Laura Fernández reformará ley de usura para frenar “préstamos gota a gota”

La candidata presidencial de Pueblo Soberano, Laura Fernández, anunció que impulsará una reforma a la ley de usura con el objetivo de combatir los préstamos informales conocidos como “gota a gota”

Fernández cuestionó los efectos de la legislación aprobada durante el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), al considerar que, aunque buscaba controlar tasas de interés excesivas, terminó excluyendo a una parte importante de la población del sistema financiero formal.

“Sobre el tema del gota a gota, hay que hacer una reforma legal, porque la ley que se aprobó en el gobierno del PAC fue una ley de usura que pretendía combatir las tasas de interés desproporcionadas. Sin embargo, en lugar de dar un remedio, se jalaron un tortón, dejando a un montón de costarricenses sin la posibilidad de tener un crédito digno o una tarjeta de crédito”, afirmó la aspirante presidencial.

Según explicó, esta exclusión habría empujado a muchas personas a buscar financiamiento en el mercado informal.

“Eso lo vamos a revisar con los 40 diputados en el próximo gobierno”, agregó Fernández, al señalar que la reforma será una prioridad legislativa de su eventual administración.

Un problema persistente

De acuerdo con datos de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), entre 50 mil y 66 mil personascontinúan atrapadas en préstamos informales, pese a las advertencias de las autoridades y a las campañas de educación financiera.

Estos créditos son operados por estructuras criminales, incluido el narcotráfico, y se caracterizan por tasas de interés muy superiores a las del sistema financiero formal, así como por condiciones arbitrarias que dificultan que la persona endeudada pueda saldar la obligación.

El objetivo, según las autoridades, es mantener a la víctima en un ciclo permanente de deuda mediante intimidación y extorsión.

Fernández sostuvo que una revisión integral de la ley permitiría reabrir el acceso al crédito formal, fortalecer la supervisión y cerrar espacios a estas prácticas ilegales, sin desproteger a los consumidores frente a intereses abusivos.

La propuesta se suma al debate sobre cómo equilibrar la protección al usuario financiero con la inclusión crediticia, en un contexto donde el crédito informal sigue representando un riesgo social y de seguridad para miles de familias costarricenses.