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Marco Arroyo Flores
Politólogo
Insistir en la importancia de la competencia en los mercados para mejorar la calidad, reducir los precios, diversificar la oferta e impulsar la innovación puede resultar en una reiteración de hallazgos ampliamente documentados por estudios e investigaciones. Sin embargo, el tema adquiere una nueva dimensión cuando se analiza desde sus efectos directos sobre la calidad de vida de las personas y se acompaña de evidencia que así lo demuestra.
Eso es precisamente lo que aporta el destacado libro “Mercados y desarrollo. Cómo la competencia puede mejorar vidas”, publicado en 2025, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una investigación que debería ser objeto de amplia discusión en círculos académicos, organizaciones empresariales, instituciones públicas, medios de comunicación, partidos políticos y otros actores interesados en el desarrollo económico y social. (https://publications.iadb.org/es/mercados-y-desarrollo-como-la-competencia-puede-mejorar-vidas).
En su investigación, sus autores ponen en perspectiva las implicaciones que tiene la mayor o menor competencia en los mercados para América Latina, incluido el caso de Costa Rica. Sin pretender reproducir el contenido de un documento que explica estos fenómenos con notable rigor, resulta fácil constatar los menores beneficios que reciben consumidores, trabajadores y empresas en mercados menos competitivos cuando se comparan con aquellos de economías más dinámicas, como las europeas.
A modo de ejemplo y tal como señala el informe, “si los mercados fueran tan competitivos como los de las economías avanzadas, el producto interno bruto sería cerca de un 11% mayor y la desigualdad un 6% menor”. A partir de esta investigación pueden extraerse múltiples conclusiones, más allá de las planteadas por sus propios autores. Entre ellas, me permito señalar las siguientes.
En primer lugar, es evidente el papel decisivo que desempeña el Estado, tanto para promover la competencia como para desincentivarla. En este terreno, el Estado no es un actor neutral, ni debe serlo. Por el contrario, tiene la responsabilidad permanente de crear condiciones que favorezcan mercados más competitivos y velar por el cumplimiento de las reglas que los hacen posibles.
No es menor el énfasis que el texto coloca en la evaluación de las regulaciones emitidas por el propio Estado. En esa línea, propone fortalecer herramientas como las evaluaciones de impacto regulatorio, con el fin de evitar que normas o políticas – que puedan tener buenas intenciones-, terminen generando obstáculos o barreras para la competencia.
En segundo lugar, el fomento de la competencia también requiere planificación. Se necesita una hoja de ruta clara para identificar y eliminar barreras, impulsar acciones procompetencia y asignar responsabilidades concretas. Estas tareas no corresponden únicamente a las autoridades de competencia, se extiende al conjunto de las instituciones públicas en todos sus niveles.
Por ello, sería positivo valorar que este tema pueda recuperarse al más alto nivel de los instrumentos de planificación nacional. En ese esfuerzo, el trabajo del BID constituye un aporte particularmente significativo, tanto por su diagnóstico como por las recomendaciones concretas que contiene.
En tercer lugar, es necesario acercar el lenguaje de la competencia a la vida cotidiana de las personas. No es casualidad que la investigación busque mostrar cómo la competencia impacta directamente en su bienestar. Aunque el documento recurre a conceptos propios del análisis económico, como poder de mercado, markups, markdowns, carteles o concentraciones empresariales, también evidencia con claridad cómo una menor competencia se traduce en menores salarios, precios más altos para los consumidores y menos oportunidades de movilidad laboral.
Así, la competencia deja de percibirse como una discusión exclusivamente técnica para expresarse en realidades concretas, como las mejoras que experimentaron los consumidores costarricenses tras la apertura del mercado de telecomunicaciones. Dicho de otra manera, el concepto abandona el campo de la abstracción y se convierte en un factor estrechamente vinculado a la calidad de vida de las personas, especialmente en un país que muchos perciben como caro para vivir.
Finalmente, además del examen periódico que el estudio recomienda sobre regulaciones y políticas públicas que podrían convertirse en barreras para la competencia, convendría analizar por qué las empresas costarricenses dedican más tiempo a lidiar con la regulación que sus homólogas de los países de la OCDE. La pregunta es clave porque obliga a identificar en qué áreas existe un exceso regulatorio que termina afectando la competitividad, la productividad y la capacidad de competir de las empresas.
En conclusión, si ya sabemos, gracias a la evidencia aportada por el BID, que una menor competencia hace más difícil la vida de las personas, el siguiente paso consiste en decidir qué medidas adicionales queremos impulsar para promover mercados más competitivos y medir su efecto para mejorar vidas.
