El pasado 16 de septiembre, en el marco de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, la Cámara Nacional de Autobuseros fue convocada en audiencia para referirse al proyecto de ley expediente 24756.
Nuestra posición ha sido clara y categórica: el problema central de la movilidad en Costa Rica no es la oferta de autos limpios por tecnología, sean estos eléctricos, híbridos, hidrógeno, etc.., sino el déficit estructural de movilidad que el país arrastra desde hace décadas.
Hoy el transporte público atraviesa una crisis económica profunda. Las empresas autobuseras enfrentan ingresos cada vez más reducidos, costos crecientes y un escenario de falta absoluta de incentivos para modernizar la flota. En paralelo, la política pública sigue apostando por incentivar la importación de vehículos privados. Se construye así un círculo vicioso: se legisla a favor del auto particular, pero se descuida al transporte colectivo, que es el que mueve día a día a la mayoría de los costarricenses.
El proyecto 24756 no resuelve esa urgencia. Por el contrario, se convierte en un mecanismo más para estimular la motorización privada, sin ofrecer respuestas reales al colapso vial, a la contaminación ni a la desigualdad de acceso a la movilidad. La consecuencia es clara: más carros en la calle, más congestión, más tiempo perdido y menos calidad de vida para todos.
Lo más preocupante es que detrás de la aparente buena intención se esconde un problema de injusticia social y fiscal. Este proyecto implica, en la práctica, bajar impuestos a los grupos sociales de mayor nivel de renta, quienes son los que tienen capacidad de comprar autos nuevos. Al mismo tiempo, se termina afectando a los grupos de menores ingresos, que dependen del autobús y que cada día pasan más horas atrapados en el tráfico, sin alternativas eficientes y con un servicio cada vez más debilitado.
En términos sencillos: se premia al que puede pagar más y se castiga al que tiene menos. Esto no solo profundiza la desigualdad, sino que contradice la lógica de sostenibilidad y equidad que debería guiar cualquier política pública en el campo de la movilidad. El mejor resumen de este desequilibrio lo refleja un meme que circula en redes sociales. En la parte superior, los subsidios y las agencias de autos celebran, sostenidos por el proyecto 24756. En el agua, el transporte público lucha por no hundirse. Y en el fondo, invisibles, los usuarios de autobús se ahogan en la espera de soluciones.
Costa Rica necesita una política integral de movilidad que priorice la pirámide de movilidad, misma que centra los esfuerzos en priorizar la movilización masiva frente a las soluciones privadas, y en el caso de nuestro país, el transporte público puede apoyar en esa solución como columna vertebral de la equidad social, la sostenibilidad ambiental y la productividad económica. No se trata de negar la importancia de los autos limpios, sino de reconocer que sin un sistema de transporte colectivo moderno y robusto, cualquier iniciativa será apenas un parche más en un modelo que ya colapsó
Bernal Rodríguez
Presidente de CANABUS





































