Trabajo conjunto contra las estafas electrónicas

Las estafas electrónicas continúan afectando a miles de personas cada año. Nadie debería pasar por la tragedia de perder su dinero a causa de un engaño. En medio de esa realidad nació la Ley N.° 10.889, Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero Administrado por Entidades Financieras. Sin embargo, diversos actores han señalado los problemas que presenta esta normativa, respecto de la cual incluso se ha presentado una acción de inconstitucionalidad sobre todo su articulado, lo que impedirá conocer sus efectos prácticos y los propósitos para los que fue concebida hasta que la Sala resuelva.

Si retrocedemos en el tiempo, comprobaremos que el país ha adoptado paulatinamente distintas medidas para frenar este flagelo, desde el bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios hasta el reforzamiento de las medidas de seguridad en el sistema financiero.

En esa línea, la SUGEF y el CONASSIF emitieron una serie de reglas que entraron en vigencia en 2025, entre ellas la implementación de mecanismos robustos de autenticación, el uso de dobles factores de identificación y el desarrollo de estrategias orientadas a mitigar y minimizar los riesgos de estafa para los clientes, según consta en la normativa sobre la transparencia ante el usuario financiero en la prestación de productos y servicios por parte de entidades supervisadas por SUGEF.

A pesar de los esfuerzos realizados, las estafas electrónicas continúan con cifras preocupantes. Así lo confirman los datos del OIJ, que muestran que las estafas informáticas pasaron de 7.095 casos en 2024 a 10.027 en 2025.

Propiamente en el sector financiero, la preocupación por las estafas electrónicas trasciende fronteras. Constantemente surgen nuevas evidencias de las medidas que impulsan distintos países para enfrentar un fenómeno que evoluciona con rapidez y aprovecha los avances tecnológicos y el ingenio -lastimosamente mal empleado- para perfeccionar sus métodos de engaño. Algunas de esas iniciativas ya han tenido réplica en el país.

Una revisión rápida de la experiencia internacional permite identificar medidas interesantes dirigidas al uso de inteligencia artificial para detectar conductas atípicas en las transacciones de los clientes; la retención temporal de transferencias consideradas de alto riesgo para facilitar la detección de posibles fraudes o permitir la toma de conciencia de la víctima de lo que le está sucediendo; el congelamiento de cuentas receptoras cuando se reportan operaciones fraudulentas; o el retraso obligatorio de hasta 24 horas en la primera transferencia realizada hacia una cuenta nueva o un beneficiario desconocido.

En Singapur existe una herramienta denominada “bloqueo de dinero” (money lock) en las aplicaciones bancarias, mediante la cual los consumidores pueden inmovilizar una parte de sus ahorros para impedir que esos fondos sean transferidos digitalmente. En Bélgica se utilizan sistemas centralizados de mensajería que alertan a las operadoras telefónicas en cuestión de segundos cuando se detectan estafas electrónicas que se realiza a través de mensajes de texto (smishing), permitiendo bloquear de inmediato la distribución masiva de mensajes fraudulentos. En Corea del Sur se exige la verificación biométrica para la adquisición de tarjetas SIM, con el objetivo de dificultar la utilización de líneas telefónicas para actividades delictivas. Por su parte, Australia cuenta con un Centro Nacional contra las Estafas que coordina esfuerzos públicos y privados para identificar amenazas y proteger a los consumidores.

Sin lugar a duda, las estafas electrónicas han evolucionado hasta convertirse en una de las principales amenazas para el patrimonio de las personas y para la confianza en los servicios financieros. La experiencia internacional confirma que su combate va más allá de medidas individuales o reformas legales. Es indispensable una respuesta articulada que integre de forma permanente a las entidades financieras, el Banco Central, los operadores de telecomunicaciones, las autoridades policiales, los organismos reguladores y las instituciones encargadas de la ciberseguridad.

Costa Rica registra avances, pero estos siempre se percibirán como insuficientes mientras las estafas sigan siendo una constante. Fortalecer espacios permanentes de coordinación para compartir información en tiempo real de forma ágil, detectar nuevas modalidades de fraude e implementar respuestas rápidas y conjuntas debe también ser una constante. Frente a delincuentes que operan de forma cada vez más sofisticada y organizada, la lucha contra las estafas electrónicas requiere de una respuesta uniforme.

Marco Arroyo F.

Politólogo