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La migración no es solo un fenómeno global sino una realidad local que afecta el empleo, la economía y la cohesión social. Este editorial propone que la migración se gestione legalmente, con políticas claras y cooperación internacional, protegiendo tanto a migrantes como a ciudadanos costarricenses.
La migración es una experiencia humana tan antigua como la historia misma, y en el contexto actual adquiere una enorme relevancia para países como Costa Rica. Miles de personas se desplazan en busca de oportunidades; muchos costarricenses también deciden trabajar en el extranjero. Se estima que alrededor de 125 000 costarricenses viven fuera del país, y en 2023 más de 4 100 emigraron hacia naciones de la OCDE, en su mayoría Estados Unidos, buscando empleo y mejores condiciones de vida.
Esta dinámica responde principalmente a la falta de empleo formal y bien remunerado dentro del país. Aunque la tasa de desempleo ronda el 6 %, una parte importante de la fuerza laboral enfrenta empleos informales o inestables. Según datos oficiales, cerca de 810 000 personas trabajan en la informalidad, lo que representa un desafío estructural para los trabajadores locales.
Al mismo tiempo, Costa Rica también recibe a miles de trabajadores extranjeros que se integran al mercado laboral nacional. La presencia migrante no es marginal: estudios recientes muestran que los trabajadores nacidos fuera del país representan aproximadamente el 12,4 % del empleo total, con fuerte participación en sectores como agricultura, construcción, comercio y servicios domésticos.
Más allá de la presencia laboral, estos trabajadores aportan significativamente a la economía: entre 2017 y 2021, los migrantes contribuyeron alrededor del 6,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, según informes del Fondo Monetario Internacional. Esto demuestra que la migración puede ser un motor económico, no solo un desafío.
Sin embargo, la migración también plantea tensiones legítimas. Muchos ciudadanos sienten que la llegada de trabajadores extranjeros compite por los mismos empleos y recursos. Aunque la ley costarricense exige que se priorice a los nacionales para contratar cuando pueden desempeñar el trabajo en igualdad de condiciones, la percepción de que “los extranjeros quitan puestos de trabajo” persiste en ciertos sectores de la sociedad.
Es importante aclarar que la migración irregular no es culpa de los migrantes, sino de la falta de oportunidades en los países de origen y de marcos legales que no siempre se aplican con eficacia. La respuesta no está en cerrar fronteras ni en estigmatizar a quienes buscan un futuro mejor; está en gestionar la migración de manera ordenada, legal y humana.
El gobierno costarricense ha tomado medidas para abordar este fenómeno. Bajo la administración de Rodrigo Chaves Robles se han impulsado iniciativas para agilizar la regularización migratoria, fortalecer permisos de trabajo y mejorar la cooperación internacional en materia migratoria. Estas acciones buscan equilibrar la protección de los derechos humanos con la necesidad de mantener el orden y la legalidad.
No obstante, también es esencial que las políticas públicas se concentren en mejorar las condiciones laborales de los costarricenses, promoviendo empleo formal, educación técnica y oportunidades que permitan a la población local competir en igualdad de condiciones. Sin una fuerza laboral fuerte y empleos bien remunerados para los ciudadanos, la migración seguirá siendo tanto un fenómeno de salida como de entrada.
La migración ordenada no solo beneficia a quienes se desplazan, sino que también fortalece la economía, promueve la inclusión social y protege los derechos de todos. Requiere cooperación internacional, políticas claras, respeto a la ley y voluntad de diálogo. Cuando un país asume estas responsabilidades de manera equilibrada, transforma la migración de un desafío en una oportunidad de desarrollo compartido.
