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Resulta indispensable que los gobiernos locales tomen la tarea de la Red de Cuido con la responsabilidad debida y que rindan cuentas permanentes sobre esta labor

Red de cuido y ayuntamientos

Entre los aspectos de la agenda de política social que acaba de anunciar Laura Chinchilla, presidenta de la República, está el de la Red Nacional de Cuido de Niños y Niñas y Adultos Mayores.
Vale la pena detenerse en un aspecto de este programa, que se financiará mediante la creación de un fideicomiso de $90 millones y de alianzas con bancos, instituciones privadas y gobiernos locales, en aras de multiplicar los beneficios del proyecto, según lo expresado por la mandataria.
Los centros de cuido estarán localizados en diferentes comunidades, algunas de las cuales parece que serán pioneras en poner en marcha el funcionamiento del plan, y posteriormente se irían sumando otras localidades para llegar a beneficiar a todo el país.
Por ello está claro que, de las diversas entidades estatales y privadas que se incorporen a trabajar para multiplicar los efectos de esta red de cuido, deberían ser los gobiernos locales los que asumieran un papel preponderante. Son los más cercanos a los beneficiarios. Los que deberían preocuparse por conocer la situación de cada familia.
Pero es justamente en este punto donde nace la preocupación porque, salvo algunas pocas excepciones que confirman la regla, los ayuntamientos en este país no han dado muestras de buen funcionamiento. Más bien, se han caracterizado por subejecutar sus presupuestos mientras la población a la cual deben servir sufre innumerables necesidades que sus gobiernos locales deberían solucionar.
Es decir, que el primer paso a dar en cuanto a las redes de cuido, sería la implementación de las tareas correspondientes a cada ayuntamiento y el señalamiento de los responsables de su cumplimiento. Y ya en marcha el plan, la adecuada supervisión.
Resulta indispensable que los gobiernos locales tomen esta tarea con el compromiso debido y que deban rendir cuentas permanentes sobre ello asumiendo la responsabilidad de todo aquello que eventualmente no se ejecutara en forma adecuada.
Es decir, que el plan debería incluir ante quién rendirán cuentas los ayuntamientos y quién supervisará su labor.
Todo esto porque, entre otras urgencias, la atención de estos menores debería ser el inicio de una cadena que les dé seguimiento en aras de impedir que los diversos aspectos de la descomposición social que vivimos pueda, en algún momento de la vida de esos menores, atraerlos con su imán perverso hacia el despeñadero del abandono de los estudios, las drogas y la delincuencia. Una forma de trabajar, desde la prevención, para romper el círculo vicioso de la violencia y la inseguridad.
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