Rutas de bus abandonadas: cuando el Estado también se baja del autobús

Bernal Rodríguez

Presidente de CANABUS.

Una de cada cinco rutas de autobús ha sido abandonada en Costa Rica. Así, sin más. Un nuevo informe técnico de la Intendencia de Transportes de ARESEP confirmó lo que muchos en las comunidades ya sabían desde hace tiempo: 82 rutas con título habilitante han sido abandonadas, lo que representa el 22% del sistema nacional de transporte público en modalidad autobús. Y por si fuera poco, otras 11 rutas nunca llegaron a operar, a pesar de haber contado con autorización. Estamos ante una fractura estructural del sistema de transporte público.

¿El resultado? Personas mayores que ya no pueden salir de sus comunidades, estudiantes que caminan kilómetros a pie, trabajadores informales que dependen de aventones o de medios de transporte no regulados (plataformas tecnológicas). En pocas palabras, se ha dejado de garantizar el derecho a la movilidad y precios por la libre en ese dantesco escenario.

El informe revela varias causas, pero una en particular resalta por su crudeza: el 37% de las rutas abandonadas nunca tuvieron fijación tarifaria desde 1996. Es decir, más de un tercio de las rutas han operado por décadas sin un estudio técnico que establezca si su tarifa garantizaba el equilibrio económico-financiero. ¿Cómo puede sostenerse un servicio público sin esa base mínima de regulación económica?

A esto se suma otro dato inquietante: el 94% de las rutas abandonadas estaban a cargo de operadores “micro” —empresas con apenas entre 1 y 5 unidades. Estas pequeñas empresas, sin economías de escala, sin asistencia técnica y sin acceso a esquemas tarifarios justos, fueron quedando al margen de un modelo regulatorio que nunca las contempló como verdaderos actores del sistema. Mucho se dice de la importancia de las pequeñas empresas, pero al final, es sólo retórica.

Además, el 50% de estas rutas ni siquiera reportaron información operativa al sistema regulatorio (SIR) en los últimos 6 años, y el 40% tenía esquemas operativos, los cuales los define el CTP, con más de 15 años de antigüedad. En pocas palabras, el Estado tampoco estaba mirando lo que ocurría. No había datos, no había monitoreo, no había fiscalización real.

El abandono también tiene cara, pues según este informe se concentra en zonas con bajo desarrollo social: las regiones Huetar Norte y Chorotega suman más del 50% de las rutas en esta condición. Lo rural vuelve a ser olvidado y ahora también desconectado.

Ahora, más allá de esta autopsia ¿cuántas empresas más están en el borde de este colapso? Esa es la pregunta que debería estar encendiendo todas las alarmas del sistema. Si el 94% de las rutas abandonadas pertenecían a empresas micro, con apenas entre 1 y 5 unidades, ¿cuántas otras operadoras pequeñas están hoy luchando en silencio para no colapsar? ¿Cuántas más están en una especie de coma operativo, manteniendo un servicio a pérdida, sin esquemas tarifarios actualizados, sin respaldo técnico, sin acceso a financiamiento?

Los datos sugieren que ésta no es una crisis aislada, sino sistemica. Existen decenas de rutas con esquemas operativos desactualizados, con reportes incompletos al SIR o incluso sin haber accedido nunca a un ajuste tarifario. Es decir, están operando a ciegas. Muchas están ubicadas en zonas donde el transporte informal ya comenzó a llenar el vacío, generando competencia desleal, insegura y desregulada. En esas condiciones, el abandono no es una decisión, es una sentencia. Si no se actúa ya, el número de rutas abandonadas podría duplicarse en los próximos años. Y con ellas, la red de movilidad se seguirá fragmentando en perjuicio de quienes más la necesitan.

¿Cómo hacerlos para que el Estado y sus instituciones reguladoras se suban al bus de la solución? Es momento de reconocer que talves no todas las rutas son rentables, pero todas son necesarias. El Estado debe garantizar que nadie quede atrás.

Pensamos que existe una solución: crear un Fondo Nacional de Movilidad para zonas rurales y vulnerables, que combine tarifas subsidiadas, acompañamiento técnico y un modelo de consorcios territoriales entre microempresas, incluso la promoción de cooperativas es una solución local a este problema.

El abandono de una ruta no es sólo la retirada de un autobús, es la renuncia institucional a conectar con su gente. Es la evidencia fáctica de la urgencia de una nueva institucionalidad en el Transporte Público.