La edad dorada (I)

Juan Antonio Vargas Guillén

Abogado jubilado

vargasguillenjuanantonio@gmail.com

El cierre del Banco Anglo Costarricense en el año 1994 genero una incertidumbre en el país, desalentando el crecimiento económico e impulsando tanto las reformas financieras del siguiente año, con la idea de mejorar la desequilibrada balanza de pagos, liberar el régimen cambiario, reducir el déficit fiscal, así como un acuerdo entre el gobierno nacional y el sector privado para recuperar la confianza en el sistema.

Dentro de los puntos acordados se encontraba la iniciativa de eliminar el aporte obrero patronal al fondo de trabajo del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, constituido al tenor de la obligación del Estado de crearle un patrimonio a los trabajadores, establecida en el artículo 65 de nuestra Constitución Política. Era de esperar que la entidad propiedad de los trabajadores, apoyada por las organizaciones sociales, reaccionara contra ese entendimiento, proponiendo por primera vez convertir este patrimonio de todos los trabajadores en una pensión complementaria al régimen universal de la CCSS.

Siendo este recurso muy pequeño, la idea original se fue desenvolviendo con el pasar de los años, con la propuesta de reestructurar algunas cargas sociales, -ineficientes e ineficaces socioeconómicamente-, y así contribuir en la atención de un problema institucional que venía evolucionando: el incumplimiento legal de varios compromisos de apoyo financiero del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social, situación que, entre otras causas, irían generando con el paso del tiempo un problema financiero cada ve mayor en esta institución y con el régimen primario de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Se están cumpliendo 25 años desde la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador y de los esquemas de gestión y regulación de los distintos regímenes de pensiones existentes en aquel momento y los nuevos que se crearon al inaugurar el nuevo milenio. Los resultados económicos de esta importante decisión han sido asombrosos, constituyendo hoy todos estos fondos más del 50% del PIB.

Solamente los fondos del nuevo Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) han acumulado más de 23 mil millones de dólares (28% del PIB), consolidando un patrimonio de los trabajadores más grande que el propio Régimen de IVM (en poco tiempo va a ser casi el doble). Por su parte los educadores han ahorrado más de 10 mil millones de dólares para asegurarse su seguridad en la vejez.

Estos fondos han sido bien administrados durante estos 25 años, tanto por los representantes de los trabajadores, así como los agentes financieros públicos y privados, pero no necesariamente orientados de la manera más inteligente que, como lo han demostrado muchos países, podrían generar un importante desarrollo económico sostenible, que incluya la atención de la grave situación en la que se encuentra nuestra infraestructura vial, educativa y sanitaria, de telecomunicaciones, aeropuertos, puertos, infraestructura para la emergencia de gestión de residuos y su aprovechamiento energético, infraestructura de salud geriátrica, vivienda, entre muchas necesidades y urgencias que nos están afectado a todos y para las cuales normalmente recurrimos a un endeudamiento externo.

Los educadores promovieron la reforma de su propia Ley para orientar estos recursos al desarrollo de nuestro país y no a las aventuras internacionales, pero de nuevo, los esquemas intervencionistas de una supervisión mal entendida han hecho lo posible para que esto no avanzara.

Esta orientación al desarrollo nacional no tiene porqué poner en riesgo los fondos y antes bien, pueden asegurarse tanto su sostenibilidad como su rentabilidad con medidas sumamente sencillas, conforme las mejores prácticas internacionales: a sabiendas de los riesgos locales de falta de cultura y disciplina en la planificación de proyectos, corrupción, politiquería, etc. muy propios de la cultura latinoamericana, los chilenos utilizaron las poderosas y solventes aseguradoras internacionales de repago de los grandes proyectos de infraestructura, para garantizar que los fondos de pensiones no se iban a arriesgar.

El modelo IVM de la CCSS sigue cayendo en deterioro, no solo por los 55 mil millones de colones que se agregan mensualmente al endeudamiento del Estado, sino también por grave efecto económico que implica la negativa o imposibilidad de reproducirse que caracteriza a las nuevas generaciones.

La caída demográfica, que conlleva demasiados pensionados frente a muy pocos trabajadores, avanza a una velocidad que no imaginábamos. El INEC calcula que para el año 2044 empezará a disminuir la población total, (fecha que coincide con el agotamiento de las reservas del IVA) y que para el 2100 seremos alrededor de tres millones de habitantes.

Un foro organizado por los sectores sociales reafirmó en octubre del año pasado, la necesidad de, -a 25 años de este importante paso de la LPT-, atender los aspectos aún pendientes del sistema de pensiones: de cobertura (solo el 40% de los costarricenses tendría una pensión), de solvencia de los fondos (afectada por la disminución poblacional que no permitiría hacer economías de escala), de suficiencia de las pensiones (que permitan cubrir las necesidades básicas de los actuales y futuros jubilados y de gobernanza (que implica fortalecer los esquemas de gestión, regulación y supervisión de la administración de los fondos).

Para lograr lo anterior este servidor propone: 1.- Utilizar un porcentaje manejable hacendariamente del actual endeudamiento con el Régimen de IVM y convertirlo en cotización al ROP durante los 14 años de la vida escolar de los niños y jóvenes entre 5 y 18 años, o sea, aproximadamente el 95.5 de la población de ese grupo etario (casi un millón de nuevos cotizantes). 2.- Al concluir los estudios de secundaria el 50% de este fondo se mantenga en la cuenta de cada persona hasta su jubilación y el otro 50% se pueda utilizar durante el plazo de dos años para sufragar los costos de un estudio superior que permita un nivel técnico apetecible para la inserción laboral del joven. La reforma no implicaría crear nuevos impuestos a nadie, sino ajustar los montos adeudados, recuperando la legalidad y credibilidad institucional, mejorando la economía nacional y por lo tanto la recaudación fiscal. 3.- Otorgarle legalidad y razonabilidad técnica a la reforma conocida como Fondos Generacionales, aprobada en diciembre del año 2023 sin los estudios de impacto macroeconómico básicos, -lo cual podría significar un daño innecesario a la economía nacional-, y que también estaría afectando negativamente a las pensiones de las personas jubiladas o próximos a obtener su retiro, y sin mayor claridad sobre su impacto a las nuevas generaciones. 4.- Aprovechar esta coyuntura de cambio de sistema para reformular la orientación final de los recursos, cuyo porcentaje de inversión en el exterior está principalmente en Estados Unidos, pero también hacemos inversiones en Japón, Alemania, Singapur, Reino Unido, Irlanda, Suiza y otros países.

En el desarrollo nacional invertimos menos de un 3% del activo administrado de las pensiones, o sea, estamos promoviendo el desarrollo de países ya desarrollados con los ahorros de los costarricenses, que bien podrían estar colocados en inversiones seguras y rentables de carácter nacional, beneficiándonos a todos equitativamente y generando el mayor bienestar posible, en fin, una economía plateada en nuestra edad dorada.