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Mis proyecciones teóricas de la demanda de energía eléctrica para el año 2050 arrojan cifras enormes. La proyección más moderada supone un crecimiento sostenido del 3,2% anual. Este porcentaje se basa en los datos publicados por el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) del ICE, según los cuales la demanda eléctrica ha crecido a tasas cercanas al 3% entre 2010 y 2025, con incrementos del 4,6% en 2021 y del 4,1% en 2024. Excluyo el año 2020 debido a la contracción provocada por la pandemia mundial.
Estos datos me llevan a pensar que en los próximos años la demanda crecerá por encima del 3% anual. El escenario más conservador lo calculé con un crecimiento sostenido del 3,2% anual. El escenario medio utiliza un crecimiento del 4,0% anual y el escenario alto uno del 4,8% anual. También he desarrollado variantes que combinan las tres proyecciones: un 3,2% durante los primeros ocho años, un 4,0% durante los siete años siguientes y un 4,8% en los nueve años posteriores.
La evidencia histórica mundial muestra que la demanda de energía presenta un comportamiento exponencial desde que existen registros modernos, y Costa Rica no parece ser la excepción. Por esa razón utilizo funciones que aceleran el crecimiento en el tiempo.
La demanda total de energía eléctrica en Costa Rica durante 2025, según el reporte anual del ICE, fue de 12.995,44 GWh. Para satisfacer esa demanda se contó con una capacidad instalada total de 3.658,6 MW, sumando generación estatal, cooperativa y privada, mediante una combinación de diversas fuentes energéticas.
Mi proyección más conservadora, con un crecimiento sostenido del 3,2%, arroja una demanda de 29.970 GWh para 2050, equivalente a 2,31 veces la demanda actual. La proyección con un crecimiento sostenido del 4,0% estima una demanda de 34.634 GWh, aproximadamente 2,7 veces la actual. La proyección más alta, con un crecimiento sostenido del 4,8%, calcula una demanda de 41.947 GWh, equivalente a más de tres veces la demanda actual.
Para efectos de este análisis me quedaré con la proyección más conservadora, apelando a la prudencia, aunque considero probable que la realidad termine acercándose más al escenario medio.
Manteniendo una composición de fuentes semejante a la actual, generar 29.970 GWh requerirá una capacidad instalada cercana a los 8.438 MW. Para efectos prácticos, en mis presentaciones públicas he utilizado la cifra redondeada de 8.500 MW para 2050.
Pasar de los 3.658,6 MW actuales a 8.500 MW implica más que duplicar la capacidad instalada del país en apenas 25 años. En otras palabras, significa construir en un cuarto de siglo más capacidad de generación de la que el país ha desarrollado durante los 77 años de existencia del ICE.
Esto no es solamente una tarea monumental; dadas las restricciones financieras, regulatorias y operativas actuales, resulta poco probable que el ICE pueda asumirla por sí solo. Aquí queda claro que el modelo vigente no es sostenible en el largo plazo. Resulta indispensable que inversionistas privados, junto con el ICE, las cooperativas y los generadores privados existentes, participen en el desarrollo de la nueva infraestructura energética que el país requerirá.
Aquí encontramos uno de los principales aciertos del proyecto de ley 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. El proyecto propone superar el límite del 15% de participación privada establecido en 1990 mediante la Ley 7200 y permitir una mayor apertura de la generación eléctrica privada, condición que considero necesaria para garantizar el abastecimiento futuro del país.
Pasemos ahora a lo malo.
Para mi gusto, el proyecto debió incorporar desde sus primeros artículos la creación de un Ministerio de Energía independiente, separando la gestión energética del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), tal y como ocurrió con el sector de telecomunicaciones.
El MINAE tiene a su cargo una enorme cantidad de responsabilidades: conservación ambiental, parques nacionales, biodiversidad, recursos hídricos, cambio climático, permisos ambientales, cooperación internacional y múltiples funciones regulatorias. Dentro de esa amplia estructura administrativa, la energía ocupa un espacio relativamente reducido, enfocado principalmente en hidrocarburos.
Sin embargo, la energía es la columna vertebral de la economía moderna. Es el insumo transversal que permite el funcionamiento de la industria, los servicios, la salud, las comunicaciones y el bienestar de la población. La matriz energética de un país determina en gran medida su competitividad, su desarrollo y su soberanía económica.
Por ello considero que faltó visión, o quizás voluntad política, para impulsar una transformación más profunda. En mi criterio, Costa Rica debería contar con un Ministerio de Energía especializado que contenga todas las formas de energía, como ocurre en una gran cantidad de países alrededor del mundo. Todavía existe tiempo para corregir esta omisión.
Quisiera referirme además a tres aspectos adicionales.
El Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) constituye esencialmente una transformación de la actual División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE) del ICE. El proyecto incluso contempla el traslado de personal desde la DOCSE hacia el ECOSEN.
Lo positivo es que esta transformación traslada funciones fundamentales desde la estructura de uno de los principales participantes del mercado hacia una posición institucional más neutral. Esto resulta fundamental para el funcionamiento eficiente tanto del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) como del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Sin embargo, considero que existe un potencial conflicto institucional cuando el mismo organismo es responsable de la planificación, coordinación y operación del sistema. Si existiera un Ministerio de Energía, este debería asumir la planificación estratégica del sector de manera clara y vinculante, mientras que el ECOSEN debería concentrarse en la operación y coordinación técnica. La separación de funciones fortalecería la gobernanza del sistema.
También me preocupa la propuesta de integrar la junta directiva del ECOSEN con representantes sectoriales del ICE, la CNFL, los generadores y la UCCAEP. Esta estructura plantea riesgos de captura regulatoria y potenciales conflictos de interés.
La experiencia de otros órganos colegiados con representación sectorial (El Consejo de Transporte Público en un terrible ejemplo) demuestra que este tipo de esquemas no siempre produce los mejores resultados. Considero que los directores del ECOSEN deberían ser seleccionados mediante criterios de capacidad técnica, experiencia profesional y méritos, siguiendo un modelo semejante al utilizado para la designación de los miembros de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
Por último, el artículo 16 establece que la incorporación de fuentes no renovables en el Plan de Expansión de la Generación solo podrá ser desarrollada por el ICE a solicitud del ente rector, dejando apenas una posibilidad excepcional para otras modalidades de contratación.
En mi criterio, el otorgamiento de permisos debería corresponder al ente rector y a la ARESEP, sin excluir a priori la participación privada en este tipo de proyectos.
Dos tecnologías podrían aportar beneficios significativos al país en las próximas décadas que caben en este artículo: el gas natural y la energía nuclear.
Costa Rica ya consume electricidad producida con gas natural a través de las importaciones realizadas desde el Mercado Eléctrico Regional (MER). Panamá, por ejemplo, dispone de más de 1.000 MW de generación mediante plantas de ciclo combinado alimentadas con gas natural, y otros países centroamericanos utilizan igualmente esta tecnología.
Si el país decidiera desarrollar proyectos propios con gas natural, podría disponer de una alternativa más eficiente y económica que los combustibles líquidos actualmente utilizados en la generación térmica de respaldo.
En cuanto a la energía nuclear, Costa Rica enfrenta el desafío de fortalecer significativamente sus capacidades institucionales y regulatorias. La experiencia acumulada en otros países demuestra que la operación segura de instalaciones nucleares requiere estándares extremadamente rigurosos, supervisión permanente y personal altamente especializado.
La energía nuclear vive actualmente un renovado interés internacional gracias al desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR), una tecnología que promete menores costos, mayor flexibilidad y elevados estándares de seguridad.
En América, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina y Brasil ya incorporan la energía nuclear dentro de sus matrices eléctricas. Paraguay, Colombia, Chile, Ecuador y El Salvador han iniciado conversaciones y programas orientados a explorar esta opción.
Tengo esperanzas de que Costa Rica pueda incorporarse eventualmente a esta tendencia tecnológica. Si ese momento llega, el país deberá garantizar que los proyectos sean desarrollados y operados por empresas con experiencia comprobada, bajo los más altos estándares internacionales de seguridad y supervisión regulatoria.
Por ello considero que el artículo 16 debería revisarse para evitar restricciones innecesarias a la participación de operadores especializados y permitir que Costa Rica pueda acceder a las mejores capacidades técnicas disponibles en el mundo.
Eugenio G. Araya
Físico
American Nuclear Society Member
TEDx Speaker
