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A diferencia de lo que nos ocurre aquí en Costa Rica, la presidencia salvadoreña sí da muestras de sumo interés en que la población de su país se beneficie económicamente del aprovechamiento de la energía solar.
La noticia se dio a conocer el pasado martes de esta semana. La comisión de tecnología encargada en la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para la aprobación de la ley para el fomento del uso de energías renovables, por ser estas sumamente abundantes en todo el territorio de ese país.
La futura ley estimulará mediante incentivos fiscales tanto a empresas como a usuarios en general, para la importación, equipamiento, mantenimiento e instalaciones de los paneles solares como elemento fundamental en la recolección de la energía solar sobre techos de viviendas y territorio sumamente soleado durante casi todo el año.
En el titular de la noticia que publica La Prensa Gráfica se lee lo siguiente: EL GOBIERNO BUSCA PROMOVER USO DE PANELES SOLARES.
El presidente de la Dirección General de Energía explicó que los incentivos para el uso de las energías renovables ya existen en la legislación salvadoreña, pero con una normativa de ley se busca, mediante una normativa, mayor claridad a las disposiciones.
En ese sentido, dice la noticia, la ley contempla el otorgamiento de exoneraciones de impuesto sobre la renta, IVA y derechos arancelarios de importación, para toda la maquinaria que sea necesaria para que los proveedores puedan brindar servicios de instalación y mantenimiento de los generadores en base a energías renovables.
Lo anterior incluye a los ciudadanos que deseen comprar paneles solares para instalarlos en sus propias casas, con el fin de complementar la electricidad convencional que sirven las empresas eléctricas o incluso autoabastecerse con o sin la entrega de excedentes.
Lo anterior quiere decir que, con la inyección de excedentes a la red eléctrica, los abonados eléctricos podrán recibir de las empresas de servicio eléctrico un pago que será fijado mediante un pliego de tarifas que incentive el uso de esa tecnología.
El texto del proyecto de ley establece el periodo de incentivos válido por 10 años a partir de la aprobación de la ley.
Para quienes conocemos íntimamente a El Salvador, sabemos perfectamente que esa nueva ley no tendrá la preferencia tarifaria de la autoridad reguladora hacia las empresas distribuidoras eléctricas como terminó ocurriendo aquí en Costa Rica, sino que, al contrario, intentará que sea el abonado eléctrico el que contribuya con sus propios fondos e inversiones al desarrollo nacional.
Desgraciadamente aquí en Costa Rica, esas grandes y hasta mínimas inversiones para el futuro desarrollo del sector eléctrico están, por razones y lógica monopólica, predestinadas a los bancos internacionales, para ser administradas por el gran ente monopólico nacional, el cual todos sabemos es el ICE.
Ricardo Trujillo Molina MScEE
gerencia@fibrotel.cr
