Legalidad sin legitimidad; una amenaza del pueblo garabiteño

El cantón de Garabito es un importante polo turístico en Costa Rica, su cercanía con la metrópoli del país, su portafolio de playas, su riqueza natural y una infraestructura turística consolidada posicionan al cantón, especialmente a su distrito primero, Jacó, no solo como un destino turístico, sino como un motor económico clave de la zona Pacífico Central. Esto se refleja en la llegada de grandes franquicias de restaurantes y en la construcción de edificios con fines inmobiliarios. Sin embargo, más allá del crecimiento del cantón, el pueblo autóctono garabiteño se ve amenazado, irónicamente, por su propia institucionalidad local y por quienes lo gobiernan.

Para poner en contexto, Garabito (exceptuando algunas zonas específicas del cantón) no cuenta con un plan regulador marítimo terrestre; Por esta razón, el ordenamiento territorial se encuentra amparado bajo leyes y reglamentos nacionales, lo que implica que los terrenos ubicados dentro de los primeros 50 y 200 metros frente a playa son zonas concesionadas, esto significa que el verdadero propietario de estos terrenos es el Estado, el cual, mediante la figura de concesión, permite su uso y disfrute.

Esta normativa, en principio, parece razonable, con un objetivo sumamente noble, garantizando el interés público, como preservar el acceso a las zonas costeras y mitigar el impacto ambiental del desarrollo urbano. No obstante, también ha tenido consecuencias complejas en el cantón, debido a que las realidades sociales de los pueblos costeros difieren significativamente de la teoría jurídica.

En el caso particular de Garabito, los gobiernos locales han mantenido en abandono durante décadas a comunidades como Tárcoles y Lagunillas, donde a pesar de esta ausencia institucional, estas comunidades no dejaron de crecer, familias enteras construyeron sus hogares, desarrollaron comercios y consolidaron su arraigo territorial, pero no gracias a la planificación municipal o al respaldo del Estado, sino mediante el esfuerzo y el trabajo de su propia gente humilde.

Este crecimiento urbano, aunque carente de regulación formal, fue visible, constante y conocido por las autoridades, sin embargo, durante años, la Municipalidad permitió este desarrollo sin intervenir ni establecer mecanismos de ordenamiento adecuados. En contraste, en la actualidad, el gobierno local, con videos del Alcalde en redes sociales amenaza públicamente y de forma reiterada con el despojo de concesiones y la demolición de viviendas, sin presentar una visión clara de desarrollo, ni soluciones estructurales que contemplen el bienestar de las comunidades afectadas, al más puro estilo de los hoy “Autoritarios cool”.

Entonces, surge un dilema fundamental: ¿qué legitima al gobierno local a actuar de esta manera, cuando este mismo escenario es consecuencia directa de décadas de inacción institucional?

Y lo más preocupante aún, es la percepción de una aplicación selectiva de la ley, donde ciertos sectores de la población parecen enfrentar con mayor facilidad el peso de las amenazas institucionales, mientras otros permanecen al margen o se hacen de la vista gorda.

Mas estos casos no son aislados ni exclusivos de Garabito, la mayoría de los cantones costeros del país enfrentan desafíos similares, producto de la ausencia de planes reguladores eficientes y adaptados a sus realidades locales. Bajo este contexto, resulta urgente la implementación de instrumentos de planificación territorial que integren el desarrollo urbano con la protección ambiental, la identidad cultural y la estabilidad social de las comunidades, de lo contrario, se está condenando a las poblaciones autóctonas a vivir en permanente inseguridad jurídica, expuestas a decisiones institucionales o de algún populista local que, aunque legales en su forma, carecen de legitimidad en su fondo.

Pero, peor aún, donde esta incertidumbre genera repercusiones directas en la inversión y deja a las comunidades desarmadas frente a los embates inevitables de la gentrificación; porque entonces ¿cómo podrán los pueblos costeros crecer y desarrollarse sin el motor básico de cualquier economía: la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra?

Yoseth González Adanis

Lic. Economía Empresarial y Estudiante de Derecho

Tárcoles, Garabito, Costa Rica