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Guillaume Pollock Echeverría
Empresario del sector de las TIC, abogado y notario público
Hace apenas un año, la mayoría de las conversaciones sobre Inteligencia Artificial dentro de las empresas giraban alrededor de una sola pregunta: ¿cómo podemos hacer más con menos?
Reducir tiempos. Automatizar tareas. Atender más clientes. Escribir propuestas en minutos. Analizar miles de registros en segundos.
La Inteligencia Artificial prometía productividad.
Hoy promete algo mucho más complejo, La Responsabilidad.
Desde el pasado 2 de agosto, la Unión Europea comenzó a aplicar nuevas obligaciones del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act). Para muchos podría parecer una regulación lejana, exclusiva para empresas europeas. Sin embargo, sería un error subestimarla.
Hace algunos años ocurrió algo similar con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Al principio parecía un tema reservado para Bruselas. Poco tiempo después, organizaciones de todo el mundo comenzaron a modificar contratos, políticas de privacidad y procesos internos porque sus clientes, proveedores o aliados comerciales empezaron a exigir esos mismos estándares.
La historia vuelve a repetirse.
El mensaje que envía Europa es sencillo: la Inteligencia Artificial ya no puede medirse únicamente por lo que es capaz de hacer, sino también por la manera en que se utiliza.
Imaginemos que un cliente ingresa al sitio web de una empresa y conversa durante veinte minutos con un asistente virtual en un Chat. Obtiene respuestas, agenda una reunión y recibe una propuesta comercial en pocos minutos. ¿Debería saber que nunca habló con una persona?
Para la regulación europea, la respuesta es sí.
Pensemos en otro escenario.
Una empresa utiliza Inteligencia Artificial para revisar cientos de currículums y recomendar cuáles candidatos deberían pasar a la siguiente entrevista.
¿Qué ocurre si el algoritmo discrimina sin que nadie lo advierta?
O imaginemos que un colaborador en una empresa, utiliza una herramienta generativa para preparar una propuesta comercial y, sin saberlo, incorpora información confidencial de otro cliente.
La pregunta ya no es si la tecnología funciona.
La pregunta es quién responde cuando algo sale mal.
Durante años pensamos que la Inteligencia Artificial era un proyecto del departamento de Tecnología.
Hoy sabemos que también es un asunto de gobierno corporativo.
Involucra a la Gerencia General, al área Legal, a Recursos Humanos, a Ciberseguridad, a Auditoría y al Consejo de Administración.
En Costa Rica ya se han dado los primeros pasos para impulsar iniciativas relacionadas con la regulación de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, el país aún no cuenta con un marco normativo específico que establezca reglas claras sobre su desarrollo, implementación y uso, ni sobre aspectos fundamentales como la gestión de riesgos, la transparencia, la responsabilidad o la supervisión de los sistemas de IA.
Pero eso no significa que nuestras empresas puedan esperar.
Muchas exportan servicios, desarrollan software para clientes internacionales o utilizan plataformas tecnológicas sujetas a estándares globales. El mercado suele cambiar antes que la legislación.
Quizá la verdadera ventaja competitiva de los próximos años no será quién implemente primero la Inteligencia Artificial.
Será quién logre generar la mayor confianza en torno a su uso.
La Inteligencia Artificial seguirá evolucionando. Será más rápida, más precisa y más poderosa. Sin embargo, ninguna tecnología puede asumir la responsabilidad ética, legal y empresarial de las decisiones que toma una organización. La confianza seguirá teniendo un rostro humano, y esa será la verdadera ventaja competitiva de los próximos años.
