La Soberanía Energética: ICE

Ximena Madrigal Amador

Historiadora (UCR), comunicadora social y analista internacional.

@rabot_rants

Cuando una institución pública tiene problemas, lo lógico es buscar la causa y arreglarla, como haría un médico con un enfermo. Pero desde hace décadas, muchos políticos actúan como sicarios de lo público. Al sicario no le importa el diagnóstico: su solución siempre es bala. La CCSS está mal, el MEP está mal, el ICE está mal. Y en vez de curarlas, les han aplicado la misma receta: disparo tras disparo. Con el disparo se acaba la enfermedad, sí, pero también se acaba el paciente. Y encima nos dicen que es por nuestro bien, que no hay otra salida. Pero un sicario no está para sanar, está para ejecutar. Quien debió cuidar lo público ha preferido destruirlo. ¿De verdad no valía más la pena salvarlo?

La llamada Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, actualmente en discusión legislativa bajo el expediente 23.414, propone crear el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) como institución autónoma del Estado. Pero la propuesta no crea algo nuevo para llenar un vacío: extrae del ICE su función más estratégica —la operación del Sistema Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Nacional— y la traslada a esta nueva entidad. El propio Transitorio VIII de la ley lo establece con claridad: ECOSEN recibirá los activos, sistemas, bienes y recursos con los que el ICE opera hoy el sistema. No es competencia: es desmantelamiento.

Lo que esto significa en términos concretos es que el mando unificado del sistema eléctrico costarricense —hoy concentrado en una sola institución con décadas de experiencia técnica acumulada— quedaría fragmentado entre múltiples actores y los agentes privados del nuevo Mercado Eléctrico Nacional compitiendo en subastas de capacidad. Y esta fragmentación afecta únicamente a Costa Rica.

Vale detenerse en lo que se estaría desmantelando. El ICE fue fundado en 1949, el mismo año que la Constitución, cuando las decisiones respondían a la lógica de un Estado que apostaba por el desarrollo propio. Hoy, el ICE provee la electricidad más barata de Centroamérica, en una región donde el servicio eléctrico está dominado por operadores privados. Costa Rica genera cerca del 99% de su electricidad con fuentes renovables —hidroeléctrica, eólica, geotérmica y solar— y lo hace con tarifas que ningún mercado desregulado de la región ha logrado igualar. Ese resultado no es casualidad: es el fruto de décadas de planificación integrada, inversión pública y control estatal de un recurso estratégico.

Fragmentar esa arquitectura para introducir subastas de capacidad entre agentes públicos y privados no es modernización. Es aplicar sobre la energía el mismo modelo que ya se aplicó en otros sectores —y cuyos resultados el costarricense conoce de cerca.

Lo que hay detrás de esta propuesta no es una ocurrencia local. Es parte de un modelo continental que se aplica sistemáticamente a las periferias del sistema global mediante un mecanismo bien conocido: la condicionalidad de los préstamos. Desde hace cuarenta años, los grandes organismos multilaterales de crédito —FMI, Banco Mundial, BID— han vinculado el financiamiento externo a reformas que incluyen invariablemente apertura de mercados energéticos, separación de funciones integradas y participación del sector privado en sectores antes reservados al Estado. No es conspiración: es política documentada, aplicada con notable consistencia en América Latina.

El resultado de esa austeridad que nos han dictado nuestros entes crediticios durante décadas no ha sido el saneamiento prometido. El gasto público persiste y la dependencia a préstamos crece, pero se invierte cada vez menos en garantías sociales. Pagamos más impuestos —por reformas fiscales regresivas, diseñadas para que el pobre pague por el rico— y esos impuestos no se nos devuelven en escuelas gratuitas y de calidad para nuestros hijos, ni en salud pública accesible. Y curioso resulta que desde que empezaron a desmantelar las instituciones sociales, en Costa Rica la vida es más cara.

El contraste con la experiencia china merece atención. China construyó su desarrollo eléctrico desde una lógica opuesta: el Estado no sólo no se retiró del sector energético, sino que lo convirtió en columna vertebral de su industrialización. Empresas estatales planificaron, invirtieron y expandieron la red con criterios nacionales de largo plazo, no con señales de precio de corto plazo. Eso le permitió electrificar zonas rurales remotas, estabilizar tarifas para la industria nacional y sostener décadas de crecimiento económico con energía asequible. La apertura al sector privado llegó después, de manera selectiva y supervisada, cuando la infraestructura pública ya era sólida. Esa secuencia —construir primero, abrir después con condiciones siempre conservando la soberanía energética— es radicalmente distinta a la que propone la Ley de Armonización.

Costa Rica tiene su propia versión de esa tradición. La socialdemocracia costarricense de mediados del siglo XX entendió que un país pequeño, dependiente y sin recursos minerales masivos tenía que apostar por su capital humano y sus instituciones. El ICE fue parte de esa apuesta: no un fin en sí mismo, sino un instrumento del proyecto de desarrollo nacional. Debilitarlo hoy —precisamente cuando la energía se convierte en uno de los activos más disputados del siglo XXI, con la electromovilidad, la industria de datos y la descarbonización global— equivale a desarmar al país del 5% de la biodiversidad del planeta en el momento en que más necesita sus defensas.

Al hombre enfermo se le receta medicina, no bala.