No es ordenamiento: es despojo

La democracia —esa palabra que el gobierno invoca con solemnidad cuando le conviene— no se protege despojando al pueblo de su voz, ni mucho menos entregando esa voz al mejor postor. Lo que hoy se impulsa bajo el nombre elegante de “subasta de frecuencias de radio y televisión” es, en esencia, un proceso que convierte un bien público en mercancía y que pone en riesgo la pluralidad que sostiene nuestra vida democrática. Presentada como modernización, esta medida funciona como una puerta cerrada para los medios locales, comunitarios, religiosos, culturales y pequeñas empresas periodísticas que han servido a sus comunidades durante décadas.

Lo que indigna no es sólo que los precios base fijados para participar sean millonarios —aunque ya eso sería suficiente para cuestionar el sentido común del proceso—, sino que la estructura misma de la subasta excluye, desde el inicio, a quienes no tienen grandes capitales. Se habla de ordenar el espectro, pero todo indica que se está reorganizando el mapa mediático para que sobrevivan únicamente los que puedan pagar, no los que cumplen una función social. Y esto, sin eufemismos, es profundamente antidemocrático.

¿Es necesario fiscalizar mejor el uso de las frecuencias? Por supuesto. Durante años han existido privilegios, vacíos, controles tibios y administradores de concesiones que han lucrado sin transparencia. Pero antes de llegar al extremo de una subasta total, el país tiene herramientas menos agresivas y más justas: auditorías tributarias, cobro adecuado sobre ingresos de pauta, fiscalización de utilidades y aplicación estricta de la ley. Todo eso puede y debe hacerlo el Ministerio de Hacienda sin destruir la diversidad de voces en el camino. Lo que indigna es que el gobierno elija la opción más traumática, la que más daño puede causar al ecosistema informativo, y que lo haga con una ligereza que huele a revancha política, una “sacada de clavo” disfrazada de ordenamiento técnico.

Y mientras se señala a los grandes medios como supuestos beneficiarios históricos, se ignora a los pequeños. Radios locales que han construido identidad. Canales regionales que han contado historias que ningún medio nacional cubre. Emisoras culturales que mantienen vivas tradiciones y expresiones propias. Todos ellos, de un plumazo, quedan condenados a desaparecer si no pueden pagar. La democracia se empobrece cuando la pluralidad se reduce a lo que la billetera permite.

A esto se suma un aspecto que ya no es sólo político o ético, sino constitucional. Existen varios posibles vicios que podrían llevar esta subasta a un serio cuestionamiento ante la Sala IV. Primero, la vulneración de la libertad de expresión: si el propio diseño del proceso excluye a actores que históricamente han participado del debate público, estamos ante una medida que disminuye la diversidad de voces, elemento esencial en un sistema democrático. La pluralidad no es un adorno; es un derecho.

Segundo, la función social del espectro. Las frecuencias no son simples bienes recaudatorios. Su valor no se mide sólo en dólares, sino en acceso cultural, educativo, democrático. Un proceso que prioriza el ingreso económico por encima de su función pública podría ser incompatible con principios constitucionales y con nuestros compromisos internacionales.

Tercero, el riesgo de instrumentalización política. Si la subasta puede utilizarse para castigar o premiar medios según su línea editorial, entonces su diseño no es neutro ni inocente. Y la Sala Constitucional ha sido clara en que la administración del espectro debe ser ajena a presiones o manipulaciones del poder político.

Por eso, más allá de lo inconveniente, lo injusto y lo dañino, esta subasta podría ser, además, inconstitucional. El país tiene el derecho —y el deber— de explorar esa vía. Porque defender el espectro no es defender privilegios: es defender la pluralidad, la democracia y el derecho de los costarricenses a escuchar muchas voces, no sólo las de quienes puedan pagar.

Costa Rica merece algo mejor que un remate disfrazado de modernización. Merece reglas claras, justicia fiscal, pluralidad real y un Estado que entienda que las frecuencias no son botín político, sino patrimonio democrático. Si hay que ordenar, que se ordene. Pero no a costa de silenciar a quienes han servido al país desde la honestidad, la cercanía y la vocación pública.

Kattia Rivera Soto

Diputada