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En un momento trascendental de nuestra historia, en el que las mujeres ocupan posiciones de liderazgo tanto en el Gobierno como en la Asamblea Legislativa, nos encontramos ante la imperiosa necesidad de alzar la voz con más fuerza. No basta con ocupar cargos; es vital que ese poder se traduzca en acciones concretas que erradiquen la impunidad y reivindiquen la dignidad de las víctimas.
Recientemente, la exdiputada Marolin Azofeifa Trejos denunció públicamente al exdiputado Fabricio Alvarado por haber cometido graves abusos y acoso en su contra. Este caso, como tantos otros, expone la difícil y a menudo dolorosa realidad que enfrentamos las mujeres en nuestra sociedad. Es un reflejo de la violencia invisible que se perpetúa en muchas instituciones y de la falta de respuesta que se repite en innumerables denuncias.
A pesar de la gravedad de estas acusaciones, la Asamblea anterior no tomó las medidas necesarias para juzgar y sancionar al denunciado. La impunidad no solo traiciona a la víctima; perpetúa la violencia y envía un mensaje de que la voz de las mujeres no importa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado que en varios países existe un patrón de impunidad sistemática en los casos de violencia contra las mujeres, debido a que la mayoría carece de una investigación, sanción y reparación efectiva; esta impunidad perpetúa la aceptación social del fenómeno y genera una persistente desconfianza de las mujeres en el sistema de justicia.
Con la llegada de un nuevo gobierno, y con mujeres liderando tanto la presidencia del país como la Asamblea Legislativa, muchas de nosotras teníamos la esperanza renovada de que este sería el momento en que se hiciera justicia. Sin embargo, la esperanza se empaña cuando la inacción permite que el silencio siga siendo ensordecedor. No actuar es complicidad; es permitir que el miedo y la vergüenza se impongan sobre la verdad.
Por ello, hago un llamado respetuoso pero firme a la presidenta del Gobierno y a la presidenta de la Asamblea Legislativa para que ejerzan su liderazgo en esta materia. La lucha contra la impunidad es una de las cosas más importantes que podemos hacer; la violencia y la injusticia no serán toleradas. La justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho; y las mujeres de este país merecemos un sistema que nos respete, nos escuche y nos proteja.
Insto a las autoridades a revisar este caso con urgencia, a considerar la gravedad de la situación y a tomar medidas adecuadas para que el diputado denunciado sea sancionado como corresponde. No debemos convertirnos en un ejemplo más de lo que ocurre en países donde las mujeres quedan sin defensa: en Brasil, la impunidad en el caso de María da Penha permitió que el proceso judicial por la agresión que casi le costó la vida se extendiera por diecisiete años sin sentencia, en Afganistán, Irán y Sudán, las mujeres son expulsadas de los tribunales, y la violencia sexual se utiliza como arma de guerra con casi total impunidad. ¿Queremos permitir que nuestro país sea recordado por mirar hacia otro lado?
Apelo a la sensibilidad y a la responsabilidad que nos une como nación en la lucha contra la violencia de género. Es momento de que nuestras instituciones respondan a las necesidades de todas las mujeres y rompan con el legado de abuso y desamparo que nos ha precedido. No hay democracia real sin justicia para todas.
Si callamos, el silencio se convierte en cómplice; si nos alzamos, cambiamos la historia.
“Las heridas del pasado sólo sanarán cuando la verdad y la justicia sean la norma.”
