El pasado 25 de abril de 2025, se publicó en la Gaceta la Ley No. 10667 “Ley para reducir el impuesto sobre la renta a las personas trabajadoras independientes de menores ingresos. Reforma del inciso c) del artículo 15 de la Ley 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, del 21 de abril de 1988”, por medio de la cual se modifican, a partir del 01 de enero de 2026, los tramos para el cálculo del impuesto sobre la renta a las personas físicas con actividad lucrativa, de modo tal que, a partir del próximo año los tramos sujetos serán los siguientes:
Esta reforma favorece a los sectores más vulnerables, ya que como se demuestra en la comparación anterior, la principal diferencia se centra en los primeros tramos, proporcionando así una disminución en los impuestos que deben cubrir los trabajadores independientes que reportan rentas anuales menores a los ₡8.329.000,00. Provocando con esto un alivio fiscal para pequeños emprendedores, profesionales y freelancers.
Estas reformas fortalecen la economía nacional, ya que posibilitan y amplían la capacidad de consumo en muchas familias costarricenses que actualmente enfrentaban una carga proporcionalmente alta en comparación con su capacidad económica, además, estas alternativas incentivan el emprendimiento al reducir las barreras fiscales principalmente para los pequeños emprendedores, así como la formalización en el sistema tributario.
No obstante, aunque estos cambios buscan aliviar la carga fiscal de los pequeños emprendedores, es fundamental abordar un tema de debate, ¿Es suficiente este cambio para garantizar una mayor justicia fiscal? ¿O es necesario seguir buscando alternativas que modifiquen el sistema actual para que realmente se responda a las necesidades de los trabajadores independientes con menores ingresos?
Es claro que se ha dado un paso significativo con la Ley No. 10667, pero el diálogo debe continuar, ya que la equidad tributaria es una meta constante y esta reforma es solamente el inicio de un camino que debe ser analizado ampliamente y a largo plazo, para lograr una tributación más justa y efectiva, que permita a los sectores más vulnerables obtener un verdadero respiro fiscal.
Keylin Coto, Consultora Legal de Grant Thornton





































