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Sebastian Ferllini
Economista
“Mantengan el ojo en una sola cosa: cuánto gasta el gobierno, porque ese es el verdadero impuesto.” — Milton Friedman.
Quise arrancar con esta frase porque resume exactamente lo que se nos olvida cada vez que el FMI saca su informe y nos da sus recomendaciones. Vivimos obsesionados con cuánto entra y casi nunca discutimos cuánto se gasta. Y ese, es el verdadero problema.
Hay algo curioso en las recomendaciones que hizo el FMI. Cada vez que el Estado necesita más recursos, la conversación gira alrededor de la misma pregunta: ¿cómo cobramos más? Pocas veces nos detenemos en una mucho más incómoda: ¿por qué, después de décadas de nuevos impuestos, más instituciones y más gasto, seguimos necesitando más?
El más reciente informe del Fondo Monetario Internacional reconoce que Costa Rica ha avanzado en reducir su deuda, mantiene estabilidad macroeconómica y sigue creciendo por encima de buena parte de la región. Pero entre sus recomendaciones reaparece una vieja conocida: subir la recaudación. Y entre las medidas sugeridas destaca una particularmente sensible: elevar el IVA de los productos de la canasta básica.
Dicho de manera más fácil: cobrar más impuestos sobre la comida.
Cuando una familia compra arroz, frijoles, leche o huevos no está dándose un lujo. Está cubriendo lo básico. Por eso cuesta tanto entender cómo una de las primeras propuestas por parte del FMI para “ordenar” las finanzas públicas termina apuntando justo a lo que consumen todos los costarricenses.
En la propuesta de gravar la canasta básica con el 13% del IVA, el FMI dice que el Estado podría recaudar más y luego devolver esa plata mediante programas focalizados, pero seamos honestos: la experiencia tica nos enseña que eso nunca pasa como se promete. Esa supuesta compensación se va perder entre costos administrativos, burocracia y filtros institucionales. Siempre será mejor que esa plata nunca salga del bolsillo de la familia, y que sea esa familia quien decida como usar ese dinero, no el estado.
Pero el problema va mucho más allá de un impuesto. El verdadero problema es que seguimos discutiendo cómo recaudar más antes de preguntarnos cómo gastar menos.
Mientras se debate gravar la canasta básica, Costa Rica arrastra cientos de exoneraciones tributarias acumuladas durante décadas. Muchas no responden al interés general ni al bienestar del consumidor. Responden a grupos de presión, intereses particulares y años de lobby que consiguieron tratos especiales a punta de influencia política.
El resultado es un sistema donde unos pocos disfrutan beneficios exclusivos y el resto financiamos la diferencia.
Si de verdad queremos hablar de justicia tributaria, la conversación debería empezar por ahí. No por la comida de las familias.
Bajo el mismo tema de mejorar la situacion fiscal del pais, en los últimos días han surgido voces —algunas desde la academia, incluyendo a la Universidad Nacional (UNA)— que proponen gravar a las zonas francas. Eso Sería un error caro.
Las zonas francas se convirtieron en uno de los principales motores de inversión extranjera, exportaciones y empleo de calidad del país. Miles de costarricenses trabajan hoy en empresas que eligieron Costa Rica precisamente porque encontraron estabilidad jurídica y reglas competitivas.
La meta no es volver menos competitivas a las zonas francas. La meta es que el resto de la economía tenga condiciones parecidas para crecer. El error no es que a las zonas francas les vaya bien; es que al resto del país le cueste tanto.
Cuando no alcanza la plata, el Estado tiene el reflejo de siempre: cobrar más. Nunca el de gastar menos. ¿Qué deberia de hacer el estado en vez de subir los impuestos?
- Reducir el tamaño y el costo del Estado. Esta debería ser la primera conversación. No cuánto más puede aportar el ciudadano, sino cuánto puede ahorrar el Gobierno. Durante décadas construimos un aparato estatal complejo, caro y fragmentado: instituciones con funciones duplicadas, estructuras sobredimensionadas y procesos innecesariamente burocráticos que se comen miles de millones de colones al año. El problema no siempre es que el Estado recaude poco. Muchas veces es que gasta de más.
- Simplificar trámites y digitalizar el Estado. Cada trámite de más es un impuesto que nadie firma pero que igual se paga: en horas, en plata y en negocios que ni siquiera llegan a arrancar. Quitar burocracia es de las pocas reformas que no le cuestan un cinco al Estado y aun así hacen crecer la economía. Menos trabas, más gente produciendo de verdad.
- Eliminar privilegios fiscales. Costa Rica arrastra más de 400 exoneraciones y beneficios fiscales —el doble del promedio de la región y de la OCDE—, que juntos equivalen a cerca del 4% del PIB que el Estado deja de percibir cada año. Y casi ninguno llega a quien más lo necesita: el 30% más rico del país se queda con más de la mitad de esas exoneraciones, mientras el 30% más pobre apenas recibe un 17%. Ahí están las utilidades de las grandes cooperativas que no pagan renta, el salario escolar del sector público exento de impuesto o tratamientos especiales a las remesas de ciertos sectores. Beneficios conseguidos a punta de presión política que, año tras año, nadie se atreve a tocar.
- Abrir mercados a la competencia. La mejor política para bajar el costo de vida no es inventar subsidios. Es permitir que exista competencia. Más competencia significa mejores precios, más innovación y más crecimiento.
- Hacer que la formalidad sea rentable. Miles de pequeños empresarios operan en la informalidad porque entrar al sistema sigue siendo caro y complicado. Si creamos un entorno donde puedan formalizarse, todo el país desde ellos hasta el estado se va a beneficiar.
El FMI parte de una lógica entendible: si el Estado necesita más recursos, hay que encontrar nuevas formas de recaudar. Pero esa lógica esquiva la pregunta de fondo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto es suficiente? Porque si cada año necesitamos más, en algún momento alguien tiene que preguntar dónde termina esto.
Costa Rica no está en problemas porque las familias paguen pocos impuestos . Está en problemas
porque durante años normalizamos la idea de que cualquier hueco fiscal se tapa mandando una factura más grande al contribuyente, al ciudadano.
Gravar la canasta básica puede aumentar la recaudación. Reducir el tamaño del Estado puede resolver el problema de fondo. La diferencia es enorme: una opción le pide más sacrificio a quien produce; la otra le exige más eficiencia a quien administra.
Como recordaba Friedman, el verdadero impuesto no es lo que el Estado cobra, sino lo que el Estado gasta. Por eso la salida no es un Estado que cobre más.
Costa Rica necesita un Estado que cueste menos.
Esa debería ser la discusión. Y esa debería ser la recomendación principal del FMI.
