Proteger al denunciante y agilizar sistema de compras públicas son vitales para frenar la corrupción, según la OCDE

Si Costa Rica desea frenar la corrupción, necesariamente tiene que impulsar una ley que proteja a los denunciantes de represalias legales.

Asimismo, urge agilizar y extender el sistema de compras públicas, de manera tal, que cada paso de una licitación estatal sea socializado y fiscalizado por todos los actores.

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Las recomendaciones las brinda la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a Costa Rica en su informe más reciente.

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El año pasado, los casos “Cochinilla” y “Diamante” -relacionados con la supuesta entrega de dádivas y sobornos a funcionarios del MOPT, Conavi y Municipalidades, a cambio de beneficiar a empresas constructoras – sacudieron al país. Lo peor de todo, es que un año después la fiscalía no ha acusado a ninguno de los actores.

En ese sentido, la impunidad es otro grave problema, ya que el 90% de los casos de corrupción no llegan ni siquiera a juicio, de acuerdo con el Estado de la Justicia del 2020.

La falta de recursos y la dificultad para probar los actos ilícitos, son las razones que establece el Estado de la Justicia y otros expertos, para explicar la baja incidencia de éxito en cuanto a condenas. En los casos en que sí se logra llegar a los tribunales, solo se concreta una sentencia en un 3% de las situaciones.

“Si bien el país cuenta con un sistema normativo amplio sobre esta materia, el cual se ha fortalecido desde el inicio del presente siglo, el ordenamiento jurídico nacional ha tenido dificultades para la sanción efectiva de la corrupción (…) El proceso penal es superado por la complejidad de los casos de corrupción de alto perfil, cuyo combate requiere otras herramientas”, indicó Evelyn Villarreal, coordinadora de investigación del Estado de la Justicia en el informe.

En ese sentido, la figura de “Testigo de la Corona” debería ampliarse, según el magistrado Fernando Cruz y expresidente de la Corte.

Se trata de una alternativa que tendría la fiscalía para que una persona -investigada o acusada- colabore con la justicia entregando documentos y testimonio, a cambio de inmunidad o una sentencia reducida.

Por otra parte, el presidente Rodrigo Chaves ha propuesto premiar los funcionarios que denuncien los casos de corrupción con un porcentaje del dinero que se protegería de un caso de corrupción.

Costa Rica ocupa el tercer lugar en América Latina en términos de capacidad para combatir la corrupción, solo detrás de Uruguay y Chile, de acuerdo con la OCDE.

Sin embargo, está muy lejos del promedio de la organización, en donde la capacidad de los países desarrollados para enfrentar este flagelo es el doble.

“Costa Rica cuenta con una serie de mecanismos de protección para denunciantes, víctimas y testigos de actos de corrupción que se aplican a nivel penal y administrativo. Sin embargo, en la actualidad, no existe una ley específica que brinde protección a los empleados en los sectores público o privado contra medidas discriminatorias o disciplinarias una vez que hayan comunicado irregularidades. Esto desalienta a los servidores públicos a compartir información valiosa sobre casos de corrupción con las autoridades competentes”, destacó el informe de la OCDE.

El año pasado, Costa Rica cayó nueve lugares en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción al obtener 54 puntos, lo que significa su segundo peor puntaje histórico. El país también cedió terreno en el escalafón, al pasar de la posición 39 a la 48. Los nuevos datos implican que el país es el décimo país menos corrupto de América.