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En la conversación sobre sostenibilidad, la dimensión ambiental suele centrarse en lo visible: la energía que se utiliza, el agua que se gestiona, los residuos que se generan. Son indicadores necesarios, medibles y relevantes; pero en una institución financiera, el mayor peso no está en lo que opera, sino en las decisiones que determinan hacia dónde se dirigen los recursos.
Cada crédito, cada proyecto financiado y cada sector priorizado tiene la capacidad de acelerar o frenar la transición hacia una economía baja en carbono. En ese sentido, la banca no es un actor pasivo que acompaña los cambios, sino un agente que los condiciona. La pregunta, entonces, no es únicamente cómo gestiona una organización su impacto, sino qué tipo de desarrollo está habilitando con sus recursos.
A nivel operativo, en el Banco Nacional hemos promovido a lo largo de los años un esfuerzo constante que nos ha permitido reducir en un 58 % nuestras emisiones desde 2008, acompañado de mejoras en eficiencia energética, uso del agua y gestión de residuos. Sin embargo, incluso logros de esta magnitud tienen un límite. El alcance directo de una institución financiera, por importante que sea, es necesariamente más acotado que el de sus decisiones de financiamiento. Ahí es donde realmente se define su contribución.
Por eso, el reto no es únicamente ofrecer productos financieros verdes, sino diseñar instrumentos capaces de mover decisiones reales en la economía. Bajo esa premisa se consolidó Pura Verde, un programa que combina condiciones crediticias preferenciales con asesoría técnica especializada para que proyectos de energía renovable, construcción sostenible, agricultura con prácticas limpias, transporte de bajas emisiones e infraestructura resiliente al clima puedan pasar de la intención a la ejecución. Este año, el programa recibió la distinción Platinum, la máxima calificación en sostenibilidad de los Premios a los Innovadores Financieros de las Américas, organizados por Fintech Américas.
A esa visión se suman instrumentos como el Bono Azul, el primero en su categoría en el país, el cual habilitó $50 millones para el fortalecimiento de proyectos vinculados con la protección de los océanos y los recursos hídricos. Adicionalmente, en 2025 se amplió la cartera verde con $21 millones en financiamiento asociado a eficiencia energética, conservación de ecosistemas y resiliencia climática. El sentido de estas acciones no está solo en abrir líneas especializadas, sino en hacer que el criterio sostenible influya en decisiones financieras de distinta escala, tanto en grandes proyectos como en soluciones locales que inciden en la vida cotidiana.
Ese impacto local se observa en el respaldo a la ASADA de Golfito para proteger el suministro de agua de la comunidad ante emergencias, en el apoyo a la Asociación de Desarrollo Integral de Biolley para fortalecer el mantenimiento de caminos, o en iniciativas de prevención de incendios forestales en Artola, Guanacaste. Ejemplos distintos, pero conectados por el objetivo de orientar recursos hacia donde generan un impacto real.
Esta orientación ya muestra resultados concretos, pero sobre todo evidencia su escala. A través de esquemas de producción sostenible, se han certificado más de 491.000 toneladas de CO₂, una cifra equivalente a retirar de circulación más de 100.000 vehículos de combustión durante un año, según factores de referencia utilizados por la United States Environmental Protection Agency. A esto se suma el impacto específico del financiamiento de movilidad eléctrica que, solo en el último año, permitió evitar 2.112 toneladas de CO₂equivalente.
Estos datos muestran cómo el crédito incide directamente en la transformación de sectores productivos y en la reducción de emisiones más allá de las operaciones propias.
Este enfoque implica asumir la dimensión ambiental de la sostenibilidad desde una lógica distinta, como un factor que debe pesar en las decisiones financieras. Los efectos del cambio climático impactan la estabilidad de los mercados, la viabilidad de los sectores productivos y la gestión de riesgos de las entidades financieras. De ahí la necesidad de incorporar este factor en la toma de decisiones, entendiendo que el riesgo climático es también riesgo financiero y que ignorarlo puede tener consecuencias sistémicas.
El desafío es claro. La banca tiene en sus manos una herramienta poderosa: la capacidad de asignar recursos. Usarla con criterio ambiental no solo responde a una responsabilidad institucional, sino a una visión de largo plazo sobre el desarrollo del país y a la necesidad de contribuir activamente a restaurar y sostener los sistemas de los que depende la economía.
Guillermo Rodríguez
Jefe de Sostenibilidad
Banco Nacional de Costa Rica
