Seguridad ciudadana o juicios sumarísimos

Todos somos testigos del empeoramiento de la seguridad del país. Calles y barrios no son lo que fueron. Pueblos y ciudades otrora seguras hoy dejan mucho que desear en este campo. Muchos ciudadanos de pro y algunos como yo que hacemos observaciones públicas desde las columnas de este diario hemos reseñado nuestras preocupaciones por la pérdida paulatina de la paz y de la tranquilidad en nuestros sitios de habitación. El crimen organizado ha ido irrumpiendo en el país y bien poco hemos sabido hacer para siquiera contenerlo. Es por ello que cuando el Poder Ejecutivo presentó varios proyectos sobre este particular nos ilusionó mucho el proceder del gobierno de la continuidad, aunque estos proyectos no parecían ser continuidad de nada que hubiéramos visto u oído en la administración anterior. Desde el fondo de nuestros corazones dijimos ¡bien!

Los proyectos presentados al ser analizados someramente parecen más dirigidos a convencer a los costarricenses que se hace algo, que lo que realmente van a terminar haciendo. Más parecen proyectos de proselitismo que soluciones verdaderas que podrían y podrán ser aceptadas por la Asamblea Legislativa y por la Sala IV ante cuyos magistrados deberán ser consultadas en su constitucionalidad.

No voy a analizar más que someramente la denominada ley Gerson Rosales. Los demás proyectos quedarán para luego, pero de su peligrosidad y de su erosionar de la institucionalidad del país, del Poder Judicial y del Poder Legislativo todo ustedes juzgarán.

El primero de los proyectos ha sido bautizado por las autoridades del Poder Ejecutivo como la Ley Gerson Rosales y ha sido descrita como Protección Integral a la Víctima y al Servidor Policial. Su objetivo es aumentar la protección a los policías, que todos deseamos y apoyaríamos. También, y aquí reside el peligro del mismo para la sociedad, es que presume favorable el uso de la fuerza letal cuando los policías utilicen armas en determinadas circunstancias. Así las cosas, se va a presumir favorablemente el uso de la fuerza letal por la policía contra los presuntos delincuentes sin necesidad de ir a la comprobación para demostrar si era justificada la presunción favorable al uso de tal fuerza.

Desde el gobierno del General don Tomás Guardia Gutiérrez fue afortunadamente abolida la pena de muerte. Pero ahora podrá usarse la fuerza letal y presumirse favorablemente su uso en apoyo de la fuerza pública, en juicios sumarísimos en poder de cada uno de los policías del país. Esto reducirá el análisis de las actuaciones de la fuerza del estado. Muy peligroso a mi juicio. El que se presuma como favorable el uso de tal fuerza por la policía y que cada uno de los policías decida ejercer ese juicio sumarísimo cambia la doctrina del uso de la misma y las limitaciones de ley.

Cada uno deberá plantearse escenarios de uso de la fuerza letal presumida lícita. Manifestaciones, huelgas, protestas, una persona que en pánico se da a la fuga aun sin ser culpable o haber cometido hecho ilícito alguno, son algunos escenarios hipotéticos del riesgo de su uso.

¿Mejora este proyecto realmente la seguridad ciudadana o busca abocarnos a una declaratoria de inconstitucional clara? ¿Reside en la presunción favorable de la fuerza letal la seguridad de nuestras comunidades? ¿Está en una presunción favorable de esta lo que resolverá la inseguridad ciudadana? ¿Cosas como estas no nos desbocarán en tiroteos en calles y campos?

Si la Asamblea Legislativa no aprueba esta ley será señalada con facilidad como responsable de obstruccionismo. ¿Si la Sala IV declara que esta ley es inconstitucional arreciará el ataque al Poder Judicial? Todo se perfila a que en esta presentación de proyectos la intención podría estar en arremeter de nuevo contra la institucionalidad usando la carnada de la seguridad ciudadana.