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Perder el puesto de trabajo de un día para otro no solo implica un golpe directo para las finanzas de los trabajadores asalariados, sino que también puede ser un golpe emocional que puede poner en desventaja a los colaboradores a la hora de cobrar las prestaciones, sobre todo si las deudas son un elemento a considerar y el patrono le da largas al asunto.
Es por ello que la diputada oficialista de Progreso Social Ada Acuña presentó un proyecto de ley para que los empleadores estén obligados a pagar todos los extremos laborales al trabajador en un solo tracto y en un plazo máximo de 30 días.
La propuesta, llamada “Ley para el pago eficiente del auxilio de cesantía, preaviso, aguinaldo y vacaciones al trabajador”, apenas da sus primeros pasos en el Congreso.
Para la legisladora, se trata de una deuda pendiente con los trabajadores, ya que actualmente los patronos duran tres meses o más para depositar el dinero, debido a que el Código de Trabajo no es concluyente sobre este tema.
“Persiste una deuda con las personas trabajadoras, no se les ha generado seguridad jurídica que les permita recibir, en un tiempo prudencial, su liquidación. No está establecido un plazo ni una sanción para el cumplimiento de estas obligaciones, y justamente eso es lo que estamos corrigiendo con esta propuesta”, dijo Acuña.
Para resolver el vacío legal, Acuña Castro propone un plazo máximo de 30 días para que el trabajador reciba su liquidación o mientras dure el plazo de preaviso.
“Es el dinero que se vuelve, en muchos casos, los recursos que le permiten enfrentar a él y a su familia el periodo de desempleo”, añadió.
De acuerdo con el proyecto de ley, el patrono que incumpla con el pago será sancionado con la cancelación de multas, según el artículo 398 del Código de Trabajo.
La propuesta de ley también reforma el párrafo final del artículo 679 para generar la debida notificación de las sentencias en firme que generen las sanciones de multas y el deber de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo de realizar las gestiones de cobro y distribución de estos a los beneficiarios correspondientes.
La iniciativa que presenta Acuña es fundamental si se considera el alto endeudamiento de los costarricenses.
Y es que las deudas siguen marcando el día a día de los costarricenses y robándole el sueño a más de uno.
En promedio, el 34% de los ingresos mensuales de los hogares se destina al pago de empréstitos, según la Tercera Encuesta Nacional de Endeudamiento 2025, divulgada este miércoles por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), dada a conocer en octubre.
El estudio revela que el 87% de la población mantiene algún tipo de deuda, evidenciando una fuerte dependencia del crédito para sostener el consumo y enfrentar emergencias.
Si bien el porcentaje del ingreso comprometido con deudas disminuyó frente al 38% registrado en la encuesta anterior de 2023, esto no necesariamente representa una mejora económica, de acuerdo con Danilo Montero, director ejecutivo de la OCF.
“El endeudamiento es un reflejo de cómo las familias enfrentan sus aspiraciones, sus imprevistos y sus limitaciones. Cuando se observa una reducción, como la que vemos en esta encuesta, no necesariamente significa que las personas tienen más dinero disponible; puede ser el resultado de una mayor conciencia sobre los riesgos del sobreendeudamiento o de un acceso más prudente al crédito, porque los ingresos no son estables. Es decir, se puede tratar de un cambio de comportamiento financiero más que de una mejora económica”, señaló Montero.
Uno de los hallazgos más llamativos es el fuerte incremento en los créditos para la compra de vehículos, que pasaron de representar el 18% del total del crédito en 2023 a un 47% en 2025.
Esto ocurre pese a los serios problemas de congestión vial que hacen que los conductores puedan perder hasta ocho minutos para recorrer apenas 100 metros en horas pico.
Paralelamente, se redujo significativamente la dependencia de prestamistas informales, familiares o amistades, cuyo peso en el endeudamiento bajó de 47% a 25%.
También descendieron las deudas con empresas de electrodomésticos, cooperativas y asociaciones solidaristas, que pasaron de 35% a 22%.
Actualmente, el saldo de la deuda con tarjetas de crédito en Costa Rica es de ¢1,61 billones al cierre de junio de 2025, de acuerdo con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Para mediados de año, había en el mercado 3 millones de tarjetas de crédito activas, 295 mil más que en el informe previo.
La oferta también creció, con 476 productos disponibles, 37 más que en diciembre de 2024.
Las tasas en colones oscilan entre 3,19% y 38,36%, mientras que en dólares van de 21% a 30,42%.
