Percepciones sobre nuestra democracia

He leído recientemente en un serio estudio de opinión unas preguntas que han descrito claramente el meollo de lo nos afecta actualmente en nuestras percepciones del sistema democrático. Las preguntas en cuestión comenzaban con la afirmación de que: “La democracia en Costa Rica ya cumplió su vida útil y es necesario reemplazarla por otra forma de gobernarnos”. Un 39% de los encuestados estaba muy o algo de acuerdo en la afirmación y un 58% estaba muy o algo en desacuerdo con esa expresión. Ese 39% que está muy o algo de acuerdo en que la democracia ya cumplió su vida útil y es necesario reemplazarla por otra forma de gobernar al país, aunque minoritaria, describe cómo una minoría muy grande, muy significativa ya no cree en la democracia en Costa Rica, ni en el parlamento, o en la división de poderes, en la independencia de los tribunales y en la subordinación de los jerarcas a la ley, pudiendo estos hacer solo lo que la ley les permite hacer.

La búsqueda de otro sistema de gobierno apunta hoy al autoritarismo que promete hacer las obras de gobierno rápido y ligero sin discusiones ni leyes que se opongan, ni contraloría que objete a su ejecución. Esto sin duda es tremendamente preocupante porque lejos de ser un planteamiento serio que busque el perfeccionamiento del sistema, es un movimiento que busca derrocarlo y destruirlo. Los costarricenses debemos tomar nota del peligro y de las amenazas antidemocráticas que se ciernen sobre Costa Rica.

La segunda afirmación a comentar es: “El presidente debería poder destituir a los jueces y juezas que se opongan a sus decisiones”. Un 44% está muy o algo de acuerdo con esta afirmación. Un 51% de los encuestados está muy o algo en desacuerdo con la afirmación. Otra vez una minoría muy pesada y significativa está de acuerdo en que la independencia de los jueces no se mantenga. Un 44% estaría de acuerdo en que el presidente pueda vetar sentencias y destituir a los jueces y juezas que no son coincidentes con su forma de pensar o de interpretar la ley. Es gravísimo pensar que el 44% de los encuestados esté de acuerdo en que sea el presidente y su voluntad quien determine la permanencia de los jueces, así como las sentencias dictadas. Este 44% acaba con el concepto de la separación de poderes y con las sentencias independientes y de derecho, no políticas de acuerdo con el presidente de turno. Está muy cerca esta minoría del 44%, del 51% de la mayoría expresada que está muy o algo en desacuerdo. La agitación política contra el Poder Judicial y en contra de las sentencias dictadas está causando ya graves consecuencias. Los encuestados rechazan el principio del equilibrio y de la división de poderes en nuestra democracia.

La tercera afirmación es:” El presidente debería obedecer las sentencias judiciales, aunque vayan en contra de lo que quiere el gobierno.” Un 58% dice estar muy o algo de acuerdo con esta afirmación y un 37% afirma estar muy o algo en desacuerdo. Nuestra constitución establece la separación de poderes para que nadie tenga el poder completo. La separación de poderes obliga a estos a conversar entre si y a negociar, a conceder a alcanzar un equilibrio. Las sentencias inapelables son de total acatamiento por el Poder Ejecutivo. Su irrespeto conlleva el castigo de ley. ¿Qué pasaría en este país si el presidente o el Poder Ejecutivo llegara a escoger las sentencias que les son favorables o con las que comulga, rechazando las demás o destituyendo a los jueces que las hubieran dictado? Esta sería una dictadura sin más y no existiría un estado de derecho.

La cuarta afirmación del estudio de opinión reza: “El presidente debería tener más poder en instituciones como el Poder Judicial, el TSE, las universidades públicas y la Contraloría General de la República.” Un 53% esta muy o algo de acuerdo en la afirmación. El 42% está muy o algo en desacuerdo con que el presidente tenga más poder en esas instituciones. Ese 42% no desea el debilitamiento de la separación de poderes ni la concentración del poder en el Ejecutivo, pero resulta que algo que debería ser rechazado por una aplastante mayoría es rechazado hoy por una minoría importante, pero minoría al fin.

Finalmente se somete a consideración de los encuestados la afirmación:” No podemos solucionar los problemas de nuestras instituciones, es necesario eliminarlas y comenzar de nuevo.” Esta afirmación es apoyada por un 45% que señala estar muy o algo de acuerdo con la misma. Un 49% señaló estar muy o algo en desacuerdo. Acá los encuestados están cerca de estar empatados. Lo cierto es que un 49% no está de acuerdo con eliminar las instituciones cuyos problemas no hayan podido solucionarse.

La democracia costarricense está muy enferma. La ignorancia en la población de cómo funciona el sistema y cómo operan los frenos y contrapesos es asombrosa. Los costarricenses tienen grandes reservas sobre la democracia, aunque aún un 58% la respalde. Los costarricenses han debilitado su convencimiento en la virtud de la independencia del Poder Judicial y de sus sentencias, aunque un 51% aún esté de acuerdo con ellos. Los costarricenses respaldan la obligatoriedad del cumplimiento de las sentencias del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Un 58% respalda ese cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, aunque vayan en contra de la voluntad de su gobierno.

Causa mucha preocupación el hecho de que el 53% señala que el presidente debería tener más poder, no dice cuanto ni hasta dónde, en las instituciones que le limitan en su actuar. Esto a mi juicio indica que un 53% está de acuerdo en restringir la división de poderes y aumentar la concentración de poder en el Ejecutivo. Es a mi juicio curioso ya que la alternabilidad del poder hace que quien hoy fue mañana ya no sea presidente de la república, que el poder otorgado hoy a quien es popular también sea otorgado a quien mañana sea eventualmente repudiado. Nuestro gobierno es responsable y alternativo de acuerdo con la constitución. De allí la imperiosa necesidad de la división y el equilibrio de poderes. La preocupación aumenta en el tanto del desmantelamiento de las instituciones del estado en las que los problemas sean de difícil solución, ya que el 49% está de acuerdo en cerrar y comenzar de nuevo cuando los problemas sean de difícil solución.

Muchas de estas opiniones están siendo generadas y conducidas por una campaña publicitaria intensa, con la acción activa de troles en redes sociales, de diputados partidarios de marchar hacia el autoritarismo siempre que ellos sean quienes ostenten el poder, y de conferencias de prensa los miércoles donde hay un discurso de apología del autoritarismo. Muchos costarricenses han sido convencidos que solo el mando supremo sin limitaciones puede resolver para bien, aunque no contemplen que este tipo de problemas se resuelven pactando, dialogando, con compromisos y acuerdos y no con el “yo mando y ordeno”. El pleito y la bronca no construyen.

Nuestra democracia está entrando en una fase de enfermedad muy seria. Estos polvos en el camino mañana traerán lodos.