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Cristian Valverde Cordero
Ingeniero Civil | Gestión de Infraestructura Pública
Costa Rica parece estar entrando en una nueva etapa en la discusión sobre infraestructura pública. El proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Alianzas Público-Privadas (ANAPP) incorpora conceptos modernos que durante años estuvieron ausentes en muchos proyectos del país: enfoque por resultados, gestión de riesgos, valor por dinero y una mayor preparación técnica antes de ejecutar las obras.
Ese cambio refleja una comprensión más clara de que la infraestructura no depende únicamente de construir obras, sino también de estructurar adecuadamente los proyectos que las hacen posibles.
Sin embargo, también resulta válido preguntarse si el país está discutiendo con suficiente profundidad las implicaciones de la arquitectura institucional que pretende implementar.
La preocupación principal no está en las alianzas público-privadas como mecanismo. Tampoco en la necesidad de modernizar la capacidad de ejecución del país. El punto más sensible está en la tendencia a avanzar primero en estructuras altamente flexibilizadas bajo la promesa de corregir posteriormente mecanismos de control, articulación y supervisión.
Costa Rica tiene una larga historia intentando resolver problemas de ejecución mediante nuevas estructuras institucionales más autónomas o excepcionales. Muchas de ellas nacieron con la intención de agilizar procesos y aumentar capacidad técnica. Sin embargo, con el tiempo, varios de esos modelos terminaron generando fragmentación, superposición de funciones y dispersión de responsabilidades.
El caso del CONAVI probablemente representa uno de los ejemplos más evidentes. Su creación respondió a la necesidad de separar la gestión vial de la estructura ministerial tradicional para dotarla de mayor agilidad y especialización técnica. No obstante, décadas después, el país continúa enfrentando problemas relacionados con fragmentación institucional, complejidad operativa y dificultades sostenidas en ejecución.
Eso no significa que la solución sea rechazar cualquier intento de modernización. Pero sí deja una lección importante: crear estructuras más flexibles no garantiza, por sí solo, mejores resultados si el sistema continúa reproduciendo las mismas dinámicas que terminaron debilitando a las anteriores.
Porque en proyectos complejos, las debilidades estructurales rara vez se corrigen fácilmente después.
La experiencia internacional demuestra que las alianzas público-privadas pueden generar resultados positivos cuando existen reglas claras, adecuada distribución de riesgos y mecanismos sólidos de seguimiento. Pero también demuestra que contratos sofisticados no sustituyen automáticamente debilidades estructurales acumuladas dentro del sistema que debe sostenerlos.
El desafío para Costa Rica no está únicamente en aprobar una nueva agencia o modernizar el marco legal de las APP. El reto está en evitar que la solución termine convirtiéndose en otra isla institucional dentro de un sistema que históricamente ha tenido dificultades para coordinarse como un todo.
Porque al fin de cuentas, la infraestructura también depende de cómo se articulan las reglas, los incentivos y las responsabilidades dentro del sistema que debe ejecutar y sostener esos proyectos en el tiempo.
Las opiniones expresadas en este artículo son a título personal y no reflejan la posición de ninguna institución.
