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El sector agropecuario costarricense enfrenta hoy un desafío estructural que trasciende lo técnico y se ubica en el plano de la competitividad país. Me refiero al Decreto Ejecutivo N.° 43.838-MAG-SFE-MINAE, cuyo objetivo fue establecer un mecanismo más ágil y técnico para la homologación y registro de moléculas ya autorizadas en países miembros de la OCDE.
Este decreto nació con una visión clara: modernizar el sistema regulatorio, evitar duplicidades innecesarias, incorporar criterios científicos reconocidos internacionalmente y garantizar a nuestros productores acceso oportuno a herramientas fitosanitarias seguras y evaluadas bajo estándares de alta exigencia.
Sin embargo, años después de su publicación, la aplicación plena de uno de sus mecanismos centrales —la modalidad de registro por equivalencia química— se mantiene en suspenso debido a una acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Sala Constitucional por una empresa del sector de insumos agrícolas.
Si bien el decreto se encuentra formalmente vigente, la existencia de este proceso judicial ha generado una situación de incertidumbre jurídica que, en la práctica, ha impedido la implementación efectiva de dicho mecanismo.
Impacto directo en la competitividad
Cuando un productor costarricense no puede acceder a moléculas que ya están autorizadas en Estados Unidos, la Unión Europea o Japón, no estamos hablando únicamente de un trámite administrativo. Estamos hablando de competitividad, productividad y sostenibilidad.
La agricultura moderna requiere herramientas actualizadas para enfrentar plagas emergentes, enfermedades como Fusarium R4T o la Sigatoka negra, y condiciones climáticas cada vez más variables. La ciencia avanza; el marco regulatorio debe acompañarla.
- Mantener bloqueado un mecanismo de homologación por equivalencia significa:
Limitar el acceso a tecnologías más eficientes y ambientalmente responsables.
Aumentar costos de producción.
Seguridad jurídica y equilibrio institucional
El Estado tiene la obligación de garantizar procesos regulatorios transparentes, técnicamente fundamentados y respetuosos del marco constitucional. Las impugnaciones son un derecho legítimo dentro del Estado de Derecho y forman parte del sistema de control de constitucionalidad.
No obstante, el principio de seguridad jurídica también exige que los procesos judiciales que inciden directamente en la política pública se resuelvan en plazos razonables. Cuando una acción de inconstitucionalidad se prolonga por varios años sin resolución definitiva, el efecto práctico puede traducirse en una paralización regulatoria que impacta a todo un sector productivo.
Después de más de tres años desde la entrada en vigor del decreto, la falta de una definición judicial sobre el alcance de los artículos cuestionados ha generado un vacío operativo en materia de equivalencia química. Esta situación trasciende la esfera de un conflicto entre partes y adquiere dimensión de interés público.
El agro costarricense no puede quedar condicionado indefinidamente a la duración de un proceso judicial que incide directamente en su capacidad de acceder a herramientas tecnológicas utilizadas bajo estándares internacionales.
El agro no puede esperar indefinidamente.
Marcial Chaverri Rojas
Gerente General de CORBANA
