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El nombramiento de 12 magistrados suplentes de la Sala Constitucional se complica cada vez más en medio de fuertes recriminaciones de la oposición, los señalamientos del gobierno al Poder Judicial y la escasa certeza de los ciudadanos de obtener justicia pronta y cumplida.
Este martes, la Asamblea Legislativa devolvió la nómina de 18 postulantes a la Comisión de Nombramientos, lo cual enfureció a los diputados opositores del PLN, el Frente Amplio, el PUSC y Agenda Ciudadana, quienes acusaron a la bancada oficialista de Pueblo Soberano de violentar “el orden constitucional”.
“Es evidente que hay desobediencia, un desacato, un incumplimiento de la orden de la Sala Constitucional. Es evidente el incumplimiento, una nueva táctica dilatoria, un atraso más. Claramente, es una moción que no está establecida en el Reglamento legislativo, según el artículo 154 reglamentario. Vamos a presentar un incidente de desobediencia contra el Partido Pueblo Soberano ante la Sala Constitucional”, dijo José María Villalta del Frente Amplio.
Anteriormente, la Sala IV había prorrogado el nombramiento de los actuales magistrados suplentes hasta que el Congreso nombre a los nuevos funcionarios.
Asimismo, ordenó a los diputados proceder con el nombramiento a la brevedad posible. El proceso lleva nueve meses de retraso.
Precisamente, ayer estaba dispuesta la sesión extraordinaria de la mañana para ese fin, pero 27 legisladores oficialistas aprobaron una moción que devolvió el tema a la comisión respectiva.
“Aquí la pregunta es: si el bloque oficialista en la Asamblea Legislativa, en coordinación con el Poder Ejecutivo, está dispuesto a desacatar una resolución de la Sala IV, a romper el orden constitucional y a no respetar los reglamentos de la Asamblea Legislativa, ni a respetar ningún tipo de acuerdos, ¿qué sigue cuando ya no hay respeto por el Estado de derecho?, ¿qué sigue cuando no hay ninguna posibilidad de formar acuerdos y respetarlos?”, dijo Claudia Dobles, diputada de Agenda Ciudadana.
Mientras tanto, Abril Gordienko, diputada del PUSC, aseveró que el gobierno está rompiendo los puentes de diálogo.
El nombramiento de los magistrados suplentes ya se ha votado en once ocasiones para tratar de resolver el asunto. Sin embargo, en todas las ocasiones, el oficialismo —con 31 votos— ha rechazado a las personas que desean participar, por lo que ni un solo postulante ha sumado los 38 votos que se requieren.
Por su parte, José Miguel Villalobos, diputado de Pueblo Soberano, aseveró que la nómina de postulantes no cumple con los requerimientos de ley y, por ello, fue devuelta a la comisión respectiva.
En ese sentido, Villalobos destacó que la bancada oficialista se opondrá a designar a un solo magistrado suplente hasta que la Corte Suprema presente una lista correcta con 24 aspirantes y así se pueda descartar a la mitad y nombrar a los otros 12.
El político descartó cualquier rompimiento de orden constitucional.
“Cada vez que la oposición pierde una votación no les queda más que chillar y eso, lastimosamente, refleja el verdadero respeto que le tienen a la democracia. Cuando pierden las votaciones rompen el cuórum y se van. La Constitución dice que las vacantes de suplente se llenan de la siguiente manera: la Corte tiene que enviar un número igual al doble de las vacantes. ¿Cuántas vacantes tiene la Sala Constitucional en los suplentes? Son 12, entonces, tienen que mandar una nómina de 24 personas, ¿es tan difícil de entender?”, dijo Villalobos.
Los oficialistas se oponen a designar un magistrado que haya sido recomendado por el anterior Congreso y, por ello, demandan un concurso nuevo o una nueva nómina por parte de la Corte Suprema.
El 31 de julio anterior, la mandataria Laura Fernández calificó como “un golpe de Estado al Congreso” la decisión de la Sala IV de prorrogar de manera indefinida los nombramientos de los magistrados suplentes hasta que se resuelva el asunto.
“No podemos dejar pasar la decisión de la Sala IV de prorrogar de manera ilegal e inconstitucional el nombramiento de magistrados suplentes, cuyo periodo venció desde el 16 de diciembre del año pasado, del año 2025. Esto es, ni más ni menos, que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, quien es el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados. No podemos aceptar que se violente de manera categórica el principio de división de poderes, fundamental en un sistema democrático y de derecho”, dijo Fernández.
