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El proyecto de modernización de los puertos del Caribe, de nuevo empieza en cero

RIDICULO

Cada país enfrenta dos retos básicos.
Lo más difícil de lograr es el desarrollo humano; sin embargo, Costa Rica destaca como país educado, decente y democrático.
Lo más fácil se supone es construir una carretera, un aeropuerto o un puerto.
Lo ridículo es que un país tan avanzado en algunos aspectos como el nuestro, no pueda mejorar o modernizar una infraestructura colapsada, cuyo deterioro tiene un alto costo para la población, no solo monetario, sino también cuando se trata de las pésimas carreteras en vidas.
Esperamos más de 30 años para contar con una pista entre la capital y la costa del Pacífico, y hemos demorado una década para construir un adecuado aeropuerto internacional (los vecinos panameños en tan solo dos años expandieron el suyo, a tres veces el tamaño del Juan Santamaría), mientras la carretera entre San José y Limón es una de las más lentas y peligrosas del mundo.
El último capítulo de esta historia ridícula, si no fuera tan triste sucedió anteayer, cuando la Sala Constitucional detuvo el proceso de concesión de los puertos en Limón.
No obstante, este tema es más complicado de lo que parece.
Con asombro, Costa Rica ha logrado diseñar un proyecto portuario que desagrada a casi todas la partes, ya sean sindicalistas, empresarios, trabajadores o consumidores.
Puede ser que los sindicalistas se opongan al plan de privatización del Gobierno (heredado del anterior), pero es su derecho.
Pero en este caso, el sector privado también está en contra de concesionar una nueva terminal privada en Moín, por contemplar tarifas de al menos $257 por contenedor de 20 pies, la cual sería 2,5 veces más de lo que se paga actualmente, así como aproximadamente tres veces lo que se cobra en algunos puertos de la región.
El sector agrícola, por su parte, en los últimos años ha luchado para bajar las barreras arancelarias, con el fin de exportar más a Europa. Con los montos propuestos se aniquilarían de un golpe sus pretensiones.
Mientras tanto, el dueño real de los puertos, o sea el público, en última instancia pagaría esos costos, para todos los productos exportados o importados en el país.
A final de cuentas, no debería desatarse una guerra ideológica sobre los puertos del Caribe.
Hay ejemplos exitosos en el mundo que confirman ambos modelos administrativos entre los puertos más importantes, Singapur, Dubái y Shanghái, son del Estado, mientras Hong Kong, Rotterdam y Panamá tienen operadores privados, bajo la figura de la concesión.
Lo que se requiere desarrollar es un proyecto que ofrezca precios competitivos, así como condiciones laborales decentes, sea quien sea el operador.
Una vez que esté la operación en marcha, el mismo público podrá aprobar, rechazar o ajustar el plan.
Sin embargo, por el momento seguiremos teniendo éxito en el país haciendo las cosas difíciles, mientras fracasamos en las tareas sencillas.
Ridículo.
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