Recaudación, exenciones y evasión

El presidente en ejercicio, don Helio Fallas, mencionó en el Foro Fiscal organizado por la UCCAEP, que dentro de las estimaciones del Gobierno, solo la Ley de Fraude Fiscal iba a producir una recaudación del 0,5% del PIB.
Por otro lado, las modificaciones en el impuesto de ventas para convertirlo en un IVA con la prestación de servicios incluida, recaudaría un 1% y la renta global otro 1%.
Sobre la recaudación del IVA me parece razonable, pero la de renta global me parece muy lejana de la realidad.
Todas las medidas que se sabe que quieren tomarse puede que generen alguna recaudación adicional, pero difícilmente de la magnitud de un 1% del PIB.
Si se quisiera que la ley de renta mejorara en recaudación tendrían que subir el tipo, cosa que nunca se ha mencionado o tendrían que definirse nuevos tramos basados en rentas netas (no en tramos brutos como ahora) y bajarse las rentas exentas.
Por ejemplo, Costa Rica tiene uno de los mayores tramos exentos a nivel mundial de salarios, mucho más altos que en toda Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá y Europa, es decir, algo absurdo.
Sobre la ley de Fraude Fiscal la estimación me parece aún más irreal. En primer lugar, dicha ley crea un gravamen sobre la primera distribución de dividendos y otra sobre rentas no sujetas cuando se distribuyan.
Estas medidas previsiblemente provocarán que disminuyan las distribuciones de dividendos (en su forma correcta y transparente) o la atracción de capitales generados en el extranjero que el país tanto agradecería y por otra parte, independientemente de que con esto se rompa la promesa presidencial de no crear nuevos impuestos en dos años, ambos gravámenes son marginales en términos recaudatorios.
Por otro lado, la Ley de Fraude Fiscal tiene una creación normativa que dota de facultades exorbitantes a la Administración Tributaria con graves inconstitucionalidades y alguna que otra perla, como que se le asegura a la casta de funcionarios de Hacienda, que en cualquier demanda contra ellos, usted y yo tenemos que pagarle de nuestros bolsillos (es decir, con nuestros impuestos) su defensa legal, sin ninguna identificación de límites de cuantías o especialidades, como la penal.
No pasaría mucho tiempo para que el resto de funcionarios públicos exijan igualdad y a la vuelta de la esquina, las facturas por defensas legales de los funcionarios estatales, no importa lo irresponsables que hayan sido, las pagaremos nuevamente usted y yo.
Si usted no paga los impuestos y lo atrapan, también podría pedir una ley para que sufraguen sus gastos de defensa, porque existe la presunción de inocencia. ¿Cierto?
Insisto nuevamente en que, en términos recaudatorios, la mayor defraudación a nivel nacional se da a nivel de las pymes, independientemente de que sea políticamente incorrecto decir que se asignará parte del presupuesto a aumentar los controles y fiscalización de las pequeñas y medianas empresas, en vez de a las “grandes corporaciones que son las mayores evasoras de impuestos”.
Se me olvidaba que seguro son las empresas catalogadas como grandes contribuyentes las que venden productos sin factura y a las que los clientes por ahorrarse una plata (la de todos!) no se las exigen.
Debe aceptarse que mucha de la defraudación de este país está auspiciada por los propios consumidores de bienes y servicios, no los prestadores.

Rafael Luna
Abogado Tributario
rluna@afc.cr