¿Se puede recuperar la seguridad? Seis ideas concretas

Tania Molina Rojas 

Consultora, criminóloga y escritora 

La expansión de estructuras criminales ha desbordado al Estado y convertido a muchas zonas del país en espacios de alto riesgo donde impera la gobernanza criminal. El problema no es solo la violencia vista como algo aparte, que ejecutan los "otros" como forma de vida, casi como un "trabajo" más.   

En la actualidad, la violencia homicida se ha incrementado en un 2% con respecto al primer semestre del año 2024; se ha combinado con un cóctel peligroso entre el paramilitarismo y las condenas por tráfico de drogas local e internacional. Además, la fragmentación entre Poderes de la República, la pérdida de legitimidad estatal, las órdenes de captura con recompensa multimillonaria, la cooptación institucional, el asentamiento de células de organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua y, más recientemente, las solicitudes de extradición de costarricenses también contribuyen.

Bajo estas condiciones, es posible afirmar que el país tiene en sus manos una de las tareas más urgentes de los últimos decenios, entendiendo además que se trata de nuestro sistema democrático y los cimientos del Estado social de derecho lo que está en peligro. 

El país se enrumba inexorablemente hacia ese destino, predecible en algunos países de la región. Sin embargo, la tentación es grande y existen las condiciones para ello: pobreza, desmantelamiento del Estado, reducción de recursos para los cuerpos policiales, políticas educativas endebles y una seducción de las organizaciones de crimen organizado que sustituyen los gobiernos. A través de acuerdos de cesión de territorios, ofrecen una tensa calma a la sociedad con la suplencia de servicios básicos inexistentes en zonas empobrecidas.

Los grupos criminales maximizan sus ingresos con absolutamente todo lo comercializable en un territorio, para lo cual necesitan operadores privados, institucionales y políticos. Estos operadores se encuentran en gobiernos locales, autoridades policiales y administrativas; además, las campañas políticas son un gran espacio para financiar personas que ocuparán puestos de liderazgo que puedan favorecer sus intereses y modificar las políticas públicas a su favor. Porque el crimen organizado transnacional llegó para quedarse, no se van a ir y, como lo expone el consultor chileno Pablo Zeballos en su obra Un virus entre sombras: las redes criminales son agnósticas y poliamorosas; lo único que quieren es relacionarse con el poder.

Entonces: ¿hay soluciones? ¿O nos toca resignarnos?

Seis propuestas concretas:

 1.     Recuperar el control territorial y la soberanía estatal, que se ha robado el crimen organizado. Con una política de seguridad integral, que realmente impida el avance de las redes criminales que ven en Costa Rica un sitio idóneo para franquiciar como el Tren de Aragua. Para eso el control fronterizo debe ser prioridad, máxime que estos se expanden a través de la migración irregular.   Además, los espacios urbanos en disputa, porque es una realidad que la mayoría de los homicidios están relacionados con el control de territorios "plazas" para la venta de estupefacientes. Sin embargo, esto exige coordinación entre policías, instituciones e inteligencia para restituir la autoridad legítima y garantizar el imperio de la ley.

2.     Dar músculo jurídico y técnico a nuestros cuerpos policiales, sin excepción, fortaleciendo las capacidades de intervención, ajustadas al contexto nacional y regional. Lo que enfrentan hoy son sistemas adaptativos complejos, amenazas híbridas. No solo es contratar más policías, es dotarlos de tecnologías disruptivas e inteligencia estratégica y criminal que les permita entender sobre las cadenas de suministro de las economías ilícitas.

3.     Hacer inteligencia más allá de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), es decir, integrar las capacidades de inteligencia al Ministerio de Seguridad Pública. Es anticiparnos realmente a las amenazas. Este es un país que debe invertir en prevención. Máxime que no tenemos capacidad para combatir amenazas externas desde un enfoque militar (último botón con el que cuentan la mayoría de los países). Un recurso que nosotros, afortunadamente, no tenemos, pero nos obliga a gestionar y mitigar los riesgos a los que estamos expuestos permanentemente de una forma distinta que incluso debe ser más sofisticada.

4.     Se requiere modernizar nuestra legislación y armonizar la política de persecución penal con la política penitenciaria. El sistema carcelario requiere una reforma estructural profunda.

5.     Los gobiernos locales pueden prevenir delitos, porque están en contacto directo con las personas en las comunidades. La forma como se concede una patente, un permiso o se habilita un espacio público es determinante para favorecer o mitigar la comisión de crímenes.

6.     La cooperación internacional debe ser mayor, porque las redes criminales no tienen fronteras. Necesitamos más alianzas estratégicas para intercambio de inteligencia y poder atacar los flujos financieros ilícitos, que son la razón de ser del narcotráfico. El contrabando de las armas de fuego (moneda de cambio de las redes) y las mercancías ilícitas que financian no solo el narcotráfico, sino el terrorismo. 

La seguridad no debe ser un botín político-electoral; es la condición mínima que debe garantizar que la ciudadanía pueda vivir con dignidad y sin miedo.