Costa Rica actualmente posee un régimen de pensiones asociado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución autónoma que tiene como objetivo garantizar una pensión básica a los asegurados que hayan cumplido con los requisitos debidamente establecidos, este régimen es conocido como el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual es de carácter obligatorio y cubre a trabajadores dependientes e independientes, tanto del sector público como del privado. Este sistema está diseñado para proteger a las personas en tres momentos cruciales de la vida: i) cuando se enfrentan a una discapacidad que les impide seguir trabajando, ii) cuando alcanzan la edad de retiro y iii) en caso de fallecimiento, beneficiando a sus familiares cercanos.
El Reglamento del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, No. 6898, establece los requisitos para optar por dicha prestación:
- Pensión por vejez: Se requiere cumplir con la edad mínima de 65 años y haber contribuido con un mínimo de 300 cuotas.
- Pensión por invalidez: Se requiere haber aportado al menos 180 cotizaciones mensuales a la fecha de la declaratoria de invalidez.
- Pensión a sobrevivientes (en caso de muerte): Ser pensionado por vejez o invalidez, haber aportado 180 cotizaciones mensuales, y haber cotizado un mínimo de 12 cuotas durante los últimos 24 meses anteriores a la muerte.
Si bien el objetivo principal del régimen de IVM es garantizar un ingreso económico digno en la vejez, invalidez o ante el fallecimiento de un trabajador, diversas proyecciones y estudios de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) advierten sobre la insostenibilidad financiera del sistema a mediano y largo plazo. Esta preocupación se basa en una serie de factores estructurales y demográficos que afectan directamente su capacidad para seguir cumpliendo con las obligaciones establecidas.
Como bien sabemos, para que el sistema sea sostenible, debe haber más personas cotizando que recibiendo esta prestación. Esto es importante ya que Costa Rica enfrenta una disminución en la tasa de natalidad, lo cual genera una menor cantidad de contribuyentes a futuro, mientras que el número de pensionados aumentará debido al envejecimiento poblacional.
Sumado a lo anterior, se observa una tendencia creciente en los niveles de informalidad laboral, lo que implica que un porcentaje significativo de trabajadores no realiza aportes al sistema de pensiones del IVM. Esta situación contribuye al desequilibrio financiero, ya que reduce los ingresos disponibles para sostener la estructura actual.
Lo descrito supra, ha generado una creciente preocupación entre los trabajadores activos, quienes se cuestionan si efectivamente podrán acceder a una pensión en el futuro. Ante esta situación, resulta fundamental analizar opciones que permitan complementar o fortalecer la seguridad económica en la etapa de retiro.
Una de las opciones que resulta atractiva actualmente es el modelo de captación individual, el cual consiste en la creación de un fondo de inversión personal, con aportes mensuales que generan rendimientos a lo largo del tiempo.
Entre las ventajas que ofrece este modelo destaca un mayor control de los fondos, debido a que el beneficiario puede ver cuánto ha generado y tomar decisiones sobre si disponer del capital e intereses acumulados.
Además, ofrece un incentivo fiscal, en el cual, los aportes realizados estarán exentos del pago de impuestos sobre la planilla y cargas sociales, es decir, el monto aportado al fondo se deducirá del salario bruto del colaborador, y sobre la base resultante se calcularán las cargas sociales y el impuesto sobre la planilla. Esta deducción no podrá exceder el 10 % del ingreso bruto mensual, esto de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador, No.7983.
En resumen, dado los factores que afectan la situación actual del régimen de pensiones, una pensión voluntaria es una buena opción para fortalecer o complementar el ingreso económico en la etapa de retiro y considerando que ofrece incentivos fiscales, esta opción aumenta su atractivo.
Angie Calderón, Consultora de Impuestos de Grant Thornton





































