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La discusión sobre los subsidios y la pobreza suele envolverse en un aire de nobleza moral. Se parte de la premisa de que más gasto social siempre significa más bienestar, como si la pobreza fuera un problema que pudiera resolverse únicamente desde un escritorio estatal. Sin embargo, la experiencia costarricense y la evidencia internacional muestran algo mucho más complejo: cuando los subsidios se convierten en la columna vertebral del sistema de bienestar, pero no en un punto de apoyo transitorio, terminan creando un equilibrio económico donde la pobreza se administra en vez de resolverse.
Costa Rica es un caso emblemático de este fenómeno. Durante las últimas tres décadas, el país ha aumentado su gasto social a un ritmo que supera consistentemente el crecimiento económico. Según datos oficiales, mientras el PIB real creció alrededor de un 40% entre 2010 y 2023, el gasto social lo hizo en más de un 55%. Esto significa que el país no solo destina más recursos que antes, sino que lo hace a una velocidad que la economía ya no está en capacidad de sostener. A pesar de semejante expansión, la pobreza por ingresos se ha mantenido prácticamente inmóvil desde mediados de los años 2000, siempre orbitando alrededor del 20%. La movilidad social tampoco muestra señales claras de mejoría. Al final, lo que crece no es el bienestar, sino el aparato estatal.
Una parte importante de esta trampa se explica por el problema de incentivos. Todo subsidio genera un efecto ingreso que hace que el beneficiario tenga mayor ingreso disponible sin necesidad de aumentar su participación laboral. Además, provoca un efecto sustitución, ya que cada hora adicional de trabajo puede implicar la pérdida de beneficios. En otras palabras, para una persona vulnerable, avanzar puede resultar más costoso que quedarse en el mismo lugar. En Costa Rica esto se agrava porque formalizarse implica asumir cargas sociales muy elevadas, lo que convierte al sistema en un túnel con salida estrecha: si una familia mejora ligeramente sus ingresos, puede perder subsidios y quedar peor que antes.
Desde la teoría económica, esto podría compararse a enfrentar tasas marginales efectivas cercanas a un impuesto confiscatorio. Desde la experiencia real, significa que miles de familias se ven atrapadas en un equilibrio racional donde el progreso implica un sacrificio económico inmediato que no compensa el esfuerzo.
Además, el Estado no solo afecta directamente a los beneficiarios. También genera un fenómeno más amplio y estructural conocido como crowding out. La primera manifestación es el desplazamiento de la inversión privada. En economías como la costarricense, cada punto adicional de déficit financiado con deuda tiende que reducir entre un tercio y la mitad de la inversión privada. Esto ocurre porque un Estado más grande demanda más recursos y empuja al alza las tasas de interés o la presión tributaria, lo cual reduce el espacio para la actividad económica productiva. Este desplazamiento se acumula con los años, impacta la productividad y limita la capacidad de crear empleos formales. No es casual que Costa Rica tenga una de las tasas de informalidad más altas de la OCDE, rondando el 40% según estudios recientes.
El crowding out también opera en el ámbito social. En países donde el Estado monopoliza la asistencia, la solidaridad comunitaria tiende a disminuir. La OCDE ha documentado que cuando el Estado asume toda responsabilidad del bienestar, la sociedad civil, las organizaciones religiosas y las redes informales de apoyo pierden dinamismo. La solidaridad deja de surgir espontáneamente porque se da por sentado que el Estado lo resolverá. En Costa Rica esta erosión se manifiesta en la facilidad con la que se sustituyen mecanismos comunitarios por burocracias impersonales que, aunque bien intencionadas, suelen tener menor eficiencia y peor capacidad de identificar necesidades reales.
La tercera dimensión del crowding out es probablemente la más difícil de discutir porque afecta directamente la autonomía individual. Cuando el Estado crea sistemas asistenciales donde la permanencia de los beneficios depende de no mejorar los ingresos, el incentivo para esforzarse queda distorsionado. El mensaje implícito es que avanzar no siempre conviene. Este tipo de diseño, en vez de premiar el trabajo y la iniciativa, termina penalizándolos. Por lo que, ante la posibilidad de perder una transferencia al aumentar su ingreso, muchas familias optan por rechazar ofertas laborales, mantenerse informales o evitar ascensos. No porque no deseen prosperar, sino porque el diseño del sistema convierte el progreso en una apuesta riesgosa.
A todo esto se suma un fenómeno estructural conocido como la elasticidad ingreso del gasto social. Los países tienden a aumentar el gasto social a medida que se enriquecen, pero con frecuencia el crecimiento de este gasto supera el de la economía misma. La ley de Wagner describe precisamente esta tendencia. En Costa Rica la evidencia es clarísima: cuando el país crece, el gasto social crece mucho más. Cuando no crece, el gasto social se mantiene igual o aumenta. Esto significa que el Estado social se expande independientemente de la capacidad productiva que lo financia. El resultado no es un sistema de protección sostenible, sino una estructura fiscal rígida en la que cada vez más recursos se dedican al consumo corriente y menos a inversión y crecimiento.
El problema no es la existencia de la asistencia social. El problema es su diseño. La evidencia más robusta muestra que los programas que sí funcionan comparten características muy evidentes: son focalizados, están sujetos a condicionalidades, requieren la acumulación de capital humano y tienen mecanismos de salida gradual. Cuando estas condiciones se diluyen, los subsidios dejan de impulsar la movilidad social y empiezan a atraparla. En nuestro país abundan los programas sin evaluación rigurosa, con beneficios permanentes y sin requisitos efectivos de progreso. Muchos terminan funcionando como mecanismos de clientelismo sostenido por intereses burocráticos y políticos, no como verdaderos motores de desarrollo.
La dimensión política del asunto también importa. Un programa social, una vez creado, es prácticamente imposible de eliminar. La burocracia que depende de él tiene incentivos para preservarlo. Los beneficiarios, comprensiblemente, temen perderlo. Los políticos lo utilizan para cosechar votos durante ciclos electorales. La consecuencia es que los subsidios crecen más rápido que el PIB porque son políticamente convenientes, aunque económicamente costosos. Se expande un aparato que promete movilidad, pero termina perpetuando la dependencia, mientras el país pierde capacidad para invertir en lo que realmente genera oportunidades: empleo formal, infraestructura moderna, seguridad jurídica, innovación y educación de calidad.
Si se desea romper este equilibrio, la salida no pasa por expandir el subsidio, sino por rediseñarlo. Una política social que realmente reduzca pobreza debe crear incentivos para progresar, no para permanecer en el programa. Debe premiar la educación, la inserción laboral, el emprendimiento y la responsabilidad personal. Debe establecer reglas claras de salida para que el beneficio no se convierta en un derecho perpetuo que debilita la autonomía. Debe permitir que el Estado se enfoque en quienes realmente lo necesitan, sin convertir la asistencia en un modo de vida administrado por el gobierno. Y debe ir acompañada de un entorno económico dinámico que potencie el empleo, la formalidad y la inversión.
La experiencia del mundo desarrollado es concluyente: ningún país ha reducido la pobreza de forma sostenible mediante subsidios crecientes, sino mediante creación de riqueza. La asistencia funciona cuando acompaña el progreso, no cuando lo sustituye. La verdadera solidaridad no consiste en administrar pobreza desde un escritorio estatal, sino en permitir que la gente pueda superarla mediante las oportunidades que surgen en una economía viva. La trampa del intervencionismo se rompe cuando el Estado deja de ver al ciudadano como beneficiario y empieza a verlo como agente productivo capaz de construir su futuro.
En Costa Rica, ese cambio no es solo deseable. Es urgente. Porque la pobreza no se supera multiplicando subsidios, sino multiplicando oportunidades. Y las oportunidades solo nacen en un país donde el trabajo, la inversión y el emprendimiento no tengan que competir contra un Estado que, bajo la promesa de ayudar, termina ocupando el espacio que debería dejar libre para que las personas puedan prosperar por sí mismas.
María Lucía Arias Núñez
Estudiante de Economía Empresarial y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE)
maluarias1609@gmail.com
