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En Costa Rica, hablar de femicidios no es repetir cifras ni reducir vidas a estadísticas. Es reconocer, desde la experiencia de las mujeres, una violencia estructural cuyo desenlace es la muerte.
Como mujer y criminóloga, la violencia femicida no es un accidente: resulta de un continuum de agresiones físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales y simbólicas que sostienen la subordinación femenina. El femicidio no surge de repente; lo preceden abusos que, sin atención, escalan hasta el asesinato.
Russell y Radford (2006) definieron el femicidio como “el asesinato misógino de mujeres por hombres” y luego lo ampliaron a “el asesinato de mujeres por hombres por ser mujeres”. Esa definición lo consolida como categoría penal y política autónoma, indispensable para distinguirlo de otros delitos y evitar impunidad. Es la expresión extrema de la desigualdad estructural.
Impactos y consecuencias: el derecho a una vida sin violencia
El derecho a una vida libre de violencia está consagrado en la Convención de Belém do Pará. Cada femicidio evidencia el incumplimiento de ese compromiso. Es una violación de derechos y el fracaso del Estado.
La violencia ha sido instrumento histórico de supremacía masculina. Bourdieu (1996) habla de habitus: la subordinación se presenta como “natural”; los feminismos han mostrado que es una construcción violenta. Segato (2003) advierte que la violencia moral —invisible y aceptada— suele ser más lesiva que la física: mina la autoestima y abre camino a la violencia letal.
En 2023 la CEPAL reportó que en América Latina y el Caribe once mujeres fueron asesinadas cada día por razones de género, y ONU Mujeres advirtió que en la región ocurre un femicidio cada dos horas. Pero es en Costa Rica donde esa urgencia se vuelve más ineludible: en 2024 se registraron 39 femicidios, la cifra más alta en una década, y el 2025 continúa con números alarmantes. En promedio, desde finales del año pasado, un femicidio ocurre cada nueve días, según el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. Esta escalada no es casual: responde a fallas institucionales, a una cultura que normaliza la violencia y a una respuesta estatal insuficiente y fragmentada.
El femicidio no es un arrebato inexplicable ni fruto del amor, la pasión o la locura, como tantas veces repiten los medios de comunicación. Mucho menos puede culparse a las mujeres por su vestimenta, por caminar solas, por la pobreza o por sus decisiones afectivas. Es la consecuencia extrema de un sistema que valida la violencia y la reproduce.
Acciones urgentes: cambiar la narrativa de violencia y asumir la responsabilidad
La violencia femicida se ha instalado como un reflejo de una sociedad enferma que necesita respuestas urgentes y contundentes. Cada femicidio es una alerta roja que evidencia que hemos fallado como país en proteger la vida de las mujeres.
Nombrar la violencia femicida es apenas el primer paso. Reconocerla en su especificidad y gravedad obliga a exigir políticas públicas integrales que combinen prevención, atención y sanción efectiva. Prevenir implica desnaturalizar la violencia en todos los niveles, desde la educación temprana hasta la cultura política y mediática. Atender significa garantizar rutas accesibles, seguras y dignas para que las mujeres denuncien y reciban apoyo. Sancionar requiere sistemas judiciales y policiales libres de prejuicios que no minimicen ni justifiquen la violencia.
Pero, sobre todo, necesitamos transformar la narrativa social. No más titulares que romantizan el femicidio como “crímenes pasionales”. No más discursos que responsabilizan a la víctima por su propia muerte. No más instituciones que cierran los ojos ante la violencia cotidiana o que se encogen de hombros como si nada pudiese hacerse para prevenir y frenar los femicidios. Se necesita un esfuerzo colectivo: de las instituciones, los medios de comunicación, las escuelas, las familias y la sociedad civil organizada. Educar, educar y educar desde la niñez.
Un urgente llamado a la acción
Cada mujer asesinada en Costa Rica por razones de género es una derrota de la democracia, de la justicia y de la sociedad. La violencia no es un asunto privado ni un problema doméstico: es un tema público, político y social que revela la crudeza de un país que no logra garantizar el derecho más básico, la vida de las mujeres.
Hoy, más que nunca, debemos asumir que el femicidio es un problema nacional y que no habrá justicia ni democracia real mientras las mujeres sigan siendo asesinadas por ser mujeres. El Estado costarricense tiene una responsabilidad, pero también la sociedad en su conjunto. No basta con indignarse ante cada caso; urge actuar.
Mi llamado es claro: construir un país donde la vida plena de las mujeres no sea una excepción ni un privilegio, sino un principio innegociable. Nombrar, enfrentar y erradicar la violencia femicida es, hoy, la tarea más urgente en Costa Rica.
Tania Molina Rojas
