Justicia Social

El 20 de febrero se conmemora, según acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Día Mundial de la Justicia Social. La fecha, nos brinda la oportunidad para replantearnos los avances y retos que tenemos en esta materia en Costa Rica.

Pero, ¿cómo definimos los alcances de la justicia social?

Primero, es la apertura de oportunidades de desarrollo y vida digna para todas las personas habitantes de un país: oportunidades en el ámbito educativo, de empleabilidad, acceso a los servicios de salud, vivienda y justicia pronta y cumplida. La oportunidad de que todo ser humano conviva en una sociedad solidaria más que competitiva.

Segundo, se basa en la dignidad humana. Esa que se materializa con la reducción de desigualdades, brechas y pobrezas. Una vida digna es tener un plato de comida, techo, seguridad humana e ingresos para una vida personal y familiar digna, decente.

Tercero, erradica todas las formas de discriminación y violencia contra las poblaciones históricamente empobrecidas, marginadas y segregadas de la sociedad. Pretende una sociedad inclusiva, amplia y diversa, cuyos principios sean los derechos humanos.

Cuarto, abraza las condiciones de convivencia de las infancias, adolescencias y juventudes, cada vez más atacadas por las redes del crimen organizado, el tráfico y consumo de drogas y la violencia social. Procura que cada infante tenga las oportunidades de educación y desarrollo digno, en ambientes seguros y estimulantes, para asegurarles un futuro prominente, personal, familiar y profesionalmente.

Quinto, se fundamenta en el respeto a los valores y principios culturales de cada país, región o etnia. Pretende que la Cultura sea el arraigo que sostenga las comunidades y les permita una gestión autónoma de sus necesidades a partir de sus tradiciones y costumbres; esas que nos identifican y nos dan sentido de pertenencia.

Sexto, transversaliza todas las políticas sociales y económicas con perspectiva de género, asegurando un futuro en igualdad de condiciones y libre de violencia para las niñas. Abre las oportunidades de desarrollo para madres adolescentes y mujeres jefas de hogar. Procura redes de cuido para infantes en condición de vulnerabilidad, aportándoles un lugar seguro para su permanencia y manutención básica.

Séptimo, conoce y establece políticas para las personas migrantes que se ven obligadas a abandonar sus hogares por las condiciones políticas, económicas o sociales. Reconoce su desarraigo y calibra las políticas sociales para que cubran las necesidades de alimentación y techo, especialmente de las niñas y niños, muchos de los cuales deambulan en calles exponiéndose a redes de trata, violencia, explotación y abuso.

Octavo, es la que promueve políticas públicas inclusivas, amplias y diversas, transversalizadas por la seguridad, la educación y la cultura; tres requisitos básicos para garantizar que nadie se quede atrás en nuestra sociedad.

Como lo expuso el octavo Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon “La experiencia muestra que el crecimiento económico en sí mismo no es suficiente. Debemos hacer más para empoderar a las personas mediante el trabajo decente, brindarles apoyo a través de la protección social y velar porque se escuchen las voces de los pobres y los marginados” (ONU, 2014).

En la Constituyente de 1949, Costa Rica fundamentó las bases de su Estado en la justicia social. De ahí viene nuestro andamiaje social, nuestros arraigos, principios y valores. Mirarnos como una sociedad solidaria que abraza a quienes más necesitan y requieren la apertura de oportunidades para una vida digna.