Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Cuando el Estado busca ahogar la innovación tecnológica para blindar privilegios gremiales, convierte la norma jurídica en un instrumento de expoliación a la inmensa mayoría de consumidores.
El debate legislativo que busca regular el servicio de transporte de personas mediante plataformas tecnológicas (como Uber y DiDi) en Costa Rica ha alcanzado una etapa de alta tensión en la Asamblea Legislativa. Tras años de operación altamente eficiente e uso intensivo por parte de la ciudadanía, se pretende aprobar un texto sustitutivo cargado de mociones restrictivas: impuestos disfrazados de "derechos de operación" ( ₡ 50 000 anuales por chofer), amarras administrativas en el MOPT, límites arbitrarios de conexión y regímenes coercitivos. Este afán intervencionista no es más que una maniobra para "taxificar" la tecnología y forzar al modelo colaborativo a encajar en el molde arcaico del transporte tradicional.
La búsqueda del bienestar general frente a la captura regulatoria por grupos de interés
Desde la perspectiva de la ciencia económica y el bienestar social, las políticas públicas deben estar rigurosamente orientadas a buscar el máximo bienestar para el mayor número de personas. En una economía de mercado, la inmensa mayoría está compuesta por los consumidores. Son ellos quienes, mediante su voto monetario cotidiano, premian la calidad, señalan las prioridades de asignación de recursos y, en última instancia, pagan la cuenta de todo el sistema económico.
Sin embargo, en la escena política nacional presenciamos una flagrante distorsión: el Poder Ejecutivo y diversos grupos legislativos conceden audiencias y reuniones continuas a los dirigentes del gremio de taxistas tradicionales, mientras ignoran a las organizaciones de consumidores. Se privilegia la presión corporativa de un grupo de interés organizado defensor de concesiones estatales monopólicas por encima de los derechos fundamentales de más de un millón de costarricenses que exigen libertad de elección. Esta asimetría de acceso al poder evidencia cómo la maquinaria estatal es capturada para favorecer la renta de unos pocos a expensas de la mayoría.
El solo hecho de que ciertos grupos de presión se reúnan con la clase política no para proponer mejoras regulatorias que los hagan más competitivos, sino para dictar cómo se debe restringir a sus competidores, deja en evidencia que algo está muy podrido en Dinamarca.
La falacia de "nivelar la cancha": De la carreta de bueyes al algoritmo
El argumento recurrente de los detractores del progreso es la supuesta necesidad de "nivelar la cancha" imponiendo a las plataformas tecnológicas exactamente las mismas regulaciones, trabas, cánones y costos que ahogan al taxi rojo. Este planteamiento padece de una falla lógica trascendental.
Si a lo largo de la historia humana hubiéramos exigido "nivelar la cancha" obligando a cada industria disruptiva a someterse a los costos, trabas y modos del modelo anterior que venía a reemplazar, aún estaríamos viajando en carretas de bueyes para no perjudicar a los boyeros.
El progreso económico no surge de igualar las cargas hacia abajo mediante decretos burocráticos, sino del proceso de descubrimiento e innovación competitiva. Pretender que una aplicación digital basada en geolocalización, calificaciones bidireccionales, transparencia tarifaria previa y flexibilidad contractual se adapte al esquema de concesiones del siglo pasado es condenar al país al retroceso tecnológico.
La evidencia global sobre el valor de las plataformas
La praxeología —el análisis de la acción humana orientada conscientemente a fines— enseña que los intercambios voluntarios solo se realizan cuando ambas partes esperan mejorar su situación. Las plataformas tecnológicas han tenido un éxito arrollador a nivel mundial porque redujeron drásticamente los costos de transacción de la movilidad urbana. Los argumentos de mayor peso que respaldan este modelo globalmente son:
- Soberanía del consumidor: La valoración subjetiva del usuario es el único juez válido del valor de un servicio. Asignar recursos según las preferencias de los usuarios es infinitamente superior a cualquier dictamen burocrático.
- Superación de asimetrías de información: El sistema digital de reputación e historial descentralizado ofrece garantías de seguridad y calidad superiores a cualquier inspección estatal.
- Creación de oportunidades flexibles de ingreso: Permite a miles de familias utilizar sus propios activos (vehículos) para generar ingresos en los horarios que libremente elijan, sin barreras de entrada ni licencias feudales.
- Coordinación y evolución espontánea del mercado: La reciente iniciativa de habilitar modalidades como "Uber Taxi" demuestra que las empresas tecnológicas integran al taxista tradicional que desea modernizarse mucho más rápido y eficazmente que los lentos trámites de la burocracia estatal.
La perversión de la ley y la amenaza al bolsillo del costarricense
Frédéric Bastiat caracterizó magistralmente la "perversión de la ley" como el fenómeno en el cual la norma legal, cuya función legítima es defender la libertad y la propiedad, se transforma en un instrumento de espolio organizado para proteger privilegios particulares. El proyecto de ley en discusión en la Asamblea Legislativa es un ejemplo paradigmático de esta perversión: busca destruir un sistema dinámico que funciona para beneficiar a un gremio específico.
Impuestos adicionales como el canon de $50.000 anuales a los choferes, la obligatoriedad de trámites burocráticos farragosos y los límites a las horas de conexión no los pagarán las plataformas tecnológicas; se trasladarán de inmediato a los usuarios a través de tarifas más altas y menor disponibilidad de vehículos. Se trata de un golpe directo al bolsillo de la clase trabajadora y de los sectores de menores ingresos que utilizan diariamente estas aplicaciones.
El impacto real de la libertad de mercado
Las plataformas han democratizado el transporte, incrementado la seguridad ciudadana, impulsado la actividad comercial y ofrecido una válvula de escape frente al desempleo. Sobrerregularlas bajo el pretexto de "formalización" equivale a asfixiar la gallina de los huevos de oro.
Libertad de elegir o dictadura del atraso
Costa Rica se encuentra ante una encrucijada fundamental: abrazar las virtudes de la competencia, los mercados abiertos y el progreso tecnológico, o ceder ante la coacción burocrática y el proteccionismo gremial. Seamos claros: "taxificar" las plataformas no protege al a nadie. Al contrario, liquida de un plumazo la libertad de elección del consumidor.
Hacemos un llamado vehemente a los diputados de la República y al Poder Ejecutivo para que detengan la sumisión ante los grupos de presión corporativos, escuchen a la inmensa mayoría de consumidores y desechen todo texto legislativo restrictivo. La ley debe cumplir su único fin superior: defender la libertad individual, respetar los acuerdos voluntarios y permitir que el mercado libre siga sirviendo al bienestar del pueblo costarricense.
Juan Ricardo Fernández Ramírez
Economista y Presidente de Asociación de Consumidores Libres
