La inversión más rentable financieramente en Costa Rica

El Gobierno de la República pretende no honrar el acuerdo con las Universidades Estatales, suscrito el año anterior, con lo cual le cercena a estas la suma de ₵5.591.991.900, presupuestada ya para aumentar el número de becas y construir infraestructura en las sedes regionales. Es una cifra poco significativa para el Gobierno, pero muy importante en las planes de inclusión y ampliación de oportunidades para la educación superior de Costa Rica.

Hace tan solo 20 años atrás, los diputados de la República conscientes de que la mejor inversión que puede tener un país, es tener a un pueblo con el mayor nivel de escolaridad posible, que no hay en el universo inversión más rentable para un país que tener a su población altamente educada.

La sociedad costarricense, hace ya decenas de años, se dio cuenta de que lo produce riqueza de manera permanente, con paz social y mejora la democracia es la educación. No es la extracción de recursos naturales del subsuelo, ni la depredación de los mares, ni los bajos impuestos y/o salarios, son las capacidades de las personas en conocimiento lo que permite que el país pueda desarrollar procesos productivos de altísimo valor agregado, con bienes y servicios que mejoren la vida de sus habitantes y el mundo. La evidencia empírica es abrumadora en demostrar que las sociedades con mayores niveles de conocimiento o escolaridad son las que alcanzan los mayores estándares en el Índice de Desarrollo Humano, ya a contrario sensu, hay evidencia fuerte que los países que optan por la simple explotación de recursos naturales son de las más pobres.

Estudio de la OCDE, muy financieros por cierto, muestran una altísima rentabilidad tanto privada como social de la inversión en educación pública en todas sus etapas. Si una persona cursa el nivel universitario según la OCDE, el flujo de ingresos para el Estado por el pago de impuesto de renta y contribuciones a la seguridad social representa un balance neto muy positivo para el Estado; que traído a valor presente va de US$ 83.000 a US$150.000, y el rendimiento para el graduado por mejores oportunidades de empleo y salariales de US$285.000, con una tasa interna de retorno que va del 16% al 19%. (Panorama de la Educación 2020: Indicadores de la OCDE). Pero los mayores beneficios los obtiene el sistema económico y social con altos rendimientos permanentes durante toda su vida laboral y, aún más allá ya, pues los jubilados siguen aportando conocimientos especializados valiosos a la sociedad.

La educación pública costarricense ha sido concebida como un bien superior al cual debe poder acceder cualquier estudiante, sin importar la condición social, ni la región de procedencia. No ha sido aceptable por nuestra sociedad que la condición económica de la familia determine las oportunidades de realización educativa de los hijos. Por eso, las redes de escuelas, colegios y universidades estatales son abundante y la batería de ayudas es también prolija, aunque no siempre suficiente: becas, transporte, residencias, etc.

Así las universidades públicas, en el 2023, tienen una matrícula de 140.600 estudiantes, de los 59.717 poseen beca socioeconómica y a estas se destinan ¢63.924 millones. El 82% de los estudiantes viene de los colegios públicos y el 56% son mujeres. Las universidades públicas, son brazos del Estado para inclusión social y la equidad.

Pero más aún, las universidades públicas son bastiones en el campo económico y científico para Costa Rica, la enorme labor que hacen en el desarrollo de proyectos de investigación es de gran impacto y en ellos se invierten anualmente ¢64.814 millones, en más de 2.100 proyectos de investigación en el año 2023.

Como los centros de enseñanza superior públicos tienen claro que el desarrollo del país debe ser equilibrado, tienen sedes a lo largo de todo el territorio nacional, esto ha significado que el 51% de los estudiantes están es sedes regionales cursando uno de las 659 opciones de estudio que tienen abiertas las universidades públicas en el 2023.

El costo medio de un estudiante universitario, en los países integrantes de la OCDE, fue de US$17.559, en el año 2022, frente a los US$7.300 anuales que se asignan en Costa Rica. No obstante, Costa Rica cuenta con universidades públicas que están a la vanguardia en cuanto a excelencia, pues ocupan los primeros lugares en los ránquines de calidad internacional en América Latina.

Consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19 y el elevado déficit fiscal que enfrentó Costa Rica, de manera circunstancial, entre el 2020 al 2022, las universidades tuvieron que aceptar recortes presupuestarios que significaron reducir la capacidad de acción, entendible en una situación calamitosa para la sociedad. Pero jamás es aceptable de manera permanente, debido al enorme impacto social que eso significa. En ese entorno de crisis, las universidades públicas realizaron ajustes profundos en los sistemas de remuneraciones del personal universitario, e implementaron rigurosos sistemas de calificación. Hoy más del 50% del personal tiene salarios inferiores al millón de colones, que son bajos si partimos de que se requiere personal altamente calificado y la capacidad de retenerlo a través del tiempo.

No obstante, el gobierno pretende seguir cortando los presupuestos a la educación pública en general, de tal manera, que hoy en Costa Rica no se cumple en mandato constitucional de asignar al menos el 8% del PIB al sistema educativo. Así, en el 2023, con el enorme rezago en los planes educativos, consecuencia del COVID-19 y de los conflictos laborales, que han afectado a los estudiantes en general, el Gobierno está asignando solamente el 6% del PIB, por lo que está recortando un poco más de ¢936.000 millones, solo en el 2023, de los cuales ni siquiera pretende cumplir con un compromisos de ¢5.591,9 millones, que representa 0,6% del monto total dejado de asignar, lo que significa menos becas y menos infraestructura regional.

Es paradójico que el Gobierno de la República, pretenda hacer el ajuste en las finanzas públicas afectando la inversión más rentable de todas y recortando los programas sociales, pero evitando, a toda costa, frenar la enorme evasión fiscal y la elusión, o reduciendo el mayor disparador del gasto que son la altas tasas de interés que paga Costa Rica por el financiamiento público.

Fuentes:

“Education at a Glance 2022 – OECD”; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

“Las Universidades Públicas y sus aportes al desarrollo nacional” CONARE, junio del 2023.

“Presupuesto de la República 2023”; Ministerio de Hacienda, Costa Rica.