pero sobre todo fortalecer la inteligencia financiera, invertir en tecnología del más alto nivel y pasar de los diagnósticos a la acción contra las economías ilícitas. 

La Asamblea Legislativa y el Poder Judicial no deben promover el populismo punitivo. Más bien, los controles son necesarios para que el Poder Ejecutivo revise las políticas y nuevas leyes, asegurando que estén alineadas con la visión del país marcada por la alta política nacional. La división de poderes es justa, necesaria y sostiene nuestra democracia, pero no significa, como bien lo expone el Programa Estado de la Nación (2024), el uso desmedido del «megáfono»; es decir, del discurso vacío, superficial, incendiario y con bastantes tintes de odio.

Por lo tanto, el análisis detallado de las causas, efectos y estrategias para abordar la inseguridad nacional es tarea de los tres poderes del gobierno, junto con universidades, sindicatos, organizaciones civiles, organismos internacionales y expertos tanto nacionales como internacionales. No es de recibo que el populismo punitivo secuestre el futuro de nuestras generaciones de infantes y juventudes que ven destruidas sus oportunidades de desarrollo humano, mientras apostamos por enemigos invisibles, construidos desde la ideología política y destinados al rédito electoral. De ahí que la propuesta de solución sea transversalizar todas las políticas económicas y sociales con la política de seguridad (nacional, pública, ciudadana, humana y comunitaria). La ruptura de paradigmas es la base para repensar y reinventar desde una posición epistémica, teórica y metodológica la intervención social.

Futuro secuestrado: juventudes sin esperanza, atrapadas en las redes de la criminalidad. Personas empobrecidas, en una sociedad de groseras desigualdades sociales. Brechas que carcomen los cimientos y el tejido social. Transformación de valores y principios sociales que desvirtúan los arraigos, los cimientos y fundamentos que nos constituyeron como Nación.

Futuro secuestrado: un país acosado por las organizaciones criminales, la delincuencia, la drogadicción, el sicariato y los homicidios. La participación de las juventudes es cada vez mayor en el consumo, la distribución y la venta de drogas.

Futuro secuestrado: una clase política fragmentada ante la severa amenaza de la inseguridad. El Poder Ejecutivo no tiene opciones viables para intervenir en una problemática transnacional. El Poder Legislativo está desconectado de las realidades nacionales y subido en la tarima. El Poder Judicial está desbordado por la criminalidad actual, peligrosamente deslegitimado y lento en ofrecer justicia.

Costa Rica debe crear las condiciones para que

- Las instituciones públicas diseñen y ejecuten políticas preventivas para que nuestras infancias y juventudes no caigan en las redes de la drogadicción, el narcomenudeo, el sicariato o las redes criminales que les reclutan para cumplir cualquier rol dentro de las estructuras.

- Los Poderes de la República, en su conjunto, asuman con la seriedad requerida la política de seguridad, considerando que lo que está en juego es la democracia, las vidas humanas, la paz social y la confianza ciudadana en la institucionalidad pública.

- El Poder Ejecutivo debe asumir la responsabilidad histórica de conducir al país hacia la erradicación de los factores estructurales, institucionales y demográficos que facilitan la criminalidad. Además, debe comprender que el populismo punitivo, aunque trae réditos políticos a corto plazo, daña la credibilidad y la rigurosidad técnica y científica, y carcome los cimientos del Estado social de derecho. El Estado debe comprender como un todo, que el desarrollo humano está vinculado al ejercicio de sus derechos, los cuales nos mantienen cohesionados como sociedad costarricense.

Futuro Secuestrado:

Análisis Multidimensional de la Inseguridad en Costa Rica

2025.