La quimera del SICOP y la desilusión de los emprendedores

Son muchas las iniciativas que se presentan para apoyar a los emprendedores, microempresarios y medianas empresas. Pero las verdaderas oportunidades para poder escalar sus negocios se ven frustradas en el gran mercado de oportunidades que son el sector estatal.

Además, los precios en el caso de contratación para las universidades se incrementa en no menos del 25%, restringiendo el poder adquisitivo del presupuesto de las universidades públicas.

Para poder entrar a este mercado estatal con servicios tan básicos como jardinería, chapia, recorte y tala de árboles (previa autorización del MINAE), arreglos básicos de infraestructura, contratación de servicio de alimentación, entre otros muchos que se podrían adquirir por parte de las entidades estatales en los diferentes territorios del país y zonas alejadas de la Gran Área Metropolitana; no dan las oportunidades de ir escalando su negocio, condenándolo a la subsistencia empresarial.

Pero además los costos para las universidades en este caso de adquirir bienes y servicios se incrementan significativamente, lo cual les reduce el poder adquisitivo de su presupuesto, ya diezmado por los deferentes decretos y leyes que se le aplican a este.

¿A qué se debe que el SICOP sea una quimera para los emprendedores? Los oferentes, en este caso los microempresarios como emprendedores, les corresponde cumplir de manera general el registro de proveedores del sistema integrado de compras públicas (SICOP) y enlace al Sistema electrónico de reconocimiento (SER), en donde se indican los representantes legales, declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones y beneficiario final, o a título propio. Deberá también contar con firma digital o certificado, cuenta bancaria y encontrarse al día o en arreglo de pago con las instituciones públicas (CCSS, FODESAF, IMAS, INA, Situación Tributaria e Impuesto a las Personas Jurídicas con la Hacienda Pública) además de contar con Patente Municipal y Póliza de Riesgo, según sea el caso.

Es muy cierto que el Estado debe mantener sus controles y evitar chorizos, pero no a costa de elevar la adquisición de bienes y servicios para sus dependencias, pero como daño colateral casi directo, las nuevas pequeñas empresas de los emprendedores, no pueden escalar su negocio con el Estado, por la serie de requisitos que se les solicita, siendo que, a menor oferta de oferentes el costo sube para la adquisición de las necesidades de las entidades del sector público en contra de los pequeños empresarios. Si bien es cierto se dice que, históricamente por temas de apatía administrativa del aparato estatal e inclusive por cumplimiento de normativa y procedimientos poco ágiles; los pagos en la función pública exceden el plazo de ley y los proveedores, en razón del rendimiento por el pasar del tiempo, anticipaban de alguna manera el movimiento de mercado a la alza de sus costos para no verse sometidos al procedimiento por mantenimiento de equilibrio económico. En este sentido, puede buscarse el equilibrio económico del contrato, como lo defiende la sentencia n°998 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del 16 de febrero de 1998.

Por lo que podemos concluir que el SICOP, es una gran barrera para que los miles de miles de emprendedores y microempresarios, puedan escalar sus negocios con el Estado, amén de subir los costos al Estado costarricense, con ello la eficiencia económica por medio de las compras en este sistema de control, se va al canasto de la basura.