Los salvadoreños y las crueles violaciones de sus derechos humanos

Ricardo Trujillo Molina MScEE             

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Preámbulo histórico

Las más crueles y despiadadas violaciones a los derechos humanos de las mayorías de los pueblos han sido ejecutadas siempre por una minoría gobernante o por la ocupación de una potencia extranjera. La historia y el presente están llenos de esos casos y el pueblo salvadoreño no es, ni ha sido, la excepción.

El social y político tema de los derechos humanos siempre ha sido de suma importancia para la sociedad salvadoreña, desde la fundación de la república. Su población ha sido víctima de dos casos extremos de violación del derecho a la vida, el primero a inicios de 1932, con el asesinato en masa de comunidades indígenas cuyo único pecado fue protestar por el robo electoral del gane indiscutible de su partido político, al final de varias décadas de libertades políticas. Al ser considerada la protesta por el gobierno militar de turno y los terratenientes cafetaleros de la zona como una insurrección comunista al estilo de la revolución mexicana y bolchevique de unos pocos años antes, el ejército procedió a la ejecución sumaria de miles de indígenas, los cuales eran fácilmente identificables por su sencilla vestimenta color blanca llamada cotona. Se ha llegado a estimar en 30 mil los indígenas que perdieron su vida a manos del ejército.

Por tratarse de víctimas indígenas y por la censura que la dictadura impuso durante los años posteriores, esa matanza quedó impune legal e históricamente. El país olvidó y borró de su historia esas masivas violaciones del Estado al derecho a la vida.

Más bien el gobierno que luego sería dictadura fue premiado por los USA con el reconocimiento diplomático que no tuvo por varios meses y por haber llegado al poder por un golpe de Estado.

La segunda y más cruel violación a ese sagrado derecho se gestó a partir del 30 de julio de 1975 hasta el final del conflicto armado y de la firma de acuerdos de paz en febrero de 1992. Se estima que más de 70 mil salvadoreños perdieron la vida y otros 500 mil dejaron el país en búsqueda de refugio a esa época de salvajismo también a cargo del Estado y de sus fuerzas armadas, violando el derecho a la vida de todo aquel que fue considerado simpatizante, familiar, militante, combatiente guerrillero o por ser simplemente un habitante en la zona de influencia guerrillera.

Mi experiencia personal

Como salvadoreño de nacimiento, allá por el año de 1951, al comienzo de un gobierno progresista autodenominado revolucionario por ser la continuación de un golpe militar por mayores del ejército de corte populista y en alguna medida opositores a las dictaduras que el país había vivido desde 1931, los derechos incuestionables para los salvadoreños fueron a partir del derecho de procreación, de nacimiento, de alimentación, de vida en armonía, de educación, de comercio, de

trabajo y, por supuesto, al derecho del respeto a la vida y de la organización política, tal y como estaba en boga en todo el continente.

Este derecho al quehacer político junto al derecho constitucional de la insurrección, a finales de 1960, llevó a la caída del segundo presidente de aquel intento de cambio social bajo el partido PRUD. Fue sustituido por una junta revolucionaria de gobierno y, al cabo de tres meses, por un directorio cívico-militar producto de otro golpe militar sobre la justificación o temor de que El Salvador fuera una nueva Cuba, ya bajo el control de Fidel Castro.

El posterior restablecimiento de los derechos políticos se inició con la conformación de un nuevo partido militar con participación de sectores cívicos no militares, que se llamó de Conciliación Nacional o PCN. Este llevó a la presidencia a un coronel reconocido como populista que había sido golpista pero que no era del todo anticomunista. Ese nuevo gobierno permitió la refundación de la Universidad Nacional en un campus propio y bajo la dirección de un amigo personal del presidente y que había sido golpista en 1944 contra el dictador Martínez. Este gobierno enfatizó el derecho a la mejoría de vida mediante la participación laboral en un proceso de industrialización bajo las reglas del mercado común centroamericano. En esa época los derechos humanos de más peso fueron obtener una buena educación a todo nivel, incluyendo el universitario, laborar en una nueva industria y emprender alguna actividad comercial o

industrial. Los derechos políticos se respetaron hasta las elecciones posteriores. A partir de las elecciones de 1966, de 1972 y de 1977, el derecho al sufragio se mantuvo, pero no el derecho a ganar el poder político por medio de esas justas electorales. El fraude electoral a cargo del partido gobernante, cohonestado por su cúpula militar, fue la tónica, y los primeros atentados a la vida de los opositores comenzaron a ser manifiestos en múltiples poblados campesinos. Los asesinatos de opositores fueron múltiples durante y después de la campaña electoral de 1972 y alcanzaron máximos en las elecciones de 1977. Pero no solo fueron asesinatos de políticos opositores, sino que en mayor número, de campesinos que habían sido organizados apolíticamente por sacerdotes católicos predicando y organizándolos en comunidades eclesiales de base, bajo los dictados de la novedosa teología católica de la liberación.

Fue en este periodo cuando la administración Carter en los USA intervino en la política salvadoreña con manifestaciones en favor de la protección de los derechos humanos que todavía siguen siendo ambiguas, en especial al respeto a la vida que estaba siendo flagrantemente violada por la fuerza del Estado y de sus cuerpos policiales y finalmente por el ejército de la nación.

Este periodo de injerencia norteamericana con su política de derechos humanos está perfectamente descrito en el libro EMBASSY UNDER ATTACK del exembajador Frank Devine. Fue en ese periodo que se dio el golpe de Estado contra el último

presidente del PCN, en octubre de 1979, liderado por un grupo de capitanes y mayores del ejército y de varios sectores de la vida civil, incluyendo a los jesuitas que administraban la Universidad Centroamericana UCA.

El golpe pretendió congraciarse con la política de derechos humanos de Carter, pero más importante aún, pretendió impedir el avance y triunfo de una oposición cada día más frustrada electoralmente y cada día más seducida por la teoría política de la lucha al poder por medio de un levantamiento y lucha armada.

Esta cruda realidad, la del descontento popular y la del temor a un régimen comunista, llevó a la administración Carter a mantener una política de defensa de los derechos humanos, pero simultáneamente a mantener en el poder a la cúpula militar anticomunista que había desplazado a los militares jóvenes golpistas, con el pretexto de que ese poder también estaba compartido por la conservadora dirigencia de la Democracia Cristiana, de la cual se habían escindido los militantes que para entonces ya conformaban la dirección político-militar de lo que a posterior fue la guerrilla y el FMLN.

La violación al derecho humano a la vida fue notoria con el cruel y despiadado asesinato a finales de 1980 de 3 hermanas norteamericanas de la congregación Maryknoll. La administración Carter exigió la búsqueda y castigo de los culpables, pero mantuvo la ayuda militar letal al gobierno.

Ese periodo convulso y ambiguo en el que los derechos humanos jugaron un papel de suma importancia terminó a inicios de 1981 con la elección del ultraconservador Ronald Reagan en los USA.

A partir de ese momento, se intensificó la insurgencia armada en todo el país, así como las violaciones al derecho a la vida, y el derecho a realizar oposición política que no fuera la del futuro presidente Duarte con el PDC.

Estando ya en el poder el presidente Duarte, la guerrilla le secuestró a una hija cuyo rescate fue a cambio de presos políticos del FMLN. Ese caso llevó a pactar entre los sectores beligerantes un respeto a la vida de los familiares tanto de los funcionarios de gobierno como de la jefatura de la guerrilla. Ese pacto no incluyó a los campesinos que perdían la vida en operativos militares o de la guerrilla en diversas zonas del país. Fueron prácticamente 10 años de diarias violaciones al derecho humano más sagrado que es el de la vida.

Esa vorágine de violencia y de irrespeto a la vida concluyó con la firma de los acuerdos de paz en febrero de 1992. A partir de ese día, el Estado se comprometió a ya no ejercer su poder militar para cegar vidas de la población civil, ni impedir el surgimiento de nuevas organizaciones políticas. Y como resultado de esos acuerdos se procedió a la disolución de la Guardia Nacional y de la Policía de Hacienda, así como de los batallones de contrainsurgencia. Los dos primeros habían sido fuerzas que

mantuvieron el orden y control en las zonas rurales y marginales metropolitanas por casi medio siglo. Todas las masacres y miles de muertes de civiles inocentes fueron motivo de impunidad y olvido de castigo debido a la ley de amnistía que se aprobó inmediatamente después de que se publicó el reporte de la Comisión de la Verdad comisionado por las Naciones Unidas y cuyo título es DE LA LOCURA A LA ESPERANZA, disponible en internet.

En los años posteriores a la conclusión del conflicto armado, y aprovechando la ausencia de autoridad civil y militar en los barrios periféricos de las ciudades y pueblos, y el alto nivel de desempleo y pobreza existentes, se fueron conformando núcleos de pandilleros juveniles que a la postre llegaron a ser las todopoderosas maras.

Con la expansión de este flagelo social, volvió a tener suma importancia el derecho a la vida de los pobladores de las zonas bajo control de las maras. Fueron miles los habitantes que fueron asesinados, extorsionados, expulsados y reclutados por la organización delincuencial de esas clicas. En ese nefasto periodo de la historia salvadoreña, no existían comités en defensa de los derechos humanos de los pobladores de esas zonas bajo control de las maras, sino que más bien, su poder logró hacer que los gobiernos negociaran con ellas muchas de sus actividades que terminaban en escándalo nacional, como eran la quema de buses y las masacres de jóvenes que se negaban a

ser reclutados. En su libro DOS CARAS del ahora opositor Paolo Luers se describe en sumo detalle cómo se llevaban a cabo esas negociaciones entre los gobiernos de ARENA y del FMLN. De todo ese maremágnum, solamente un político fue acusado de negociar con las maras y después de haber sido candidato a la presidencia por ARENA, ahora está detenido en los USA a la espera de su extradición a El Salvador. En todos esos años, muy pocos mareros fueron capturados y sentenciados por sus actividades criminales en contra de la población de zonas marginales y rurales, no así de quienes vivían en zonas de clase media y élites de gobierno o de alto poder económico.

Es así como la población que sufría de las violaciones del derecho a su vida se desencanta de sus otrora partidos en confrontación bélica, el partido de los finqueros, hacendados y pequeños propietarios agrícolas, bajo el control de una nueva clase política en beneficio de sectores financieros que no volvió a preocuparse por ellos desde sus cargos en el poder, y del partido de los ex guerrilleros y militantes del FMLN que en 10 años para los cuales fueron electos para ejercer la dirección del país, no lograron nada positivo en lo económico, ni erradicar el flagelo de la violación de derechos a la vida que ejecutaban los mareros.

La elección de Nayib Bukele

La elección de Nayib Bukele se da en ese contexto de extrema desilusión social ante la incapacidad gubernamental para controlar o erradicar a las maras. Su propuesta de combatir a las

maras fue ampliamente aceptada por la juventud a través de la moderna comunicación masiva que permiten las redes sociales.

El primer año de su mandato se desgastó en lograr que la Asamblea Legislativa, dominada por ARENA y el FMLN, aprobase sus solicitudes de presupuesto para dotar a la policía de equipos que les facilitara combatir a las maras. No lo logró sino hasta que su partido ganó por absoluta mayoría las siguientes elecciones para diputados y alcaldes.

Ese gane electoral fue el mayor visto bueno que la población le haya concedido con su voto a gobernante alguno en la historia salvadoreña.

Con la mayoría de los diputados en la nueva Asamblea Legislativa, los cambios en el Poder Judicial se aceleraron, y hasta la cúpula del más alto nivel de ese poder fue despedida, debido a que era considerada como proclive al estatus jurídico de presunción de inocencia del que gozaban los mareros, y en general por su corrupción probada ante casos de indignación popular.

Fue así como se llegó al fatídico fin de semana cuando las 70 ejecuciones sumarias a cargo de las maras alcanzaron un límite nunca vivido. Ese derramamiento de sangre, de violación de los derechos humanos de cientos de personas inocentes, colmó la paciencia del presidente, y previa aprobación de una ley de suspensión de garantías jurídicas, en especial las de presunción de inocencia, el ejército y no los cuerpos policiales, llevó a cabo un operativo para capturar a todos los mareros que encontrase

dentro de su cerco de búsqueda. La inmensa sorpresa para la población fue que ese operativo logró un gran éxito y que miles de mareros fueron capturados creyendo que la contratación de un abogado los pondría pronto en libertad. Se equivocaron, pues el régimen de excepción los había privado de ese derecho.

Es así como, con una férrea decisión de proteger los derechos humanos a la vida y a la convivencia segura de la población, se procedió a la captura y encarcelamiento de miles de mareros y de sus colaboradores o simpatizantes. La falta de espacio en las cárceles existentes en esos momentos obligó al gobierno a la construcción del ya famoso CECOT.

sí llegamos al presente, después de muchas décadas de múltiples violaciones a los derechos humanos de la mayoría de los salvadoreños, siempre a cargo de minorías enquistadas en el poder del gobierno o, en los últimos años, a cargo de la organización delincuencial de las maras.

Actualmente, para el salvadoreño que en su inmensa mayoría habita en las otrora zonas de control de las maras, el derecho a no perder su vida y la tranquilidad y seguridad que les ha sido restituida por el actual gobierno, es más importante que los derechos humanos en abstracto que algunas ONG claman son violados en las cárceles de la república a causa del régimen de excepción. Son seis millones de seres con derechos humanos contra, si acaso, 60 mil encarcelados, o sea el 1 por ciento, cuyos derechos han sido restringidos por sus múltiples crímenes y/o asocio a esa actividad criminal.

Si bien es cierto que todos los pueblos del mundo tienen el derecho político de oponerse a un gobierno electo para así poder cambiarlo si fuera necesario, el argumento de la violación de derechos humanos de los encarcelados no será nunca un atractivo para conseguir la mayoría del voto de la población que los lleve al poder político. Más bien, la estrategia de recurrir a la violación de los derechos humanos ha demostrado ser un arma de doble filo, un tiro por la culata, pues le hace temer al joven votante la posibilidad de liberación de miles de encarcelados dispuestos a vengarse de quienes cree lo delataron y dispuestos a morir esta vez, para no volver al CECOT, pero no sin antes vengarse por su cautiverio.

El país ahora permanece impávido ante la preocupación por los derechos humanos de los encarcelados injustamente, los que se dicen son justos por pecadores, pero no escucha propuestas aceptables y de mínimo riesgo a sus derechos humanos en favor de la reinserción social de esos jóvenes, como por ejemplo sería el hacerlos pagar por su cercanía, militancia o simpatía con las maras, en trabajos que recompensen en algo a la sociedad por los asesinatos cometidos por sus reclutadores.

A mí se me ocurre un programa que ha tenido mucho éxito en Australia para combatir precisamente la rebeldía y delincuencia juvenil, y que consiste en condenarlos a trabajos en buques de pesca durante meses sin tocar tierra. En alta mar, el marero solo tendría la opción de lanzarse al agua para ser comida de tiburones, o reincidir mediante motines que tarde o temprano terminan siendo sofocados al pisar tierra. En esos duros trabajos, el delincuente juvenil retorna con la experiencia que lo acredita como mecánico naval, como pescador industrial o hasta como alférez o capitán de navío. Devolverle a la población castigada por décadas de violencia, alimentos marinos de bajo costo, sería una retribución parcial pero valiosa por el sufrimiento infligido por los asesinatos de sus familiares.

El programa de reinserción social podría llamarse MAREROS AL MAR. Y bien podría ser la fórmula de bajo riesgo para que a los supuestos inocentes se les permita dejar de manera paulatina el confinamiento que, de por vida, se merecen los líderes y asesinos mareros ya condenados.

La inmensa mayoría del pueblo salvadoreño, por primera vez en su historia, vive, acepta y favorece la suspensión temporal de los derechos jurídicos y de libertad de una inmensa minoría de jóvenes que, por múltiples razones, fueron reclutados en las organizaciones delictivas y criminales que, bajo la dirección de unos pocos miles y crueles sociópatas adoradores del infierno y de la muerte, se dedicaron a la violación de la vida, el más sagrado derecho humano, de la gran mayoría del pueblo salvadoreño. El salvadoreño votante actual considera que, en esta etapa de su historia, por fin se hizo justicia para las víctimas de los indiscutibles violadores a sus derechos humanos.