La deuda pública y el principio de no agresión intertemporal

Cuando se habla de deuda pública en Costa Rica, el debate suele quedarse en si “bajamos de 60% del PIB” o en si “las calificadoras ven con buenos ojos” tal o cual reforma. Pero, si uno mira los datos con calma, aparece algo más incómodo: el uso sistemático del endeudamiento como impuesto diferido sobre jóvenes y no nacidos. Eso ya no es solo un problema contable, sino una ruptura clara con cualquier noción de justicia intergeneracional.

Hoy la deuda del Gobierno Central ronda el 60% del PIB. Al cierre de 2024 fue de 59,8 %, unos 29,35 billones de colones, alrededor de 57 mil millones de dólares. Cinco años atrás se movía en niveles cercanos a 58,5 % del PIB, luego se disparó por encima del 67 % durante la pandemia y solo recientemente se ha contenido de nuevo alrededor de ese umbral de 60 %, en buena medida gracias a la regla fiscal y a una mejora del crecimiento nominal. Si se traduce a términos personales, la deuda central equivale a unos 5,5 millones de colones por habitante, aproximadamente entre $10.500 y $10.800 por costarricense, según las cifras oficiales de Hacienda y las proyecciones de población del INEC. Nadie firmó ese pagaré, pero todos lo cargan sobre los hombros.

El presupuesto nacional revela mejor que cualquier discurso la magnitud del problema. En el Proyecto de Presupuesto de la República para 2025, el rubro de servicio de la deuda, que suma intereses y amortizaciones, se lleva cerca de 5,46 billones de colones, es decir, 44,3 % del gasto total. Traducido a lenguaje corriente, cuarenta y cuatro colones de cada cien del presupuesto se destinan a pagar deuda vieja y no a financiar servicios públicos nuevos. Solo en intereses, hablamos de montos en torno al 5 % del PIB, y si se consideran también las amortizaciones, el pago total de deuda ronda entre el 10,4 % del PIB anual. Es una máquina fiscal que trabaja hacia atrás, dedicada a sostener el pasado en lugar de expandir la capacidad del país hacia el futuro.

A pesar de la regla fiscal y de los ajustes de los últimos años, las cuentas cerradas siguen mostrando una dinámica incómoda. En 2024 el Gobierno Central logró un superávit de 1,1 % del PIB: si se excluyen los intereses, el Estado recaudó más de lo que gastó en sus operaciones habituales por tercer año consecutivo. Pero una vez que se incorpora el costo de los intereses, el resultado final fue un déficit financiero de 3,8 % del PIB, mayor al 3,3 % de 2023. En la práctica, el superávit primario no alcanza para absorber los intereses de una deuda cara, y el país sigue emitiendo deuda nueva para pagar los intereses de la deuda vieja. El propio Ministerio de Hacienda reconoce que, aun con superávit primario, se mantiene la necesidad de endeudarse para cubrir intereses y vencimientos, y que más de un tercio del presupuesto 2025 se financiará con nueva deuda.

Detrás de estas cifras hay una ecuación sencilla: la restricción presupuestaria intertemporal del Gobierno. Expresado en palabras, la deuda como porcentaje del PIB en un año es igual a la deuda del año anterior, ajustada por la diferencia entre la tasa de interés efectiva de la deuda y el crecimiento nominal de la economía, menos el superávit primario. Cuando la tasa de interés que paga el Estado supera de manera sistemática el crecimiento nominal del PIB, la razón deuda sobre producto tiende a subir de forma automática, a menos que el superávit primario sea lo suficientemente grande como para compensar esa brecha.

Costa Rica está justamente en ese escenario. La tasa de interés implícita de la deuda del Gobierno Central se estima alrededor del 8 %, mientras que el crecimiento nominal del PIB ha estado en el rango de 4 % a 5 %. Si se asume una deuda cercana al 60 % del PIB y una brecha entre tasa de interés y crecimiento de unos tres puntos porcentuales, la condición de estabilidad exige superávits primarios en el orden de casi dos puntos del PIB solo para evitar que la razón deuda sobre PIB suba. Organismos como el FMI y el propio Banco Central han insistido en la necesidad de superávits primarios mayores y sostenidos para garantizar la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. Por ahora, Costa Rica se queda corta en ese esfuerzo y navega una zona gris donde la deuda no explota, pero tampoco se reduce con holgura.

Todo esto podría sonar a un ejercicio técnico más, si no se agrega una dimensión que la macroeconomía estándar suele dejar implícita: quién paga la cuenta y cuándo. El punto de partida es claro. El principio de no agresión sostiene que nadie tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otra persona ni contra su propiedad legítima. Los impuestos se hacen cumplir mediante mecanismos coercitivos, desde embargos hasta sanciones y penas por incumplimiento. La discusión dentro del campo gira en torno a qué tan amplio debe ser el Estado y cuánto financiamiento coactivo se justifica, si es que alguno.

La deuda pública introduce una capa adicional. Cuando el Gobierno emite deuda para financiar gasto corriente y no inversión con retornos claros, lo que realmente está haciendo es comprometer ingresos tributarios futuros. Esos ingresos no vendrán solo de quienes hoy votan y participan del contrato fiscal, sino de personas que aún no han ingresado al mercado laboral e incluso de generaciones que todavía no existen. No se limitan a pagar por las decisiones que tomaron, sino por las que otros tomaron en su nombre mucho antes.

Aquí es donde la ecuación de sostenibilidad se vuelve también una ecuación moral. Cada déficit primario financiado con deuda hoy se traduce en la obligación de generar superávits primarios mañana. Esos superávits, en la práctica, solo pueden materializarse mediante más impuestos netos o menos gasto primario. Si se recurre a mayores impuestos, se está imponiendo un gravamen sobre el ingreso futuro de personas que no estuvieron presentes cuando se decidió el endeudamiento. Eso se parece demasiado a una agresión intertemporal: una forma de usar la fuerza fiscal de hoy para apropiarse por adelantado de trabajo y riqueza de individuos que no han podido dar su consentimiento.

La demografía costarricense refuerza la gravedad del problema. La tasa nacional de fecundidad cayó a 1,19 hijos por mujer en 2023, muy por debajo del nivel de reemplazo. La proporción de adultos mayores crece de manera acelerada, con un peso cada vez mayor del grupo de 65 años y más dentro de la población total, y la edad mediana del país se ha desplazado hacia los 35 años y sigue al alza. En términos fiscales, esto significa que habrá relativamente menos trabajadores jóvenes para sostener a más pensionados y para soportar una deuda que ya es alta. La carga tributaria necesaria por trabajador para sostener pensiones, salud y servicio de la deuda tenderá a aumentar aunque el tamaño agregado de la economía avance, sencillamente porque la base contributiva relativa se reduce.

Si se integra todo en una sola imagen, el panorama es claro. Costa Rica mantiene una deuda cercana al 60 % del PIB, paga una tasa efectiva que supera con holgura el crecimiento nominal, destina casi la mitad del presupuesto a deuda y tiene una pirámide poblacional que se estrecha en la base. Esa combinación significa que buena parte del ajuste real caerá sobre las generaciones jóvenes de hoy y de mañana. No solo enfrentarán un mercado laboral que carga con contribuciones crecientes para sostener sistemas de pensiones en tensión, sino también un Estado que ya comprometió, vía deuda, una fracción de sus ingresos futuros.

Frente a esto, la respuesta institucional ha sido sobre todo incremental. Regla fiscal, canjes de deuda, créditos multilaterales más baratos, ajustes tributarios. Todo eso importa y ha evitado una crisis abierta. Pero debería asumirse un objetivo más exigente. Primero, una regla de oro clara y creíble: no utilizar deuda para gasto corriente, sino solo para proyectos de inversión con retornos verificables que beneficien a las mismas generaciones que asumirán la carga de pago. Segundo, una meta de superávit financiero suficiente para estabilizar y luego reducir la razón deuda sobre PIB mientras la tasa de interés permanezca por encima del crecimiento. Tercero, una reducción sostenida del tamaño y del costo del aparato estatal que permita liberar espacio para rebajar impuestos distorsionantes y disminuir la necesidad de endeudarse.

La deuda pública, vista así, deja de ser un indicador frío en un informe de Hacienda y se convierte en un termómetro de respeto o irrespeto al principio de no agresión entre generaciones. Cada colón que se emite para mantener un gasto corriente que no estamos dispuestos a financiar con impuestos presentes es, en la práctica, un colón que se cobrará mañana a personas que no pudieron decir que no. Si Costa Rica quiere llamarse un país serio, no solo en términos de riesgo soberano, sino en términos de ética, tarde o temprano deberá alinear su política fiscal con una regla simple y exigente: no hipotecar el futuro de quienes no están sentados hoy en la mesa donde se toman las decisiones.

María Lucía Arias Núñez, estudiante de Economía Empresarial y miembro de la Junta

Directiva de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE)